Cada día millones de usuarios comparten gratis su vida en redes sociales como Facebook o Instagram, exponiendo todo tipo de información personal, gustos, aficiones, pensamientos (políticos, sociales, religiosos, laborales…), incluyendo entre ella constantes datos sobre su localización con todo lujo de detalles e imágenes (lugar de residencia, desplazamientos vacacionales, escapadas de fin de semana, etc.).
La Subdelegación del Gobierno en Alicante acaba de publicar la nota informativa habitual con ocasión del próximo período navideño. En ella recuerda las previsiones que deben tener en cuenta los extranjeros que aprovechando estos días, vayan a salir del país entre el 11 de noviembre de 2019 y el 12 de enero de 2020.
Cuando la exigencia del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU o plusvalía en sucesivas) depende exclusivamente de la ficción de existencia de un incremento de valor por el solo hecho de mantener un inmueble en el patrimonio topa con la realidad de supuestos en los que no se producen incrementos, sometiendo a tributación riquezas inexistentes, es claro que se está vulnerando el principio tributario de capacidad económica consagrado en el art. 31.1 de la Constitución Española y lo procedente es la consideración de las autoliquidaciones y liquidaciones nulas pero, ¿y cuándo la pérdida es producto de restar a la ganancia obtenida el IIVTNU? Para el Tribunal Constitucional la respuesta es afirmativa, nos encontramos ante una situación inconstitucional y nula.
La Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 85/374, de 25 de julio, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos, propone conseguir dentro del ámbito comunitario un régimen jurídico homogéneo sobre responsabilidad por productos defectuosos, por entenderse que este régimen de la responsabilidad afecta directamente al mercado común. La Directiva se promulga en un contexto de conflicto entre las legislaciones europeas. Se plantean en Europa dos regímenes normativos distintos, el planteamiento alemán que extiende la responsabilidad a los productos dañinos, y la francesa que los excluye. La «opción legislativa» alemana que impone al productor responsabilidad frente a los denominados «riesgos de desarrollo» (Entwickelungs-gefahren), fue promulgada ante la tragedia causada por la droga Thalidomida, fabricada en Alemania. La normativa que impone una responsabilidad objetiva fue reiterada en la Zweite Gesetz zur Änderung schadensersatzrechtlicher Vorschriften (Ley Segunda de Modificación de las disposiciones del Derecho de Daños) de 19 de junio de 2002.
¿Tienen los progenitores la facultad de decidir si vacunan o no a sus hijos menores? ¿Puede la Administración adoptar medidas en caso contrario? ¿Cuál es el interés superior de los menores en estos supuestos?, ¿Puede el Juez decidir en caso de conflicto? Estas y otras muchas cuestiones surgen al hilo de un debate sobre el que recientemente se ha pronunciado la Sección 6.ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra.
En el régimen de propiedad horizontal todas las decisiones han de pasar por la adopción de los acuerdos comunitarios, por eso, es importante saber cómo se ha de convocar una Junta, redactar el “Orden del día”, conocer el quorum necesario en cada supuesto, qué propietarios pueden votar, cómo se computan las votaciones, la forma de redactar el acta, el envío, el voto de los ausentes en los supuestos en los que proceda, en definitiva, se trata de una propiedad compartida, con elementos privativos y comunes y, es por eso, que es necesario el consenso de los comuneros.
1. Introducción
Se ha publicado, en muchos foros, el Acuerdo de la Junta Sectorial de Magistrados de las Secciones Civiles y de la Sección Mercantil de la Audiencia Provincial de Madrid, celebrada el pasado 19 de septiembre de 2019 (SP/DOCT/83479).
El pasado 31 de octubre la Sección 22 de la Audiencia Provincial de Barcelona dictó Sentencia en el caso de “la manada” de Manresa. Dado que el texto de esta se encuentra redactado en catalán, haré primero un resumen de los hechos y fundamentos de derecho.
El derecho al sufragio activo, comúnmente conocido como “derecho al voto”, tiene la gran trascendencia de ser, nada menos que, la piedra angular de los derechos políticos y sociales que disfrutamos los ciudadanos de las sociedades democráticas.
Aunque todavía no se ha publicado la sentencia n.º 1740/19 de la Sección 4.º de la AP de Vizcaya de 22 de octubre de este año, me ha parecido relevante comentarla por las consideraciones tan necesarias que realiza en torno a la mala fe.
