El blog jurídico de Sepín

Gastos hipotecarios: el TS establece que el inicio del cómputo de prescripción es desde la sentencia firme que declara la nulidad de la cláusula

Tras las Sentencias del TJCE/TJUE de 25 de enero de 2024. Recurso C-810/21 (SP/SENT/1206367); de 25 de abril de 2024, asunto C 561/21 (SP/SENT/1218384) y de 25 de abril de 2024, asunto C 484/21 (SP/SENT/1218383), quedaba por conocer cuál era el criterio que iba a fijar el Tribunal Supremo en relación con el inicio del plazo de prescripción para la reclamación de los gastos hipotecarios, lo que ha sucedido (por fin) con la STS, Sala Primera, de lo Civil, Pleno, 857/2024, de 14 junio. 
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La adhesión a la apelación (impugnación) en el proceso contencioso: ¿cuándo es obligatoria?

La cuestión que abordamos hoy es si, en el caso de una demanda desestimada íntegramente por alguno de los motivos opuestos, ¿está obligado el demandado a adherirse a la apelación del recurrente para que pueda el Tribunal pronunciarse sobre el resto de motivos que opuso?

La interpretación del artículo 85.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (SP/LEG/2922) es, desde luego, una cuestión procesal de sumo interés y que a lo largo de los años, y ante la falta de un criterio uniforme, nos ha generado numerosos quebraderos de cabeza a los abogados. La trascendencia de la decisión era máxima, pues nos arriesgábamos a perder en apelación un proceso por haber confiado en que era suficiente con oponernos a la apelación interpuesta por el recurrente, sin que fuera necesario, a su vez, que tuviéramos que adherirnos a la apelación (“impugnar la sentencia apelada” con la nueva terminología que -para unificar con la empleada en otras jurisdicciones- se ha introducido a la Ley 29/1998 con el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre (SP/LEG/41655).

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Pago de deuda ganancial con dinero privativo tras la disolución del régimen

Comentamos en estas líneas la sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, 556/2024, de 24 de abril. Recurso 3370/2021 (SP/SENT/1219518). Resuelve sobre un supuesto de hecho como es la reclamación en la liquidación de gananciales de pagos realizado por un excónyuge, con dinero propio, de deudas gananciales tras la disolución del régimen.

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En una Comunidad de propietarios, ¿quiénes pueden utilizar la piscina?

Intentado pensar es un post estacional, se me ocurre tratar un tema no exento de problemática comunitaria, la piscina; con las altas temperaturas nada mejor que poder disfrutar de este servicio comunitario, sin embargo, ¿su uso es extensible a todos los comuneros?

En principio, la respuesta sería afirmativa, si se trata de un elemento, todos, sin excepción, tendrían este derecho. No obstante, existen excepciones, por eso creo de interés dedicar unas líneas, justo en este momento del año, para aclarar estos supuestos, intentado evitar, en la medida de lo posible, los conflictos comunitarios que puedan derivar de estas limitaciones.

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Sobre recortes de prensa y el carácter no vinculante de la jurisprudencia penal

I. La admisibilidad de denuncias basadas en recortes de prensa para iniciar un proceso penal

La Ley de Enjuiciamiento Criminal no prohíbe la admisión de denuncias o queellas basadas en recortes de prensa. No obstante, sí que existen diversas resoluciones judiciales concretas sobre este tema, que se refieren a casos específicos con circunstancias particulares vinculadas con el inicio de un proceso penal, sin que ello suponga determinar la existencia de responsabilidad criminal.

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Si existen dos hipotecas con igualdad de rango y se ejecuta una de ellas ¿el titular de la no ejecutada, tiene preferencia al remanente si existen cargas posteriores?

La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (en adelante, DGSJFP), en su resolución de 27 de febrero de 2024 (SP/SENT/1215329) ha examinado la cuestión relativa a si cuando existen dos hipotecas con el mismo rango y se produce la ejecución de una de ellas, ello implica que el titular de la otra hipoteca de igual rango y que no es objeto de ejecución, tiene derecho a que, el sobrante del precio de remate, se aplique al pago de su crédito de forma preferente a los titulares de las cargas posteriores.

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¿Es limitativa o delimitadora la cláusula de aceptación genérica de las condiciones generales inserta en las particulares de un seguro de vida?

Esta es la cuestión que viene a resolver la reciente sentencia de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo de fecha 27-9-2023 (SP/SENT/1197399). El origen es una demanda formulada por la viuda de un asegurado, en su condición de beneficiaria, en la que se ejercitó una acción contra la aseguradora para reclamar el capital pactado en la póliza de seguro de vida e invalidez permanente suscrita por su marido, en la cuantía de 50.000 euros. Resumidamente se alegó ocultación de datos por el asegurado, y la aplicación de una condición general con un periodo de carencia. Condición general a la que se remitían las condiciones particulares

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El mandato del pueblo a sus representantes

I.-Breve introducción histórica

            Si hacemos, aunque sea una breve consideración histórica dentro de nuestra función representativa, tenemos que hablar de la figura Medieval de los Procuradores de las Cortes; Los llamados Procuradores de las Cortes estaban vinculados directamente a la voluntad de sus mandantes, aquellos ciudadanos que los elegían; es lo que tradicionalmente se conoce con el nombre de mandato imperativo. Jurídicamente esta figura equivale a lo que hoy es la figura privada del mandato de representación, muy presente en nuestro Derecho civil.

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¿Cuáles son las consecuencias de la Ley por el derecho a la vivienda después de un año?

 

Mucho tiempo estuvimos esperando la aprobación de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, y mucho hemos comentado durante este año en nuestro Blog de Sepín y en la Editorial dedicada a los arrendamientos urbanos desde hace más de 40, donde hemos analizado las cuestiones más polémicas y de actualidad. Recordamos que el 27 de abril de 2023, el Congreso de los Diputados aprobó el Proyecto de Ley, y tras su remisión al Senado, el Pleno ratificó el mismo el 18 de mayo, sin admitir ninguna enmienda. La misma fue publicada en el B.O.E. el 25 de mayo de 2023 con entrada en vigor el 26 de mayo de 2023, conforme su disposición final novena, con la única excepción de la disposición final segunda "Incentivos fiscales aplicables en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda", que entraría en vigor el 1 de enero de 2024.

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