El blog jurídico de Sepín

Si bien ya hemos comentado en este espacio las primeras sentencias dictadas en nuestro país en relación con el caso Volkswagen, ya sean favorables para el comprador o para el fabricante, una vez más acudimos a este blog para resaltar una reciente resolución de 5-01-2018 que declara la nulidad de un contrato de compraventa de un vehículo afectado por el escándalo dieselgate, condenando al Grupo Volkswagen a abonar al afectado el precio del vehículo (19.378,11€) así como los intereses legales generados a su favor, debiendo devolver el comprador el vehículo afectado.

De todas las circunstancias que deben tenerse en cuenta a la hora de establecer el sistema de guarda y custodia de los menores, una de ellas es la existencia de hermanos, y, en este sentido, el art. 233-11.2 CCCat. establece que: «no pueden separarse los hermanos, salvo que las circunstancias lo justifiquen«. No se especifica si debe valorarse que los hermanos sean mayores de edad o si tras la ruptura de la convivencia existen hermanos de vínculo sencillo. Lo que sí debemos tener presente es que las circunstancias a las que se refiere el Código Civil estarán condicionadas por el respeto al interés superior de los menores.

Una de las obligaciones que corresponden al vendedor de un inmueble una vez que se ha producido la entrega de la cosa objeto de venta al comprador, es el denominado saneamiento en caso de evicción.

El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 2191/2017, de fecha 3 de octubre de 2017, recaída en el rec. 1908/2017, en la que la cuestión controvertida se centra en un despido disciplinario en el que se le imputa al trabajador un “incumplimiento reiterado y sistemático de su jornada laboral”, y “fraude, deslealtad y abuso de derecho, al pasar dietas por comidas en lugares distintos de la geografía asturiana cuando a la hora de hacerlas se encontraba en su domicilio habitual”, incumplimientos contractuales que la empresa acredita mediante la prueba de geolocalización que se utiliza en la empresa para llevar a cabo el registro y seguimiento de la actividad laboral.

Mónica W Martínez Cortecero y Virginia González Martín

Departamento de Legislación de Sepín

Antes de contestar a esta pregunta vamos a dar marcha atrás en el tiempo.

El presente post tiene por objeto delimitar cuales son las consecuencias jurídicas para la regulación de las llamadas plataformas de prestación de servicios de Internet, en relación con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de diciembre de 2017 (asunto Asociación Profesional Élite Taxi y Uber Systems Spain S.L)

A finales de diciembre se ha publicado en algunos medios de comunicación la noticia de la unión de varias cortes españolas para que España logre convertirse en el centro mundial del arbitraje internacional y de este modo, transformarse en una institución a la altura de Londres, sede tradicional del arbitraje europeo hasta que se produzca la salida de Reino Unido de la Unión Europea,  o Nueva York.

El art. 1.967 CC establece un plazo de tres años para la prescripción de acciones correspondientes a los profesionales para exigir el pago de honorarios o retribuciones.

Para contestar a las anteriores preguntas, se debe acudir a la Ley 40/2002, de 14 de noviembre, reguladora del Contrato de Aparcamiento de Vehículos (LRCAV), que define el estacionamiento público como un espacio en un local o recinto del que es titular una persona, que cede, como actividad mercantil, para el estacionamiento de vehículos de motor, con los deberes de vigilancia y custodia durante el tiempo de ocupación, a cambio de un precio determinado en función del tiempo real de prestación del servicio. Por lo que, en principio, la vigilancia sí es obligatoria.