El blog jurídico de Sepín

El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de las Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 586/2017, de fecha 5 de julio, recaída en el rec. 13/2015, y 598/2017, de la misma fecha, recaída en el rec. 7/2016 en las que la cuestión controvertida se centra en una materia poco usual, cual es, la demanda de error judicial, cuyo régimen legal se contiene en los arts. 293 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Esta, entre otras, es una de las novedades que la modificación del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos (RD 1065/2007, de 27 de julio) con entrada en vigor prevista para el 1 de enero del 2018 establece: «la obligación de trasladar la información de sus anuncios a la Administración Tributaria específica por las “plataformas colaborativas” intermediarias en el arrendamiento o cesión de uso de viviendas con fines turísticos sobre los inmuebles ofertados y las contrataciones efectuadas». Pendiente de desarrollo normativo del contenido de la información que deberá ser aportada, probablemente incluya los datos de los importes percibidos y la duración de las estancias, así como los relativos a la identificación de los propietarios y de los contratantes del arrendamiento.

El tiempo no se detiene y en unos días comenzará un nuevo curso universitario, formación profesional o máster de especialización… Muchos de nuestros hijos o los de nuestros amigos inician otro año de estudios y necesitan trasladar su residencia y buscar un lugar donde vivir, para ello deben elegir la mejor opción, residencia o colegio mayor o bien una vivienda compartida.

Si hay un documento estrella en materia de Extranjería, no cabe duda de que ese es el pasaporte. El pasaporte es un documento que cumple una doble función, por un lado, acredita la identidad y la nacionalidad de una persona y por otro es necesario como documento de viaje cuando se pretende un desplazamiento entre Estados.

Frecuentemente nos encontramos con supuestos en los que la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, no proporciona soluciones indicando si procede o no la condena en costas.

Las vacaciones de verano ya han llegado para muchos y, antes de cargar pilas hasta septiembre, hacemos un repaso de nuestras entradas más destacadas de la primera mitad de 2017.

Los avances tecnológicos no van de la mano de la “Administración de Justicia”. Nuestros gobernantes pretenden colocar a España en la vanguardia de los sistemas jurídicos y judiciales, pero da la sensación de que solo buscan ofrecer al exterior una imagen de modernidad que en la práctica no se traduce en una realidad cierta. El sistema LexNet, impuesto a capón a abogados y procuradores, no termina de resultar del completo agrado de todos. Tampoco los Fiscales están muy conformes con la implantación del “papel cero”, ni con el funcionamiento de su aplicación informática “Fortuny”. Recientemente dos de sus asociaciones mayoritarias emitieron un comunicado conjunto en el que rechazaban el calendario para la implantación digital que tenía preparado el Gobierno. Entre los Magistrados tampoco faltan las críticas al “expediente judicial electrónico”; los Presidentes de las Audiencias Provinciales, en sus Jornadas anuales celebradas en León los días 14 a 16 de junio, formularon al Consejo General del Poder Judicial una serie de propuestas en orden a solucionar las deficiencias de los sistemas y aplicaciones informáticas y a unificar los mismos en todo el territorio nacional (SP/DOCT/22898); de hecho, las cuatro asociaciones de Magistrados se reunieron con el titular del Ministerio de Justicia, quien se comprometió a abordar, entre otros problemas que le fueron expuestos, el de la modernización de los medios tecnológicos con que cuentan los órganos judiciales para llevar a cabo su función jurisdiccional.

Para los que nos dedicamos al estudio y análisis de las novedades legislativas, se ha convertido en habitual prestar especial atención a las disposiciones adicionales o finales de cualquier norma, porque es probable que el legislador aproveche para establecer modificaciones, derogaciones, o añadidos a normas de especial importancia, de una manera un tanto encubierta.

Carolina Marín Pedreño y Adriana De Ruiter

Abogadas especializadas en Sustracción internacional de Menores. ASIME

Las vacaciones escolares ya están aquí y los planes para llevarse los niños de vacaciones fuera de España y/o a visitar a familiares que viven fuera, ya se están concretando. Esta es sin duda una de las épocas de más trabajo para los abogados especializados en Derecho de Familia. Por un lado, el progenitor que se queda en España contacta alarmado al conocer que los niños no están en España, o el progenitor que quiere hacer el viaje se encuentra con una negativa rotunda a punto de embarcar. Sin embargo, cada vez es más común que al padre que está separado le surja la duda de si se puede llevar a los niños al extranjero y consulte qué puede hacer.

El Código Civil, en los arts. 361 y siguientes, regula la figura de la accesión en relación con los bienes inmuebles, estableciendo como norma general de nuestro Derecho, la máxima de que lo edificado cede a favor del suelo, por lo que el dueño de un terreno debe ser considerado también como tal de las construcciones que se realicen en él.