El blog jurídico de Sepín

*NOTA: Escarlata Gutiérrez, Fiscal, impartirá una formación online el 28 de mayo a las 18:00 en la que analizará los aspectos sustantivos y procesales en el ámbito penal de la declaración del estado de alarma por COVID-19. Inscripciones pulsando aquí.

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (SP/LEG/28571), por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (al que conocemos como “coronavirus”), se publicó en el BOE y entró en vigor aquel mismo día, para hacer frente de inmediato a la situación de emergencia provocada por la altísima capacidad de contagio del citado virus entre la población.

Siempre que escuchamos la palabra “delito” la cabeza nos lleva de forma instintiva al Código Penal, puesto que en este texto legal tienen su ubicación las conductas criminales merecedoras de reproche punitivo. Pero siendo acertada esa primera idea, no es del todo precisa, pues existen varios delitos previstos y castigados fuera de aquella norma sustantiva, dispersos en varias leyes especiales, si bien su enjuiciamiento también se lleva a cabo a través de las reglas recogidas en nuestra ley procesal penal.

Estos últimos días los medios de comunicación están incidiendo en la noticia de que el nuevo Gobierno va a acometer una reforma del Código Penal en materia de delitos de rebelión y sedición. Realmente no se trata de una noticia inesperada a la vista de los pactos de investidura, algunos de los cuales desconocemos, pero intuimos. Este es uno de ellos y responde a la senda de “desjudicialización” de la vida política que se nos ha venido anunciando y que ya se ha emprendido con este primer peldaño.

Han sido varias las preguntas que se nos han planteado desde nuestro Servicio de Consultas en relación con la extinción (o en su caso, la atenuación) de la responsabilidad penal en los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social a través de la figura de la “regularización”. Trataremos de condensar sistemáticamente en estas breves líneas las principales cuestiones que pueden surgir.

El pasado 31 de octubre la Sección 22 de la Audiencia Provincial de Barcelona dictó Sentencia en el caso de “la manada” de Manresa. Dado que el texto de esta se encuentra redactado en catalán, haré primero un resumen de los hechos y fundamentos de derecho.

Llevamos unos cuantos días sorprendidos por las noticias periodísticas que se han ido sucediendo en relación con la sentencia del “procés”, antes de que esta se diera a conocer.

A. INTRODUCCIÓN

El pasado mes de abril se aprobó por el Parlamento Europeo la Directiva de Protección al Denunciante de Corrupción (whistleblower) con el voto favorable de una amplia mayoría de los miembros de esa Cámara. Esto supone que para el año 2021 los diferentes Estados han de acomodar sus legislaciones al modelo que introduce esta Directiva, que no solo contempla garantías para proteger a los denunciantes, sino que además introduce un elenco de características que han de reunir los canales de denuncias internos, que se establecen como obligatorios en determinados casos.

La Sala Segunda de nuestro Tribunal Supremo en sentencia nº 326/2019, de 20 de junio (SP/SENT/1009597), con Ponencia de Don Pablo Llarena Conde, acaba de emitir su primera resolución en relación con “bitcoins” y su naturaleza a efectos de responsabilidad civil derivada de delito. Efectuaremos aquí un breve esbozo de ese novedoso pronunciamiento.

La avería que puede generar a nuestros clientes un simple error técnico del sistema LexNet puede ser importante. En el caso que hoy venimos a exponer, un deficiente funcionamiento de ese sistema unido a una falta de diligencia del Juzgado, dieron lugar nada menos que a una sentencia condenatoria que incluso se confirmó en segunda instancia, todo lo cual hoy ha sido declarado nulo por el Tribunal Constitucional, que ordena repetir el juicio.

Apuntes personales previos

A través del departamento de consultas de SEPÍN hace unas semanas un suscriptor nos preguntaba diversas cuestiones relacionadas con un procedimiento por abusos sexuales supuestamente cometidos por un sacerdote respecto a un menor a quien impartía catequesis. La cabeza me trasladó a dos profesores conocidos por mí, de dos distintos colegios; uno ya condenado y el otro actualmente investigado por actos delictivos similares perpetrados en los centros en los que impartían enseñanza. En su momento no me podía creer las respectivas noticias que sucesivamente me llegaron. Me impactaron mucho. Ambos eran profesores que consideraba ejemplares y estuve convencido durante un tiempo de que esas noticias sólo podían obedecer a una terrible equivocación. Así pensábamos todos quienes les conocíamos. Pues no; las noticias resultaron ser reales, aunque sigo con los ojos como platos.