El blog jurídico de Sepín

Todo se justifica por la crisis económica, incluso la elaboración de la reforma en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas llena de «bondades«. Así se indica el preámbulo del Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 35/2006, que recientemente ha dado a conocer el Gobierno y el Ministerio de Hacienda.

Mermados durante estos años los ingresos tributarios y con un nivel de déficit público desconocido, llega el momento de cumplir cuentas por realizar una larga travesía de la austeridad. En términos generales se plasma en una reducción de la carga impositiva en Renta para los próximos ejercicios.

Y sí, los tipos bajan, pero ¿cómo se suple la merma de ingresos en las arcas del Estado? Entre otras, la respuesta se encuentra en establecer la tributación de las indemnizaciones laborales, que hasta el presente y como regla general se consideraban exentas y la supresión de la deducción por el alquiler de vivienda, sin que cualquier otra opción hubiera sido posible su planteamiento de forma válida.

¿Nos encontramos entonces con una reforma fiscal encaminada a compensar al contribuyente «austero»? Juzguen Ud. mismos por la lectura y análisis de los aspectos a modificar de la norma, que se resumen en:

La Sala Primera del Tribunal de Justicia Europeo ha dictado en fecha de 19 de junio de 2014, (SP/SENT/765579), una sentencia  que viene ampliar el concepto de trabajador tal como lo entiende el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, de Roma de 25 marzo 1957.

El caso cuenta con los siguientes antecedentes:

Se trata de una mujer de nacionalidad francesa que ha estado trabajando como profesora de apoyo durante varios años en Reino Unido y posteriormente se matriculó en un curso en la Universidad como complemento a su formación.

Hoy nos vamos a centrar en la historia, desde el punto de vista humano, de una preferentista, elegida al azar y que representa a toda una parte importante de la sociedad, que pasa por estos mismo avatares.

Es una deportista de élite que afronta, por su edad, la última etapa de su carrera deportiva.

En esta ocasión nos hacemos eco de la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 16 de Mayo de 2014, en la que se evidencia la imprecisión terminológica de nuestro Código Civil, lo que ha dado lugar a que la ineficacia negocial sea uno de los conceptos más oscuros de nuestro derecho, como ya señalábamos en otro post.

La cuestión jurídica gira en torno a la celebración de un contrato de compraventa que tiene por objeto un local comercial y una entreplanta, la cual es una edificación fuera de la ordenación urbana. Partiendo de tal ilegalidad el comprador formula demanda en la que, basándose en el error como vicio de la voluntad, interesa que se declare “resuelto” el contrato, lo que acuerda la Audiencia Provincial, que declara la resolución.

Inauguré hace ya casi dos años el apartado de responsabilidad civil y seguros del Blog Jurídico de Sepin con un post sobre los Accidentes en piscinas comunitarias en el que ya advertía la necesidad de cumplir con la normativa administrativa como forma de evitar la atribución de algún tipo de acción u omisión que pudiera generar una responsabilidad civil de los titulares de las mismas.

Retomo a dicho asunto porque en el año 2013 se ha aprobado el Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, que actualiza y describe los criterios sanitarios básicos y mínimos de la normativa de piscinas en el ámbito nacional, quedando derogada la Orden de 12 de julio de 1961 por la que se someten las piscinas privadas a lo dispuesto en la Orden de 31 de mayo de 1960, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el mismo.

Por su fecha de emisión, posiblemente dicha norma haya pasado desapercibida para muchas Comunidades de Propietarios a las que afecta.

En reciente sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas con fecha del día 12 de junio, se ha confirmado la posibilidad de que la viuda del cónyuge fallecido tenga derecho a una compensación financiera correspondiente a las vacaciones anuales no disfrutadas por su marido.

La cuestión planteada nace con motivo del rechazo por parte del Estado miembro, en nuestro caso Alemania, de la reclamación de la viuda al no considerarse el fallecimiento del trabajador como una causa de finalización del contrato que dé lugar al nacimiento del derecho a la compensación por las vacaciones anuales no disfrutadas por el cónyuge fallecido, con motivo de una enfermedad grave que arrastraba y al que se le concedió baja laboral hasta su fallecimiento final.

Estos días en nuestros informativos destacan la noticia de que el legislador está tramitando con urgencia una reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial para “aforar” a determinados miembros de la Familia Real. La opinión pública asocia ese verbo a una especie de bola de cristal en la que se encierra a determinadas personas con cargos públicos para protegerles de ataques judiciales, encadenándolo en muchos casos con la inviolabilidad o inmunidad de estas personas, aunque cometan infracciones penales. Aquel sentir relaciona este privilegio principalmente con la clase política y pone el grito en el cielo ante la gran cantidad de casos de corrupción que inundan nuestros órganos judiciales y lo ve además como una suerte de discriminación positiva que favorece a los aforados, que no se someten al mismo sistema judicial que el resto de los mortales. Ante estas circunstancias, los propios políticos, ciertos sectores, están clamando por suprimir esas prebendas, o al menos reducir ostensiblemente el número de personas a las que afecta (se habla de que en España tenemos alrededor de 10.000 personas aforadas).

¿En qué consiste el “aforamiento”?

Se habla de “los nuevos modelos de familia”, pero en realidad son expresión de las nuevas relaciones que hoy día se entretejen: familias reconstituidas, visitas con allegados, menores que no son hermanos y conviven como tales, relaciones con las exparejas, familias monoparentales, abuelos custodios, progenitores del mismo sexo, menores nacidos de “madres de alquiler”, relaciones transfronterizas e internacionales, adopciones, acogimientos… Todas ellas son una realidad.

Ante una ruptura matrimonial o de pareja, la vida sigue su curso y sorprende a estas personas, progenitores e hijos, con nuevas familias, nuevos matrimonios o parejas, nuevos hijos, y, así, se genera un entramado de lazos familiares, parentales y personales a los que el Derecho de Familia también debe prestar atención y proporcionar cobertura legal.

El incremento del número de separaciones y divorcios, como refleja la última Estadística del CGPJ, es evidente, y el informe concluye que, en el primer trimestre de 2014, aumentaron un 11,3 %. Esto también determina el crecimiento de las llamadas familias reconstituidas, ensambladas o «stepfamilies», que pueden abarcar distintas situaciones: uno de los adultos tiene un hijo o varios de una relación anterior o bien ambos aportan hijos de relaciones anteriores, ampliándose también con el nacimiento de nuevos hijos comunes.

El Gobierno de Cataluña pretende la aprobación de una Ley que modifique el Libro V del Código Civil de Cataluña con el objeto de introducir dos nuevas figuras jurídicas en su derecho, que son la propiedad temporal y la propiedad compartida.

De momento ya se ha aprobado el proyecto de ley, y dicha modificación tiene como finalidad el que exista una fórmula intermedia más flexible y adecuada a las necesidades actuales para facilitar el acceso a la vivienda.

El Libro II del Código Civil de Cataluña introdujo la figura del Plan de Parentalidad, regulada en su art. 233-9, como el instrumento con el que los progenitores determinen la forma de ejercicio de sus responsabilidades parentales, detallando los compromisos que asumen respecto a la guarda, el cuidado y la educación de sus hijos.