El blog jurídico de Sepín

Si las criptomonedas son un activo relativamente poco utilizado en nuestro entorno, cabe suponer que su tributación sea aún más desconocida entre la ciudadanía. Pero para aquellos que estén pensando en invertir en este activo deberán saber que hay determinados supuestos en los que la inversión en criptomonedas tiene que cumplir sus obligaciones con la Hacienda Pública, que poco antes de la pasada campaña de la renta ya envió decenas de miles de mensajes a los contribuyentes para recordarles la obligación de incluir este activo en su declaración.

Adela del Olmo

Directora de Sepín Derecho Mercantil, Concursal y Reclamaciones bancarias

La sentencia de la AP Madrid, Sec. 28.ª, 250/2020, de 19 de junio (SP/SENT/1062811) nos ofrece una razonada respuesta negativa a la cuestión que da título a este post.

Gema Murciano Álvarez

Redacción Jurídica de Sepín

Antes del 23 de abril de 2015, la jurisprudencia tenía como criterio consolidado (explicado sucintamente) que la residencia irregular de un ciudadano extranjero se sancionaba con multa, y si existían otros datos negativos, con expulsión, y que siendo la sanción principal la de multa, la expulsión, en cuanto sanción más grave y secundaria, requiere una motivación específica y distinta.

Franco Conforti

Profesor de Derecho Universidad Oberta de Cataluña | Operador de Conflictos

En mi anterior artículo decía: «Para evitar los peligros que encierra la elección de una plataforma hay que elegir aquella que garantice: ‘confidencialidad, privacidad, identidad de partes y protección de los datos’» (Conforti 2020a), afortunadamente, la frase ha despertado algunas dudas y mucha curiosidad.

Una negligencia médica se produce cuando el personal sanitario de un hospital o una clínica, tanto pública como privada, no actúa con la diligencia exigida por las prácticas que rigen su profesión, es decir, por la lex artis, el conjunto de prácticas médicas aceptadas como adecuadas para tratar al enfermo en el momento de que se trata, causando en la mayoría de ocasiones un daño físico y moral al paciente. El diagnóstico erróneo, el retraso en el diagnóstico, los retrasos en listas de espera, la falta de consentimiento informado, los errores en tratamientos o intervenciones quirúrgicas, las infecciones contraídas en el hospital y la falta de seguimiento del paciente son las negligencias médicas más frecuentes que sufren los pacientes.

NOTA: La ORDEN TMA/1134/2020, de 30 de noviembre, amplía el plazo para solicitar los préstamos hasta el 31 de mayo de 2021 y su formalización hasta el 30 de junio de 2021.

Begoña Costas de Vicente

Directora de Sepín Arrendamientos Urbanos. Abogada

Desde la declaración del Estado de Alarma en marzo de 2020, y la aprobación de numerosas normativas en el ámbito de los arrendamientos urbanos, han transcurrido ya varios meses. Las opciones o medidas que el Gobierno aprobó entonces van finalizando, aún cuando sus plazos han sido modificados en varias ocasiones respecto a los arrendamientos de vivienda, así la suspensión del juicio de desahucio, la prórroga extraordinaria de seis meses, y la solicitud de moratoria en caso de arrendador gran tenedor.

María José Polo Portilla

Directora Técnica de sepín Propiedad Horizontal. Abogada

La respuesta debería ser, sin duda, negativa, pues se trata de una propiedad privada. Además, debemos recordar que el Real Decreto-Ley 2/1985 permitió, incluso, el cambio de viviendas a locales.

No obstante, nos estamos refiriendo a viviendas sujetas al régimen de propiedad horizontal, por lo que la contestación no puede ser categórica y, desde luego, habrá de estarse a cada uno de los supuestos concretos.

 Lo primero que se debería consultar es el Título Constitutivo

Julián López Martínez

Director de Sepín Administrativo. Abogado

Cuando un particular realiza una obra  o inicia una actividad sin solicitar la oportuna y preceptiva autorización administrativa (ya sea en forma de licencia, declaración responsable o comunicación previa) o sin ajustarse a lo realmente autorizado, ya se imagina que, si la Administración llega a descubrirlo bien a través de una inspección de oficio por parte de sus técnicos (rara avis) o como consecuencia de alguna denuncia de otro ciudadano que se sienta perjudicado (obligatoria incluir en esta categoría, por mi experiencia profesional, al “vecino revanchista”), se verá obligado a legalizar la obra o actividad o, en el peor de los casos, a demolerla o cesarla, respectivamente.

El art. 1964.2 del CC, encargado de establecer el plazo de prescripción de las acciones personales, fue modificado por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, que supuso la primera actualización del régimen de prescripción contenida en nuestro Código Civil, que ha permanecido inalterable desde su publicación. Esta Ley, que entró en vigor el 7 de octubre de 2015, redujo de 15 a 5 años el plazo general establecido para las acciones personales.

Pablo Juanico

Jurista, asesor jurídico y cofundador de A definitivas

La tecnología ya forma parte de nuestro día a día: para lo bueno y para lo malo. Su función principal, aquella para la que ha sido creada (pecando de buen pensar), es la de mejorar la calidad de vida de las personas. No obstante, la realidad ha demostrado que otras de las funciones que ha traído consigo es el auge en la comisión de delitos, así como el perfeccionamiento de su modus operandi. Esta vertiente funcional da pie a lo que la doctrina viene calificando como delincuencia informática o ciberdelincuencia.