-1.png?width=300&height=300&name=Logo%20Redes%20Halloween%20(1)-1.png "Editorial Jurídica Sepin")
El pasado 29 de abril de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto-Ley 16/2020 de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19, donde conocíamos las medidas a adoptar para paliar las consecuencias generadas por la crisis del coronavirus en el ámbito de la Administración de Justicia.
I. Introducción
A la espera de que la próxima semana se reanude la actividad de los Tribunales de Justicia, habrá que esperar a ver su alcance, uno de los misterios por resolver va a ser el tratamiento que aquellos den a los Juicios de desahucio de vivienda tras el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo y, por lo tanto, la interpretación que van a seguir de su Art. 1 que prevé la suspensión extraordinaria durante un periodo máximo de seis meses de los procedimientos de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional.
I. Introducción
Introducción
Ya hablamos anteriormente sobre los plazos de garantía y prescripción establecidos en los artículos 17 y 18 de la LOE, siendo la cuestión a tratar en el presente post, el momento en el que se debe considerar que nace el inicio del cómputo del plazo de prescripción de dos años para ejercitar la acción de reclamación contra el agente que se considere responsable, dependiendo de si nos encontramos ante daños de carácter permanente o daños que puedan ser considerados como continuados.
Desde que el RD 463/2020, de 14 de marzo (SP/LEG/28571), declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la limitación de la libertad de circulación de las personas ha obligado a dejar los vehículos parados, a excepción de los viajes permitidos, con independencia de si estaban o no en zonas de aparcamiento regulado. Pese a que la suspensión de plazos administrativos se ha regulado en el RD 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el RD 463/2020, de 14 de marzo (SP/LEG/28697), para el asunto tratado en este post, se entiende que es de aplicación el RD 463/2020 de 14 de marzo, pues el precitado RD 465/2020 se refiere a otras especialidades.
Samuel de Huerta Hernández
Como es sabido, la normativa de extranjería impone al extranjero el deber de renovar su autorización de residencia y/o trabajo cuando esta es temporal conforme a las previsiones del Reglamento de Extranjería RD 557/2011, de 20 de abril, pero también, de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, y en el caso de que sea portador de una autorización de estancia por estudios, intercambio de alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado, le permite la posibilidad de prorrogar su duración.
La necesidad de aunar la pluralidad de textos y modificaciones que acentuaban el abigarramiento de la materia concursal ha motivado que el pasado 7 de mayo se publicara el nuevo texto refundido de la Ley Concursal (REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal- SP/LEG/29544-, posteriormente RDLC).
