El blog jurídico de Sepín

El 9 de octubre entra en vigor para todo el territorio Schengen un nuevo Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el establecimiento de un Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (en adelante SEIAV) a los efectos de determinar la admisibilidad de los nacionales de terceros países exentos de la obligación de visado antes de su viaje al espacio Schengen y, si dicho viaje supone un riesgo para la seguridad, de inmigración ilegal o un riesgo elevado de epidemia (SP/LEG/24768).

La competencia territorial en el juicio monitorio se determina en el art. 813 LEC y está presidida por dos principios definidores esenciales, que son: la exclusividad en la fijación de los fueros competenciales (el art. 813 LEC dice: «será exclusivamente competente») y la imperatividad en la inaplicación de las normas de la sumisión expresa y tácita.

Confirmado, la prestación por maternidad con cargo a la Seguridad Social percibida es renta exenta, así lo declara el Tribunal Supremo en el recurso de casación objetivo para la formación de  jurisprudencia 4483/2017, resuelto en Sentencia del 3 de octubre de 2018, por el que se confirma el criterio del TSJ de Madrid en la Sentencia de 6 de julio de 2016.

Los Colegios de Abogados, a requerimiento de Hacienda, deberán aportar, en forma desglosada, la información relativa al importe de los dictámenes en juras de cuentas y tasación de costas emitidas a sus colegiados/as, aportando datos de identificación internos del dictamen con su fecha de emisión; el número del procedimiento o auto judicial del que trae causa; y la identificación del/la Letrado/a impugnado mediante su NIF y número de colegiación. Tanto la motivación como la transcendencia de la información requerida fueron objeto de impugnación en sede económico-administrativa, resolviendo la conformidad de la actuación de la Administración con la legalidad vigente.

Titulo Informativo:  Estos comentarios están realizados a tenor de la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista y del acuerdo de Unidos Podemos, pero las previsiones apuntan que el viernes 14 de diciembre el Gobierno aprobará el R.D.Ley sobre el alquiler de viviendas, texto definitivo que será objeto de estudio en distintas publicaciones de la Editorial Jurídica Sepín.    

Ya hemos vuelto de las vacaciones de verano con aires renovados y muchos temas jurídicos nuevos que analizar. Recopilamos nuestros posts más destacados de septiembre:

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado la Sentencia 396/2018, de 26 de julio, en la que sienta la doctrina de que cualquier tocamiento de carácter sexual sin consentimiento de la persona a la que va dirigido supone un abuso sexual.

Precisamente, al tener noticia de ella, estaba comentando la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1.ª, 4/2018, de 13 de junio, que también alude al consentimiento en los abusos sexuales. Los casos son diferentes, pero en ambas sentencias se declaran conceptos importantes que me llevan a abrir el análisis a ambas sobre la figura del consentimiento, es decir, a la falta del mismo.

Tras el inicio de un procedimiento formal de infracción por parte de la Comisión Europea y ante el temor de las consecuencias que de ello se derivan, se ha publicado el ya vigente Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto, que transpone diferentes directivas (SP/LEG/24689), entre las que se encuentra la Directiva (UE) 2016/801 (SP/LEG/19958).

Cada vez es más frecuente que escuchemos hablar de los Smart Contracts y de la tecnología blockchain, a la que muchos ya denominan la cuarta revolución industrial, dichos contratos, a falta de una regulación específica, plantean una serie de dudas que voy a comentar desde el punto de vista jurídico.

El tiempo tiene una gran influencia en el ámbito de las relaciones jurídicas, hay que tener en cuenta que el mundo jurídico es un mundo de plazos, de días de término y de expiración.

Desde este punto de vista la prescripción es una institución que tiene una enorme importancia, teórica y práctica ya que su finalidad primordial es la de dar seguridad jurídica al sistema, evitando que situaciones inciertas o dudosas se mantengan indefinidamente.