El blog jurídico de Sepín

I. Un cambio en el enfoque de la protección de la infancia y la adolescencia

La nueva Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (SP/LEG/34154) (en adelante, referida únicamente como “la ley”, salvo que se especifique otra cosa) apuesta por actualizar el esquema entre familia y Estado intensificando la intervención del segundo cuando acontece alguno de los riesgos de un catálogo muy selectivo.

Introducción

El sábado 5 de mayo se publicó en el B.O.E. la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (SP/LEG/34154), que da cumplimiento a nuestros compromisos europeos e internacionales y culmina la transposición a nuestro ordenamiento interno de la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores (SP/LEG/8364). La nueva norma entrará en vigor el 25 de junio de 2021.

Una reciente noticia del Ministerio de Justicia nos informaba de que “la ORGA distribuye más de 600.000 euros en programas de atención a víctimas del delito y lucha contra la criminalidad”.

Redacción Iuris NOW

El blanqueo de capitales es un delito que afecta al conjunto de la ciudadanía. De ahí que desde la propia ONU y especialmente la Unión Europea se haya puesto especial énfasis en perseguirlo y los Estados miembros hayan mejorado su ordenamiento jurídico en este sentido.

I. Introducción

Conviene precisar, para enfocar correctamente el tema que vamos a analizar, que todo estudio de una materia tan sensible como esta, deberá hacerse desde una perspectiva de protección de los derechos fundamentales y, por tanto, teniendo muy presente las Declaraciones, Tratados y Convenios que los proclaman, así como la jurisprudencia emanada del TEDH y de nuestro TC. Al fin y al cabo, el respeto a los derechos fundamentales es pilar esencial en la construcción del estado de derecho y de nuestra democracia. Especial atención voy a prestar a la jurisprudencia emanada del TEDH, que tiene sentencias recientes de interés sobre este tema.

En el BOE del jueves 25 de marzo de 2021 se ha publicado la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia (SP/LEG/33260), con entrada en vigor el 25 de junio de 2021 (salvo su artículo 17, con entrada en vigor el 26 de marzo de 2021), que ha venido a introducir en nuestro ordenamiento jurídico un nuevo derecho civil, el derecho a la eutanasia, y cuya tramitación no ha estado exenta de viva polémica.

I. Introducción: el caso Hasel como detonante de la reforma

La reciente decisión del Tribunal Constitucional de no admitir a trámite el recurso de amparo interpuesto por la representación procesal del rapero conocido como Pablo Hasel, y la posterior resolución de la Sección 1ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional —la misma que le condenó en Sentencia 3/2018, de 2 de marzo (SP/SENT/943434)—  que ordenaba su ingreso en prisión para dar cumplimiento a la pena de 9 meses y 1 día de privación de libertad que le fue impuesta por delito de enaltecimiento del terrorismo, ha reabierto el sempiterno debate sobre los límites de la libertad de expresión.

El Derecho tiene como finalidad última ordenar la vida en sociedad por medio de normas que posibiliten una convivencia ciudadana pacífica. La sociedades modernas, libres y plurales, se encuentran como todo ser vivo en continuo proceso de cambio, avance y desarrollo, y el Derecho debe evolucionar para dar respuesta a las nuevas inquietudes y demandas sociales que de forma paralela a esos cambios van surgiendo. Así ocurrió con la ley del divorcio de 1981, o con la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo de 2005, por poner algún ejemplo.

Leticia Mata Mayrand

Abogada especializada en protección a la infancia. Miembro del Patronato de la Fundación ANAR

El 21 de diciembre de 2020 vencía el plazo para la trasposición por los Estados miembros de la Directiva (UE) 2018/1972, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre, por la que se establece el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas (en adelante EECC) (SP/LEG/25314). A partir de esa fecha, los Estados miembros deben aplicar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que hayan adoptado para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada directiva.

En el BOE de hoy 17 de diciembre de 2020 se publica la Ley Orgánica 2/2020, de 16 de diciembre (SP/LEG/31930) por la que se suprime el apartado segundo del artículo 156 del Código Penal.