El blog jurídico de Sepín

El objetivo del presente post es determinar la competencia territorial en los supuestos de responsabilidad extracontractual del artículo 1902 y ss. del Código Civil. Nos surgen varias dudas al respecto debido a que tanto la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, como la nueva, no se pronuncian de forma expresa sobre el tema.

En la LEC de 1881, la jurisprudencia constante de la Sala 1ª del Tribunal Supremo venía entendiendo que la competencia territorial para el conocimiento de las acciones de responsabilidad civil extracontractual estaba determinada por la clásica regla del forum comissi delicti o del lugar de producción de los perjuicios reclamados.

Dada la incertidumbre que rodea el proceso de ratificación del Acuerdo de retirada de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea, el Gobierno ha publicado el Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas de contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la UE sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto (SP/LEG/25935) con diversas decisiones en previsión de que pudiera llegar a producirse dicha retirada sin el consenso requerido.

Vigente desde 6 de marzo de 2019 y convalidado el 3 de abril por la Diputación Permanente del Congreso

El BOE publica hoy, 5 de marzo de 2019, el Real Decreto-Ley 7/2019 de Medidas Urgentes en materia de Vivienda y Alquiler, con entrada en vigor el 6 de marzo de 2019. A continuación, hacemos unos detallados comentarios de su contenido, indicando que, por lo menos según mi criterio, este Texto es algo más equitativo que el anterior, aunque sin llegar a alcanzar una equiparación de los derechos y obligaciones de las dos partes, lo que se analizará con más detenimiento en un estudio próximo, cuando la nueva normativa sea convalidada, en su caso, por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. No obstante, debemos señalar que a partir de mañana los nuevos contratos de arrendamiento de vivienda y los procesos de desahucio por falta de pago o expiración del término tienen que acogerse a las normas del nuevo Real Decreto-Ley.

La proliferación de los accidentes en los que las víctimas son ciclistas —y también peatones—, cometidos por vehículos cuyos conductores actuaron de forma manifiestamente imprudente e incluso en algún caso, huyendo del lugar del siniestro, abandonando a su suerte al desafortunado deportista o paseante, lesionado o fallecido —siniestros que tanto eco están teniendo en nuestros medios de comunicación con el consiguiente clamor social—, ha llevado a nuestro ejecutivo a acometer una nueva reforma del texto penal sustantivo en esta materia, en la que por fin ha existido consenso, al menos mayoritario, en nuestras Cámaras legislativas, y devuelve a la vía penal diversos siniestros “menos graves” de tráfico que la reforma de 2015 trasladó a la vía civil.

La tendencia de alquilar por días o semanas la vivienda habitual para fines turísticos, unido al avance en nuevas tecnologías y la creación de empresas que a través de sus páginas web ofertan este tipo de alojamientos, ha dado lugar a un fenómeno imparable y lleno de polémica.

La figura del Coordinador de parentalidad surge en los Estados Unidos entre los años ochenta y noventa[1], cuando se plantea el problema creciente de un gran número de separaciones y divorcios que conllevan un riesgo elevado para los niños. Susan Boyne y Anne Marie Termini fueron las pioneras en desarrollar esta figura y quienes, tras su experiencia, crearon el primer manual de entrenamiento para futuros coordinadores de parentalidad en 2003. Una ADR (Alternative Dispute Resolution) centrada en los niños.

Julián López Martínez

Director de Sepín Administrativo. Abogado

En los últimos días, y como consecuencia del anuncio de elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, comúnmente denominadas elecciones «generales», se ha hecho virar en las redes sociales un mensaje que viene a decir, para aquellos pocos que aun no lo hayáis recibido, que la fecha de la convocatoria obedece a que el actual Presidente, para el caso de no ser reelegido, se aseguraría estar en el cargo al menos un año y, con ello, se generaría a su favor el derecho al cobro de un sueldo vitalicio.

El derecho de retracto de comuneros es la posibilidad que ofrece el Código Civil al copropietario de una cosa común, de subrogarse en la posición del comprador, cuando se produce la enajenación o dación en pago a un tercero de la parte de todos los demás cotitulares o de algún de ellos.

Tal y como establece el art. 49 LRSCySCVM la cuantía de la indemnización según los valores de las tablas se actualizará con el incremento del Índice de revaloración de las pensiones (IRP), sin necesidad de esperar a su publicación por la Dirección General de Seguros. En tanto se apruebe la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019, dicho índice se ha establecido mediante el Real Decreto Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo dictó a lo largo del pasado año 2018 dos sentencias de enorme relevancia para muchos de quienes participan como aspirantes en los concursos-oposiciones para el ingreso como personal estatutario de los Servicios de Salud.