El blog jurídico de Sepín

 Begoña Costas de Vicente

Directora de Sepín Arrendamientos Urbanos. Abogada

Hay personas que dejan huella, que pasan por la vida trabajando fuerte, luchando por lo que creen e intentando hacer modificaciones en aquello que está en su mano. Algunos lo consiguen y otros no, unos aciertan en sus propuestas y otros no, y claro está, no siempre a gusto de todos, pero de lo que no hay duda es que en el ámbito de los arrendamientos urbanos, Miguel Boyer no pasó desapercibido, pues bajo su mandato se firmó el famoso Decreto Ley 2/1985, de 30 de abril de medidas de política económica, que lleva su nombre, y que marcó un antes y un después en los contratos de arrendamientos urbanos.

Tal precepto con entrada en vigor el 9 de mayo de 1985 suprimió la prórroga forzosa obligatoria para el arrendador y a voluntad del arrendatario que el Texto Refundido de 1964, en el articulo 57, había establecido.

El Tribunal Supremo ha planteado cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (SP/AUTRJ/775944) en relación con la procedencia o no de que la compensación equitativa por copia privada vaya con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Todo comenzó en 2008, con el Gobierno de Zapatero, cuando se estableció una compensación fija por cada equipo susceptible de ser utilizado para la copia de obras protegidas. En la práctica, esto significaba un aumento en el precio para el consumidor cuando compraba CD vírgenes, reproductores, etc., aunque no los fuese a utilizar para esos fines. Esta medida, como es lógico, supuso un aumento en los ingresos de las entidades de gestión.

En algún momento de nuestra vida o de la vida de alguien cercano, todos hemos necesitado o vamos a necesitar lo que el Código Civil de Cataluña ha llamado asistencia.

Para tener una primera idea de en qué consiste esta institución, se puede decir que está concebida como un medio de protección para aquellas personas que tienen una disminución de sus facultades, pero no hasta el punto de incapacitarlas, cuando no es aconsejable someterlas a tutela dadas sus condiciones psíquicas o físicas.

En el año 2010, SEPIN trató un tema de sobra conocido para todos los profesionales que estamos inmersos en el ámbito de la responsabilidad civil y seguro como es la delimitación de los hechos de la circulación.

Ya entonces indicamos que eran tres las circunstancias que hay que valorar para la aplicación del art. 3 del Reglamento sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor (aprobado por Real Decreto 7/2001, de 12 de enero): 1. el tipo de vehículo con el que se produce el siniestro o los daños; 2. el lugar donde se produce el hecho, y 3. el tipo de acción o comportamiento. El análisis de estos tres factores determinará si nos encontramos o no ante un hecho de la circulación.

Pues bien, el tema se vuelve a plantear a raíz de la reciente STJUE, Sala Tercera, de 4 de septiembre de 2014 (SP/SENT/775295).

Estos días estamos siendo testigos a través de los medios de comunicación de las vicisitudes de un procedimiento judicial que tiene como protagonista a un destacado miembro de la clase política por un altercado de tráfico ocurrido en Madrid el pasado mes de abril. El Juzgado de Instrucción consideró que los hechos eran constitutivos de falta, pero recurrida esta decisión por la acusación popular, la Audiencia Provincial de Madrid, en Auto de fecha 5 de septiembre de 2014 (SP/AUTRJ/776340) apreció de forma parcial ese recurso, al estimar que a priori los hechos, sin ser un delito de resistencia del art. 556 CP, provisionalmente sí podrían constituir un delito de desobediencia del mismo precepto penal y en consecuencia ordena al Juzgado de Instrucción que continúe la causa por los trámites de las diligencias previas del procedimiento abreviado.

La Sentencia del TJUE de 17 de julio de 2014, que fue objeto de un post por parte de nuestro departamento de derecho mercantil, declaraba una nueva vulneración de los derechos de los consumidores por parte de nuestro procedimiento de ejecución hipotecaria.

El pasado 4 de septiembre la Sala Novena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece mediante una sentencia el concepto de “hora de llegada” a efectos de determinar cuando es procedente una compensación por el retraso en vuelo. Parece que al Tribunal le ha gustado dicha fecha, porque ese mismo día, la Sala Tercera dictó otra resolución sobre el concepto de “circulación de vehículos” en relación a un accidente en una era, con un tractor que se utilizaba para fines agrícolas, que también va a dar mucho que comentar en el sector del automóvil. Pero el objetivo de este post es el análisis de la primera resolución que ha tenido eco en la prensa sin profundizar en su contenido.

No cabe duda de que los actos administrativos, para ganar eficacia, deben ser objeto de notificación personal a los interesados; así, según constante doctrina emanada tanto del Tribunal Supremo como del propio Tribunal Constitucional, la notificación por edictos tiene un carácter supletorio y excepcional, debiendo ser considerada como remedio último, siendo únicamente compatible con el art. 24 de la Constitución si existe la certeza o, al menos, la convicción razonable de la imposibilidad de localizar al interesado. El propio TC ha afirmado que cuando el interesado está suficientemente identificado, su derecho a la defensa no puede condicionarse al cumplimiento de la carga de leer a diario los boletines oficiales.

La viabilidad de una empresa familiar suele verse comprometida cuando hay conflictos internos, no es sencillo mantener separadas las dos esferas, empresarial y familiar, y en ocasiones se tiende a olvidar que el fin de una empresa consiste en obtener beneficios, algo para lo que se requiere cierta cualificación, y que a la vez, es algo que choca con el criterio de igualdad que rige entre los miembros de la familia.

La toma de decisiones adoptadas dentro del núcleo familiar muchas veces sin tener en cuenta criterios de tipo empresarial, la creencia de que por pertenecer a la familia se debe contar con un puesto de trabajo independientemente de las necesidades de la empresa, incluso sin contar con la formación adecuada, los problemas de remuneración realizados con base a la relación familiar y no con los objetivos, la delegación de la gestión en los hijos, o las diferencias de la visión entre el fundador y sus descendientes, suelen ser el germen de un conflicto latente que puede comprometer las relaciones familiares, con lo cual se ve afectada no solo la esfera empresarial, (menor rendimiento y menor beneficio) sino también la esfera familiar (situaciones violentas en cenas o eventos familiares). La salida más común suele ser la huída del problema sin la toma de decisiones en el momento adecuado.

El permiso retribuido del trabajador por la hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario del familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, se encuentra regulado en el art. 37.3 b) del Estatuto de los Trabajadores.

El derecho reconocido al mismo se establece por un período de dos días, previo aviso y con justificación para ausentarse, pero reconociendo, además, la posibilidad de que si el trabajador precisa desplazarse al efecto, se le reconocerá un plazo mayor, siendo este de cuatro días.