-1.png?width=300&height=300&name=Logo%20Redes%20Halloween%20(1)-1.png "Editorial Jurídica Sepin")
Tras el levantamiento del estado de alarma el pasado 21 de junio, han comenzado a producirse los primeros pronunciamientos judiciales sobre algunas de las cuestiones a que ha dado lugar la crisis sanitaria producto del Covid-19.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha publicado una Guía de criterios de actuación en materia de custodia compartida (SP/DOCT/106665) un documento que pretende proporcionar una herramienta práctica a la hora de tomar decisiones relativas a la custodia de los hijos menores en los procesos de separación, divorcio o ruptura de la pareja y del que hemos hablado recientemente (SP/DOCT/106710).
La Disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler establecía ya hace más de un año, la creación del «Sistema estatal de índices de referencia del precio del alquiler de vivienda». La crisis sanitaria originada por el COVID-19 paralizó el estudio y presentación de este sistema, cuyo objetivo no era otro que establecer un control de rentas en áreas tensionadas, y que fue objeto de numerosos comentarios y críticas en los medios de comunicación, remitiendo a los comentarios de Alberto Torres López, Director Jurídico de Sepín.
Muchos Abogados nos hemos planteado si los decretos y autos que resuelven los recursos de reposición y revisión deben contener un pronunciamiento expreso sobre costas.
El Tribunal Constitucional ha dado un espaldarazo al arbitraje español, y por extensión al resto de procedimientos de resolución de conflictos extrajudiciales.
Como bien es sabido en el Derecho civil catalán si los cónyuges no han otorgado capítulos matrimoniales al contraer regirán sus relaciones económicas por el régimen de separación de bienes, regulado en los artículos 232-1 a 232-12 del Código civil de Cataluña.
La reducción de movimientos durante el Estado de alarma ha conllevado el poco o ningún uso del automóvil mientras que los recibos del seguro seguían pasando por el Banco puntualmente, lo que ha hecho cuestionarse a muchos propietarios de vehículos, más aún con las dificultades económicas en las que han caído muchas familias, porque pagar cuando no se ha utilizado. En este post te contamos si es correcto que la aseguradora haya cobrado las primas y si habrá opción para alguna compensación.
I. La polémica sobre la actual redacción del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
El artículo 10 de la LPH establece: “1. Tendrán carácter obligatorio y no requerirán de acuerdo previo de la Junta de propietarios, impliquen o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, y vengan impuestas por las Administraciones Públicas o solicitadas a instancia de los propietarios, las siguientes actuaciones:
INTRODUCCIÓN
