Parece que ha llegado a su fin la contienda existente entre el Tribunal Supremo y la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, sobre los efectos de la emisión de la certificación de cargas en un procedimiento de ejecución y la posibilidad de cancelar cargas posteriores a la anotación preventiva de embargo, cuando el decreto de adjudicación y el mandamiento de cancelación se presentan en el Registro de la Propiedad, una vez que la anotación preventiva de la que traía causa había caducado