El blog jurídico de Sepín

*En 2016 hemos publicado una nueva versión de esta obra: «Guía práctica del proceso concursal. Actualizada a 2016«

La publicación por Sepín de la obra “Guía Práctica del Proceso Concursal, 2015” coordinada, supervisada y totalmente actualizada por Enrique Sanjuán y Muñoz, Magistrado especialista en Derecho Mercantil por el CGPJ y Titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada, aclara por fin el panorama continuamente cambiante del proceso concursal. Hacía falta en el mercado editorial una obra definitiva sobre un tema tan actual y de tantísima trascendencia económica como es el tratamiento de la insolvencia de sociedades y de personas físicas, el libro llena un vacío y constituye la superación de un reto procesal, práctico y conceptual que daba vértigo afrontar y creaba una base insegura y variable.

Continúa el goteo de Resoluciones de la Dirección General de Tributos resolviendo las consultas que se plantean sobre determinados asuntos. Hemos intentado recopilar las más relevantes en materia de Familia:

El art. 19 LPH solo exige que en las actas consten «los acuerdos comunitarios«.

Este sería el contenido estricto y así lo deberá hacer constar el secretario, que es el encargado de su redacción, cuando el Presidente o cualquier propietario pretenda que se incluya lo sucedido en la Junta, que se transcriban discusiones, o incluso que se adjunten documentos, como señala la sentencia de la AP Las Palmas, Sec. 4.ª, de 8 de julio de 2010 (SP/SENT/536629), donde se considera irrelevante que no se recogiera en el acta un receso que se hizo durante la Junta, pues solo es obligatorio que consten los acuerdos, y no cada cosa que suceda. 

Me sorprendo leyendo el Auto del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, de 20 de mayo de 2014.

En el mismo se resuelve acerca de si son debidos o no los honorarios del letrado en el incidente de jura de cuentas. Señalaba el recurrente que, no siendo precisa en el procedimiento de jura de cuentas la intervención de abogado y procurador, no podían incluirse en la tasación de costas los honorarios del letrado interviniente derivados de dicho procedimiento incidental.

Como bien saben, este año toca elecciones municipales y aunque aún es pronto para que los distintos partidos políticos den el pistoletazo de salida de sus campañas electorales, en el caso del ciudadano extranjero que quiera intervenir en la elección de sus representantes debe de darse prisa si quiere formalizar su participación.

Desde Octubre de 2014 la Oficina del Censo Electoral remitió una comunicación personalizada por correo postal a los ciudadanos nacionales de países de la Unión Europea que no habían manifestado su voluntad declarada desde el anterior envío de cartas con motivo de las elecciones municipales de 2011. (Los ciudadanos UE que hayan manifestado su voluntad de ejercer el derecho al voto para procesos electorales anteriores y sigan residiendo en España, mantienen su condición sin necesidad de cumplimentar una nueva declaración.)

Resumen de los tipos de retención que resultan de aplicación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas durante el ejercicio del 2015 y para el ejercicio del 2016,  así como los modelos de resumen anual donde deberán ser declaradas estas retenciones tras la reforma en el Impuesto operada por la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias. (BOE,  de 28 de noviembre de 2014).

La tan esperada fecha para la extinción de determinados arrendamientos de local de negocio sujetos al Texto Refundido de 1964 ha llegado. Ya entrados en el año 2015, se empiezan a ver las reacciones de propietarios y arrendatarios; firma de un nuevo contrato, entrega voluntaria de la posesión de los locales, oposición frontal a la extinción, recibos de la renta que no se pasan al cobro, etc.

No me voy a detener ahora en analizar los contratos que se han extinguido el 31 de diciembre, pues ya lo comenté extensamente en el artículo «¿Qué contratos de arrendamientos urbanos se extinguen el 31 de diciembre de 2014?» , sino en los efectos que se derivan de esta extinción, también tratados en dicho artículo, pero a los que quiero dar la relevancia necesaria.

En esta ocasión hemos dedicado el presente espacio al contrato de opción de compra que carece de regulación específica en el Código Civil. La doctrina más autorizada lo define como un precontrato por el que una parte, optataria, concede a la otra, optante, la facultad exclusiva de decidir sobre la celebración o no del contrato final de compraventa, en un concreto plazo y bajo unas condiciones determinadas, a cambio de un precio.

Sirva este post como recordatorio, pues sobre este mismo asunto ya escribí en el mes de marzo de 2014, pero en esa ocasión lo hice en relación con la LPH estatal.

En Cataluña, ¿es obligatoria esta celebración a principios del año?

Al nuevo equipo del Ministerio de Justicia o al propio Gobierno le han entrado las prisas. Las reformas penales y procesales que tenía preparadas el anterior equipo ministerial se metieron en su momento en el congelador, y allí están desde entonces, esperando un empujón o seguir guardadas hasta mejor ocasión. Ciñéndonos solo a las reformas que afectan al ámbito penal, las cuatro mas relevantes son las del Código Penal, el Estatuto de la Víctima del Delito, el futuro Código Procesal Penal (que vendría a sustituir a la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal), y la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que afecta a todas las Jurisdicciones y que pretende dar un giro copernicano a nuestro sistema judicial; además de la transposición aún pendiente de concretas Directivas y Decisiones-Marco de la Unión Europea.

El nuevo Ministro de Justicia, aparte de la reforma de la desafortunada Ley de Tasas Judiciales -norma que desde Sepín hemos venido criticando ampliamente en nuestro blog jurídico-, ha anunciado que se van a tramitar a toda velocidad varias de esas reformas: entre ellas la correspondiente al Texto Punitivo -dormida en el Congreso desde octubre de 2013-, y la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a la que aquí nos vamos a referir brevemente