La Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad, supone un incuestionable avance social al reconocer o rehabilitar en el derecho de sufragio activo a las personas con discapacidad intelectual, si bien su aprobación conlleva problemas interpretativos sobre cómo ha de garantizarse el ejercicio del sufragio activo “consciente, libre y voluntario”. Con la cercanía de varios procesos electorales esta primavera, la Junta Electoral Central ha publicado la Instrucción 5/2019, de 11 de marzo, que viene a resolver todas estas cuestiones… o no