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Como venimos haciendo cada cierto tiempo en este blog, hoy procede realizar un balance de las reformas introducidas en el Código Penal a lo largo del presente año 2022, a pesar de que aún no ha concluido y cabe un pequeño margen para algunas más ya anunciadas, a las que aludiremos al final.
1.- Introducción
La Liga Nacional de Fútbol Profesional (en adelante, La Liga) sigue luchando contra la piratería audiovisual. Desde hace varios años, la patronal de clubes realiza campañas de inspección a los bares y restaurantes de toda España que emiten los partidos. Lo hace a través de su equipo de verificadores, compuesto por más de 60 profesionales, repartidos por todo el territorio nacional que analizan las señales de emisión de los partidos y comprueban las conexiones irregulares. “Lo que hace nuestro equipo es proteger a los bares, restaurantes o cualquier otro establecimiento que cumplen con la legalidad y que están viendo como otro local les quita clientela de forma injusta”, señalan desde La Liga.
En los últimos años el espacio digital ha ocupado un papel protagonista en la comisión de hechos delictivos, dando lugar a una nueva forma de delinquir: “la ciberdelincuencia”. Esta forma de cometer delitos incide en cuestiones esenciales como la autoría, la acción, el objeto, el tiempo, el lugar y las consecuencias jurídicas.
En este artículo nos referiremos concretamente al “lugar de comisión del delito” mediante el uso de las redes sociales, a través del estudio de la STS 547/2022, de 2 de junio (SP/SENT/1152509), la interesantísima reflexión de la Fiscalía y el voto particular.
I. Introducción
A punto de tomarnos las esperadas vacaciones y cuando ya pensábamos que la actividad legislativa nos daba un respiro hasta septiembre, el Boletín Oficial del Estado publicaba “in extremis”, el viernes 29 de julio, una nueva Ley Orgánica, la número 9/2022, de 28 de julio (SP/LEG/38026), relevante desde el punto de vista penal, pues como asunto principal recoge una serie de reglas, como indica su propio título, a fin de facilitar el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales.
y
Hace ahora dos años de la reforma del art. 324 LECrim por la Ley 2/2020, de 27 de julio (SP/LEG/30511). Coincidiendo con su entrada en vigor (29 de julio de 2020) publicamos un artículo en este blog (Versión 2.0 del sistema de plazos del proceso penal: nueva redacción del art 324 LECrim) en el que dábamos cuenta de las principales líneas de la reforma y anunciábamos los principales problemas que vislumbrábamos en su aplicación. Como si de prueba documental se tratara lo damos por reproducido e invitamos a una lectura previa de aquel documento antes de adentrarse en el presente artículo.
Marta López Valverde
Directora de Sepín Responsabilidad Civil y Seguro
El delito de impago de pensiones conlleva la reclamación de la deuda generada por esa falta de pago como responsabilidad civil, generando el debate de si nace del delito o es anterior a este. Así, la Sala Segunda, de lo Penal, en su sentencia 323/2022, de 30 de marzo el Tribunal Supremo, reitera la doctrina de que existen supuestos de obligaciones civiles (o de otro orden) no nacidas directamente de delito que, sin embargo, por declaración legal expresa o por virtud de una interpretación jurisprudencial sí cabe ejercitar en el proceso penal, se han recogido en este post los criterios del Alto Tribunal sobre diversas cuestiones que ha ido generando ese tipo penal regulado en el art. 227 del Código Penal, pues en esta categoría hay que situar las pensiones no satisfechas.
En un post anterior nos referimos a las seis reformas que durante 2021 afectaron a nuestro Código Penal.
A principios de este año ya dimos cuenta en estas páginas de la suspensión de los lanzamientos de los “okupas” (SP/DOCT/109062), ordenada por la Disposición final primera del Real Decreto-Ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica (SP/LEG/32398).
Son varias las ocasiones en que nos hemos referido en este blog a la pena de prisión permanente revisable. Bastante antes de su aprobación definitiva quien firma este post fue muy crítico con la nueva pena que tres años después se introduciría en nuestro Código Penal, hasta adelantando su posible inconstitucionalidad (¿Inconstitucionalidad de la futura pena de prisión permanente revisable? | Sepín (sepin.es)). Estaba equivocado, al menos con arreglo a la decisión mayoritaria que hoy se nos anuncia que ha dictado nuestro Tribunal Constitucional. Recapitulemos.
I. Introducción
El presente estudio tiene como objeto el análisis de un aspecto del dolo en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, es decir, si es necesario que concurra un determinado ánimo lúbrico, lascivo o libidinoso, como elemento subjetivo del injusto, en esta clase de delitos.
Para la plena comprensión de esto debemos adentrarnos en aspectos relativos a la psique del sujeto, es decir, el arcano del individuo que comete un delito contra la libertad e indemnidad sexual, con todas las dificultades y problemas que esto plantea.
