El blog jurídico de Sepín

El pasado mes de junio el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las Comunidades Autónomas presentaron la primera Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que fue aprobada en el Consejo de Ministros celebrado el 26 de julio de 2013. Con una vigencia de cuatro años, de 2013-2016, viene a vertebrar las nuevas actuaciones que los poderes públicos quieren a llevar a cabo en contra de este grave problema social.

«Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen, pierden el respeto«. Con esta cita, que viene atribuyéndose al científico alemán Georg Christoph Lichtenberg, quiero comenzar un nuevo post dedicado a la importancia del saber estar y comportarse en el seno de un proceso judicial y el respeto debido entre los profesionales intervinientes en el mismo.

Ya en ocasiones anteriores he aprovechado la oportunidad que nos brinda SEPIN de abrir debates mediante este blog, para discernir sobre la relevancia del buen comportamiento en la actuación forense, si bien hasta el momento me he centrado en el actuar de los abogados y procuradores.

Cada 12 de Julio se celebra el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, para defender y divulgar la labor realizada por más de 39.000 abogados de oficio, 24 horas al día, 365 días al año, a través de los Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de Oficio. En la página web de la Abogacía Española y en las diferentes páginas de los distintos Colegios de Abogado hay información importante sobre este aniversario.

Igualmente se ha publicado el Manifiesto del Día de la Asistencia Gratuita «LA ÚLTIMA ESPERANZA DE LOS MÁS VULNERABLES».

Llega el verano, y las ansiadas vacaciones, y puesto que los edificios quedan más desprotegidos, los amigos de lo ajeno suelen aprovechar la época estival para entrar en las viviendas y “hacer su agosto”. Además de este mal trago, podemos encontrarnos con que la aseguradora a la que estamos pagando religiosamente la prima del seguro del hogar niega la cobertura de los bienes desaparecidos, si no hay signos evidentes de la forma en que se ha accedido a la vivienda.

¿Y a que se acoge la aseguradora para esa negativa?

Vacaciones…, esa anhelada palabra cuyo origen etimológico procedente del latín “vacatio” que significa estar libre, exento de obligación, desocupado, vacante… periodo que solemos aprovechar para recuperar las energías físicas y mentales consumidas durante el largo año de trabajo y que puede perder todo su significado por culpa de una incapacidad temporal imprevista.

Así pues, teniendo en cuenta la propia esencia de la palabra “vacaciones”, parece obvio pensar que la respuesta a la pregunta planteada en nuestro título será siempre afirmativa y que tendremos derecho a recuperar esos días de vacaciones no disfrutadas para que cumplan su función reparadora, pero esto no siempre fue así… 

Como todos sabemos, tras la Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo del pasado 9 de mayo de 2013 (SP/SENT/714489) en la que se apreció la nulidad de algunas de las cláusulas contenidas en determinados contratos de préstamo concertados con consumidores, por la concurrencia de motivos como: crear la apariencia de que las oscilaciones a la baja del índice de referencia disminuirían el precio del dinero; carecer de información suficiente sobre el objeto definitorio del contrato; mantener que el suelo debe de tener como contraprestación inescindible el techo; por enmascarar las cláusulas suelo entre una abrumadora cantidad de datos, para diluir la atención del consumidor; no incluir simulaciones de escenarios diversos y por inexistencia de advertencias previas y claras sobre el coste comparativo de otros productos. Se condena a BBVA, Cajas Rurales Unidas, S.C.c y NCG banco SAU a eliminarlas de los contratos y a cesar en su utilización, declarando la subsistencia de los contratos de préstamo hipotecario en vigor suscritos por las anteriores. Se declara la inexistencia de efectos retroactivos de la resolución, en aras de la seguridad jurídica??

Hoy se cumple un año desde que publicamos nuestro primer post. Comenzamos este proyecto con la idea de hacer un análisis diario de la actualidad jurídica y los resultados han sido excelentes.

Después de casi 200 posts y acercándonos a las 100.000 visitas, hemos contado con vuestro apoyo desde el primer momento y gracias a las aportaciones realizadas en vuestros comentarios podemos  seguir mejorando día a día.

Para agradecéroslo, sortearemos un ejemplar del libro de Daniel Loscertales sobre la Ley de Propiedad Horizontal, actualizado después de la última reforma operada por la Ley 8/2013.

Tras la publicación del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprobó el Procedimiento Básico para la Certificación de la Eficiencia Energética de los edificios, es necesario desde el 1 de junio de 2013 contar con el certificado de eficiencia energética tanto para los edificios de nueva construcción como para edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario.

En el ámbito de los arrendamientos urbanos, surgen varias preguntas, como ya apuntábamos en otro post, indicando a continuación los aspectos esenciales que, a nuestro entender, habrá que tener en cuenta.   

Ahora que se habla tanto de transparencia, la regulación de los Centros de Internamiento de Extranjeros es una grata noticia por partida doble. Por un lado porque el Reglamento de Extranjería 557/2011 de 20 abril, perdió la oportunidad de dotarle de algún contenido legal, y por otro porque se busca atajar los problemas de oscurantismo que les rodea como una aureola, oscurantismo que quedó patente a principios de mayo de este año 2013 cuando se vetó la visita programada a un CIE por parte de los Jueces y Fiscales participantes en el Foro de Inmigración en Gran Canaria  en el que no solo se analizó el fenómeno de la emigración desde la perspectiva del beneficio intercultural, el tráfico de la explotación de mujeres migrantes, la exclusión social y emigración en tiempos de crisis, sino que también dedicó una parte importante

La compraventa de vehículos celebrada entre particulares se rige por el Código Civil, que ofrece dos sistemas de protección al comprador cuando el bien adquirido presenta averías que impiden su normal funcionamiento.