El blog jurídico de Sepín

Por fin hemos conocido la esperada sentencia de nuestro Alto Tribunal n.º 149/2020, de 4 de marzo, sobre el denominado contrato de préstamo revolving, tema que ha suscitado en los últimos tiempos una alta litigiosidad, con abundante jurisprudencia contradictoria desde que el TS dictara la conocida sentencia de 25-11-2015 (SP/SENT/832985) en la que fijó doctrina jurisprudencial sobre este tema.

La Ley de Propiedad Horizontal, Ley 49/1960, está a punto de celebrar su aniversario, el 21 de julio cumplirá 60 años. Como en todos estos eventos, es el momento de echar la vista atrás, recordando, su nacimiento, sus primeros pasos, su crecimiento y cambios y desde luego su mejorable, aunque, buena, situación actual.

En respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Juzgado de Primera Instancia n.º 38 de Barcelona en el marco de un litigio de nulidad por abusividad de la cláusula IRPH, entre un consumidor y Bankia, la sentencia establece las siguientes conclusiones:

Con independencia, y a la espera, de que la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones haga públicas por resolución las cuantías indemnizatorias actualizadas, se establecen por Sepín unos criterios para la aplicación del incremento correspondiente a determinadas tablas para facilitar su conocimiento. Ya que según el art. 49 del RDL 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, las actualizaciones de las cuantías y límites indemnizatorios fijados en la Ley y en sus tablas, son automáticas.

El término “economía colaborativa” (sharing economy) designa un “cajón de sastre” donde coexisten actividades de distinto tipo, y que quizá presentan tan solo una característica común, consistente en que todas estas manifestaciones están basadas en las tecnologías de la información y comunicación, que permiten la creación de redes sociales virtuales, plataformas y portales web donde se pueden realizar interacciones entre individuos de forma masiva. Se trata de un “sistema económico” en el que se “comparten o intercambian” bienes y servicios a través de plataformas digitales.

Nota: Como consecuencia de la declaración del estado de alarma el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, suspendió los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos.

Tras varios años desde que se inició el litigio, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)  ha dictado una sentencia que vaticinamos que causará mucho revuelo. En ella, parece dar cobertura a devoluciones en caliente, por las que España ya fue condenada previamente.

Nos encontramos en la interesante sentencia de 9 de octubre de 2019 de la AP Barcelona Sección 12ª, con el supuesto en el que la hija menor reside en España con su madre, mientras el padre vive en Roma, ambos progenitores son además de nacionalidad italiana; estos datos son necesarios para comprender las medidas que se adoptaron en primera instancia y que ahora se resuelven en apelación.