El blog jurídico de Sepín

En el presente post, vamos a referirnos a la regulación establecida en Código Civil, dejando al margen las especialidades que existen en aquellas Comunidades Autónomas que regulan esta cuestión en su propio derecho foral.

¿Quién decide que casos pueden derivarse a mediación?

El juez es quien tiene capacidad de decidir qué casos pueden ser derivados a mediación, al realizar una valoración inicial, conectando la mediación al proceso y favoreciendo la confianza al ser una recomendación del mismo.

Siempre que escuchamos la palabra “delito” la cabeza nos lleva de forma instintiva al Código Penal, puesto que en este texto legal tienen su ubicación las conductas criminales merecedoras de reproche punitivo. Pero siendo acertada esa primera idea, no es del todo precisa, pues existen varios delitos previstos y castigados fuera de aquella norma sustantiva, dispersos en varias leyes especiales, si bien su enjuiciamiento también se lleva a cabo a través de las reglas recogidas en nuestra ley procesal penal.

El derecho a la excedencia voluntaria ha de armonizarse con el deber básico del trabajador de no concurrir con la actividad de la empresa que enuncia el apartado d) del art. 5.º del Estatuto de los Trabajadores, ya que la excedencia voluntaria no implica una extinción del contrato laboral sino su suspensión, encuadrable en el apartado a) del art. 45 del Estatuto y por ello, las obligaciones de quedar exoneradas las partes por ministerio de la ley, son sólo las recíprocas de trabajar y remunerar el trabajo, art. 45.2, sin que la Ley ni la naturaleza de la excedencia voluntaria exonere por sí sola al trabajador del deber de no concurrir con la actividad de la empresa.

Las consideraciones del Abogado general del TJUE, incluidas en sus conclusiones de 30 de enero de 2020 (SP/DOCT/95491), sobre la capacidad del consumidor de renunciar al ejercicio de acciones y sobre la validez de este tipo de transacciones no resultan del todo pacíficas. No podemos obviar que la posición del consumidor frente al banco es de clara inferioridad y que, además, no tiene ningún interés en realizar una renuncia a reclamar judicial o extrajudicialmente. Lo único que demuestra este acuerdo es que el consumidor se acoge a la posibilidad inmediata de pagar menos por una cláusula introducida sorpresivamente en el contrato.

Se avecinan cambios, y probablemente no del gusto de todos o, al menos, de una gran mayoría de los abogados. El ruido de tambores lleva oyéndose ya desde hace unos meses. El origen principal de todo ello lo encontramos en la Proposición de Ley del Grupo Socialista del Congreso de los Diputados, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, presentada el 14 de septiembre de 2017 y respecto de la que concluyó el plazo de enmiendas el 3 de abril de 2018.

Hoy 11 de febrero se celebra el Safer Internet Day (día de Internet Segura). La seguridad de la información y ciberseguridad son unos de los grandes retos a los que se enfrentan las compañías en la actualidad, siendo de gran importancia la elaboración de protocolos de actuación y la formación de los empleados para aminorar los daños ante las posibles brechas. En esta ocasión vamos a tratar las distintas fases que se deben tener en cuenta a la hora de responder ante un incidente de seguridad.

Sobre este tema ya me pronuncié en la Guía sobre los recursos publicada por la editorial Sepín.

En el momento de la liquidación, ¿tiene derecho de reintegro el cónyuge que realizó aportaciones privativas que se confundieron con los bienes gananciales?

A nuestro juicio, y a pesar de la frecuencia con que se dan en la práctica este tipo de acuerdos modificativos del contrato inicial, no es válida una cláusula de modificación o de incremento – no de actualización – sobre la renta inicialmente pactada, ya que contraviene claramente lo dispuesto en los arts. 18 y 6 de la LAU.