A diferencia de concretas reformas del Código Penal con trascendente calado político y encendida polémica social, como la llamada “ley del solo sí es sí” (Ley Orgánica 10/2022, de 26 de septiembre —SP/LEG/38227—) o aquella por la que se derogó el delito de sedición y se edulcoró el de malversación (Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre —SP/LEG/38945—), otras modificaciones del texto punitivo (solo en 2022 hemos tenido siete) han pasado prácticamente desapercibidas, no ya solo para la opinión pública, sino puede que también para algunos profesionales del Derecho.

I. Introducción

El delito de insolvencia punible es uno de los delitos menos frecuentes de nuestro ordenamiento jurídico. Se trata de un delito próximo a los negocios jurídicos fallidos, o a cuestiones civiles y mercantiles de difícil tratamiento. De hecho, la problemática habitual de la insolvencia punible, es la dificultad probatoria que hace necesario como diremos, acreditar extremos del seno interno de las empresas o personas físicas profesionales, en unión a un dolo específico.

El pasado 29 de agosto de 2022, entró en vigor la reforma de los delitos de hurto por la disposición final 6 de Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio (SP/LEG/38026), que añadió un párrafo al art. 234 CP, posibilitando la imposición de una pena de prisión entre 6 y 18 meses a reos reincidentes.

Introducción

La Ley Orgánica 10/2002, de 6 de septiembre, de Garantía Integral de la Libertad Sexual (SP/LEG/38227), ha dado una nueva regulación a los delitos contra la libertad sexual, para unificar los anteriores tipos de abuso y agresión sexual, en un solo tipo, el de agresión sexual, comprendido en el artículo 178.1 del C.P, según el cual, “Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”.

Prefacio

Se me hace muy cuesta arriba abordar, aunque sea superficialmente, la inminente reforma del delito de sedición (que parece que también vendrá acompañada del de malversación de caudales públicos) y tratar de apartar de mi cabeza y de mi teclado ideas conexas sobre tributos políticos, líneas rojas, “países de nuestro entorno” y otras cuestiones y falacias que se nos tratan de colar como si fuéramos cándidos ciudadanos sin los pies en el suelo (siempre he pensado que la política, del color que sea, es el arte de la mentira). Intentaré resumir de una forma estrictamente jurídica, y lo más aséptica que pueda, en qué consiste esa reforma del Código Penal, que ya es inminente pues se está tramitando por la vía de urgencia y evitando trámites incómodos (por ejemplo, Informes del Consejo de Estado o del Consejo General del Poder Judicial).

Introducción

La reducción de la pena responde fundamentalmente a tres elementos esenciales de nuestro Estado de Derecho: principios garantizados por la Constitución (artículo 9.3), principio de irretroactividad de las normas penales (artículo 2.2 CP) y demás principios que informan el ordenamiento jurídico penal (principio de intervención mínima, legalidad, retroactividad, culpabilidad, non bis in ídem, proporcionalidad, “in dubio pro reo”…).

I.- Planteamiento

El pasado 7 de octubre entró en vigor la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual (SP/LEG/38227), publicada en el BOE justo un mes antes. Consta de 61 artículos, cinco disposiciones adicionales y hasta veinticinco disposiciones finales. Estas últimas modifican numerosas leyes, entre otras el Código Penal, la LECrim, LO 1/2004 (extranjería), LO 1/2004 (violencia de género) etc. Entre las afectadas (DF 7ª) se encuentra la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORPM) (SP/LEG/2500).

Como venimos haciendo cada cierto tiempo en este blog, hoy procede realizar un balance de las reformas introducidas en el Código Penal a lo largo del presente año 2022, a pesar de que aún no ha concluido y cabe un pequeño margen para algunas más ya anunciadas, a las que aludiremos al final.

1.- Introducción

La Liga Nacional de Fútbol Profesional (en adelante, La Liga) sigue luchando contra la piratería audiovisual. Desde hace varios años, la patronal de clubes realiza campañas de inspección a los bares y restaurantes de toda España que emiten los partidos. Lo hace a través de su equipo de verificadores, compuesto por más de 60 profesionales, repartidos por todo el territorio nacional que analizan las señales de emisión de los partidos y comprueban las conexiones irregulares. “Lo que hace nuestro equipo es proteger a los bares, restaurantes o cualquier otro establecimiento que cumplen con la legalidad y que están viendo como otro local les quita clientela de forma injusta”, señalan desde La Liga.

En los últimos años el espacio digital ha ocupado un papel protagonista en la comisión de hechos delictivos, dando lugar a una nueva forma de delinquir: “la ciberdelincuencia”. Esta forma de cometer delitos incide en cuestiones esenciales como la autoría, la acción, el objeto, el tiempo, el lugar y las consecuencias jurídicas.

En este artículo nos referiremos concretamente al “lugar de comisión del delito” mediante el uso de las redes sociales, a través del estudio de la STS 547/2022, de 2 de junio (SP/SENT/1152509), la interesantísima reflexión de la Fiscalía y el voto particular.