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A principios de este año ya dimos cuenta en estas páginas de la suspensión de los lanzamientos de los “okupas” (SP/DOCT/109062), ordenada por la Disposición final primera del Real Decreto-Ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica (SP/LEG/32398).
Son varias las ocasiones en que nos hemos referido en este blog a la pena de prisión permanente revisable. Bastante antes de su aprobación definitiva quien firma este post fue muy crítico con la nueva pena que tres años después se introduciría en nuestro Código Penal, hasta adelantando su posible inconstitucionalidad (¿Inconstitucionalidad de la futura pena de prisión permanente revisable? | Sepín (sepin.es)). Estaba equivocado, al menos con arreglo a la decisión mayoritaria que hoy se nos anuncia que ha dictado nuestro Tribunal Constitucional. Recapitulemos.
I. Introducción
El presente estudio tiene como objeto el análisis de un aspecto del dolo en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, es decir, si es necesario que concurra un determinado ánimo lúbrico, lascivo o libidinoso, como elemento subjetivo del injusto, en esta clase de delitos.
Para la plena comprensión de esto debemos adentrarnos en aspectos relativos a la psique del sujeto, es decir, el arcano del individuo que comete un delito contra la libertad e indemnidad sexual, con todas las dificultades y problemas que esto plantea.
Sobre esta cuestión se ha pronunciado la reciente sentencia del Tribunal Supremo nº 652/2021, de 22 de julio (ponente Antonio del Moral) en un caso en que la Audiencia Provincial condenó al acusado por un delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud concurriendo el subtipo agravado de notoria importancia (art. 368 y 369.1.5 CP), a la pena de 7 años y 9 meses de prisión y multa.
Hablar de trata de seres humanos, supone referirnos a una forma de delincuencia altamente lucrativa que atenta contra los derechos más elementales del ser humano, convirtiendo a sus víctimas en simples mercancías que son objeto de transacción y ganancia. La pandemia que venimos sufriendo desde hace algo más de un año ha venido a agravar, aún más si cabe, su situación de invisibilidad y vulnerabilidad.
Legislativamente hablando, el año 2021 nos está trayendo una avalancha de normas de todo orden que no resulta fácil de asimilar. No te has acostumbrado a una cuando de inmediato se publica la siguiente. Periodo de sobresaltos legislativos, en el que resulta imprescindible leer desde el título de la norma hasta su firma, por cuanto en muchos casos, sus disposiciones adicionales o finales contienen reformas de enjundia que pueden pasar desapercibidas respecto del texto principal de la ley.
I. Un cambio en el enfoque de la protección de la infancia y la adolescencia
La nueva Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (SP/LEG/34154) (en adelante, referida únicamente como “la ley”, salvo que se especifique otra cosa) apuesta por actualizar el esquema entre familia y Estado intensificando la intervención del segundo cuando acontece alguno de los riesgos de un catálogo muy selectivo.
Introducción
El sábado 5 de mayo se publicó en el B.O.E. la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (SP/LEG/34154), que da cumplimiento a nuestros compromisos europeos e internacionales y culmina la transposición a nuestro ordenamiento interno de la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores (SP/LEG/8364). La nueva norma entrará en vigor el 25 de junio de 2021.
Una reciente noticia del Ministerio de Justicia nos informaba de que “la ORGA distribuye más de 600.000 euros en programas de atención a víctimas del delito y lucha contra la criminalidad”.
El blanqueo de capitales es un delito que afecta al conjunto de la ciudadanía. De ahí que desde la propia ONU y especialmente la Unión Europea se haya puesto especial énfasis en perseguirlo y los Estados miembros hayan mejorado su ordenamiento jurídico en este sentido.
