En el presente estudio se expondrán tres cuestiones jurídicas, acompañadas de un caso práctico real para ilustrar la problemática que suscitan; y se concluirá exponiendo cómo la Audiencia Nacional ha resuelto estas tres cuestiones en el año 2023.

I. La reforma del Código Penal por la LO 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, de 6 de septiembre

Esta Ley más conocida, pero mal llamada “ley del sólo sí es sí” pretendió poner el “consentimiento” en el centro de los delitos de índice sexual, cuando ya el consentimiento había sido el epicentro, sin ir más lejos, de la propia legislación anterior, por ejemplo para los abusos sexuales, el art. 181.1 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, ya prescribía que “El que, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona, será castigado, como responsable de abuso sexual …”.[1]

I. Introducción

La Jefatura Superior de Policía de Aragón ha culminado con éxito la operación Yapeyú-Amusca, logrando desarticular un sofisticado clan familiar que ha venido sembrando el terror en Zaragoza desde julio de 2021. Este grupo delictivo ha perpetrado una serie de asaltos caracterizados por su audacia y perversión, involucrando a víctimas vulnerables en una trama conocida como "abrazos amorosos". A través de esta artimaña, los delincuentes han saqueado a cerca de treinta ancianos en la ciudad, obteniendo un botín acumulado que supera los 250.000 euros.

A finales del pasado mes de junio se publicó el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio (SP/LEG/40580) —cuyo extenso título el lector nos agradecerá que le ahorremos—, que ha operado como una norma “ómnibus” compuesta de cinco libros y dividida en 226 artículos, que afecta a múltiples materias, entre ellas a normas procesales, y dentro de estas al proceso penal, lo que constituye el objeto de estas breves líneas.

I. Introducción sobre la relevancia del odio para el Derecho Penal

En los medios de comunicación, es común escuchar hablar sobre los delitos de odio y las agresiones e insultos a personas debido a su raza, condición sexual o de género. Sin embargo, es importante realizar algunas matizaciones relevantes vinculadas con la dogmática del Derecho Penal atendiendo a los artículos 9.2 y 14 de la Constitución.

I.- Introducción

Bueno, pues ya terminó la liga. Ahora toca el habitual periodo veraniego de rumorología y confirmaciones acerca de los fichajes y bajas de los clubes de fútbol y un sinfín de partidos amistosos, que mantienen viva la llama del aficionado hasta que la próxima competición de liga comience de nuevo y la rueda siga girando.

Introducción

Actualmente, este tipo de conducta es impune, y todavía no se ha producido en España. Justo por eso, es necesario analizarla con detalle y deslindar el ilícito civil (la mera caricatura), de la infracción penal. La inteligencia artificial está lo suficientemente desarrollada como para crear este tipo de imágenes, y también para clonar la voz de otras personas.

Introducción

La entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual (SP/LEG/38227) ha supuesto un verdadero cambio de paradigma en el Derecho penal sexual español; a la obvia y aparente ruptura con el modelo abuso-agresión y la unificación de la totalidad de los atentados contra la libertad sexual bajo la égida de la agresión sexual, el legislador se ha visto obligado a introducir unas horquillas penológicas sin parangón en nuestro texto punitivo v.gr. en el caso de la agresión sexual con acceso carnal o introducción de miembros u objetos (art. 179 CP —SP/LEG/2486—) la pena oscila desde los cuatro hasta los doce años.

Constituye una obviedad por mi parte, necesaria sin embargo para una introducción adecuada a este texto, afirmar que la instrucción penal configurada en nuestro ordenamiento jurídico pivota sobre una serie de finalidades fundamentales entre las que se encuentra la adopción de todas aquellas medidas encaminadas a asegurar el resultado del procedimiento. Nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante, LECrim), en su art. 13, ya permite vislumbrar esta realidad cuando señala:

Introducción

Al finalizar 2021, publicamos los criterios del Pleno de ese año, que se reunió en trece ocasiones para dictar sentencia en recurso de casación en interés de ley, ex art. 847.1 b) LECrim (SP/LEG/2487), en supuestos de interés casacional. En el año 2022, el Pleno se ha reunido en veintiuna ocasiones y queremos igualmente publicar todos estos criterios, a fin de facilitar su conocimiento.