En los últimos meses, y a raíz de un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sentencia de 2 de marzo de 2017, asunto C568/15 – SP/SENT/889749-), han vuelto a surgir titulares en multitud de medios de comunicación que resaltan la ilegalidad del uso de los 902 en los servicios de atención al cliente. Los siguientes son, entre muchos otros, ejemplos de ello:
El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 276/2017, de fecha 30 de marzo, recaída en el Recurso 2155/2015, en la que la cuestión controvertida se centra en determinar si estamos ante un despido tácito cuando la empresa acuerda suspender el contrato de trabajo de su empleado como consecuencia de que ha sido privado temporalmente del permiso de conducir, necesario para realizar su actividad laboral.
El XII Seminario de Fiscales Delegados en Violencia de Género, celebrado en Madrid el 7 y 8 de noviembre de 2016, dio a conocer hace un mes sus conclusiones de las que, dado el enorme interés que tienen los temas tratados, nos queremos hacer eco de forma pormenorizada, pero invitando también a la lectura del documento completo de la Fiscalía.
Una de las cuestiones que más polémica genera, cuando estamos ante la compraventa de una vivienda en construcción o sobre plano, es la referente a la fecha de entrega de la vivienda, y cuando se debe entender que la misma se ha producido, a los efectos de la posible existencia de una demora que pudiera dar lugar a la resolución del contrato o a la solicitud de una indemnización por daños y perjuicios por parte del comprador.
Las Sentencias de marzo y abril de 2017 sobre contratos de swap asesorados a Sociedades de responsabilidad limitada, vuelven a insistir en una serie de aspectos fundamentales que configuran ya toda una doctrina. Así, la Sentencia TS, Sala Primera, de lo Civil, 20-4-2017 (SP/SENT/897832) incide en que abonar liquidaciones negativas para cumplir el contrato de swap no implica convalidar ni confirmar su nulidad generada por la infracción del deber de información.
Llega un momento en la mediación en el que, una vez se han expuesto los asuntos que nos llevaron a requerir los servicios de un mediador, y después de que cada parte haya tenido un espacio para contar su vivencia del conflicto, se produzca cierto vértigo en el mediador, y es en la consecución de un acuerdo.
Analizamos algunas de las cláusulas más habituales que no podrían incluirse en la actualidad en un contrato de arrendamiento de vivienda posterior al 1 de enero de 1995, ya que resultarían “NULAS” por ir en contra de lo dispuesto en la Ley de Arrendamientos Urbanos.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 3 LPH, en el régimen de propiedad establecido en el art. 396 del Código Civil corresponde a cada piso o local:
A la hora de determinar la competencia territorial en el orden civil, al margen de otras leyes especiales, se aplican los fueros previstos por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con la siguiente jerarquía:
Para Tributos, la actividad de grabar vídeos y subirlos al portal web YouTube constituye una actividad económica a los efectos fiscales, con independencia de que se realice como una afición o hobby y del medio físico empleado en la grabación, lo que incluye capturas desde el PC, el teléfono móvil o una tablet.
