El blog jurídico de Sepín

Introducción

La reducción de la pena responde fundamentalmente a tres elementos esenciales de nuestro Estado de Derecho: principios garantizados por la Constitución (artículo 9.3), principio de irretroactividad de las normas penales (artículo 2.2 CP) y demás principios que informan el ordenamiento jurídico penal (principio de intervención mínima, legalidad, retroactividad, culpabilidad, non bis in ídem, proporcionalidad, “in dubio pro reo”…).

La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, ha establecido una nueva obligación cuando se produce la transmisión de un derecho real sobre una finca, como es la necesidad de que el propietario de la finca, ya sea persona física o jurídica, declare en el título en el que se formalice la transmisión, si sobre la finca se ha realizado o no alguna actividad potencialmente contaminante del suelo.

Para el 2023 está previsto que, tras 18 años desde la aprobación del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, se modifique el Reglamento de circulación. Esto va a llevar la introducción y modificación de la señalización, ya que según el preámbulo del proyecto los cambios tanto en la movilidad como en el entorno social, tecnológico y cultural que se han sucedido en los últimos años hacen que se deba validar si mantiene el potencial comunicativo y consigue la adecuada comprensión de la información por parte de los usuarios, y se debe proceder a su modificación para mejorar la capacidad de transmisión de los mensajes y para responder a nuevas necesidades que van surgiendo.

A partir del 1 de enero del 2023 entran en vigor los nuevos plazos máximos de aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias, según lo dispuesto en la Disposición adicional undécima de la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal.

Una de las situaciones más temidas por las personas mediadoras, se produce cuando una pareja decide tomar caminos separados, acuden al proceso de mediación, y llegan a ese punto en el que todo se paraliza y no es posible ni tomar acuerdos, ni siquiera parciales, ni hay opción de seguir avanzando, teniendo que dar por finalizada su actuación como profesional.        

El objeto de este comentario se justifica con la reciente publicación de Sentencia del Tribunal Supremo nº 829/2022, de fecha 17/10/2022, recaída en el Recurso nº 2931/2021, en cuya parte dispositiva se estima el RCUD interpuesto por la mercantil CRIMSER INTEGRAL, S.L., frente a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid nº 451/2021, de fecha 21/06/2021, recaída en el Recurso nº 287/2021 (1), sentencia que casa y anula, y en la que tras resolver el debate planteado en suplicación, se revoca parcialmente la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 25 de los de Madrid de fecha 09/12/2020, en los Autos nº 494/2020, y se estima la demanda por despido formulada contra la mercantil SE&AF SERVICIOS INTEGRALES, S.L, se desestima la demanda formulada contra la mercantil CRIMSER INTEGRAL, S.L., y se confirma la sentencia de instancia en todo lo demás.

I.- Planteamiento

El pasado 7 de octubre entró en vigor la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual (SP/LEG/38227), publicada en el BOE justo un mes antes. Consta de 61 artículos, cinco disposiciones adicionales y hasta veinticinco disposiciones finales. Estas últimas modifican numerosas leyes, entre otras el Código Penal, la LECrim, LO 1/2004 (extranjería), LO 1/2004 (violencia de género) etc. Entre las afectadas (DF 7ª) se encuentra la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORPM) (SP/LEG/2500).

Sin entrar en multitud de comentarios que el tema merece, todas las vías o acciones de estos últimos años apuntan al control de rentas. Por una parte, el Proyecto de ley de la vivienda contempla tal posibilidad para el mercado de áreas tensionadas y en esta misma línea acabamos de conocer la Proposición de Ley presentada por el Parlamento de las Illes Balears en el Congresos de los Diputados, para la modificación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. Por otro lado, no podemos olvidar que el Gobierno ha creado los índices de referencia del precio del alquiler de la vivienda, tal como establecía la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo, de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y Alquiler. Si, además, unimos el reciente Real Decreto-Ley 6/2022, de 29 de marzo, sobre limitación de la revisión de rentas según el Índice de Garantía de Competitividad, que fue modificado por Real Decreto-Ley 11/2022, de 25 de junio, todo nos lleva a la conclusión de que se aplicarán límites a la fijación de la renta, así como a su revisión.

El contrato de arrendamiento de obra y servicios profesionales, como una modalidad de los regulados en el art. 1544 CC, obliga al profesional contratado, a efectuar el cometido encargado a cambio del pago de los honorarios pactados o tarifados, cuya prueba de abono corresponde a la parte demandante en el sentido de que no sólo se le encargó sino que efectivamente se ejecutó el trabajo encomendado, en cuanto hecho constitutivo y base de la pretensión que se ejercita, no habiendo sido remunerado.

 A lo largo de este post vamos a desentrañar si a este tipo de contratos son aplicables las normas contenidas en el TRLGCYU, lo que tiene especial relevancia de cara a poder valorar la posible abusividad de los honorarios establecidos, o si sobre los mismos es posible hacer un control de transparencia.

Como venimos haciendo cada cierto tiempo en este blog, hoy procede realizar un balance de las reformas introducidas en el Código Penal a lo largo del presente año 2022, a pesar de que aún no ha concluido y cabe un pequeño margen para algunas más ya anunciadas, a las que aludiremos al final.