El blog jurídico de Sepín

El art. 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula la orden de protección para las víctimas de violencia de género, señala que el Juez de Instrucción dictará la misma en los casos en que, existiendo indicios fundados de la comisión de un delito (o falta; hoy delito leve) contra la vida, integridad física o moral, libertad sexual o seguridad de alguna de las personas mencionadas en el art. 173.2 del Código Penal, resulte una situación objetiva de riesgo para la víctima que requiera la adopción de alguna de las medidas de protección reguladas en el artículo.

La verdad es que estamos todos tan ocupados en nuestro ámbito profesional y laboral que en la mayoría de las ocasiones están ocurriendo cosas que nos atañen, pero no les prestamos atención.

*Nota: El Pleno de la Sala III, el 6 de noviembre del 2018 y tras dos días de deliberaciones, acordó por 15 votos a 13 desestimar los recursos planteados y volver al criterio según el cual el sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en los préstamos hipotecarios es el prestatario, tal y como comentamos en el post: «¿Por qué la banca puede ser la principal perjudicada con la decisión del Pleno de imputar el IAJD al cliente/consumidor?»

Parece que la Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 2017 (SP/SENT/930241), que declaraba que el consumidor sabía lo que era un préstamo hipotecario referenciado al IRPH y que el banco no estaba obligado a explicar su funcionamiento, no ha conseguido pacificar durante mucho tiempo la polémica sobre este índice. Ya se veía venir, tras el acertado voto particular de los Magistrados Orduña y Arroyo Fiestas, quienes consideraron que dada la complejidad del cálculo del IRPH y los conocimientos del consumidor, el banco debió proporcionar un plus de información para evitar la falta de transparencia y la abusividad de la cláusula que lo preveía. Desde la publicación de la citada sentencia hasta nuestros días, el índice IRPH ha seguido generando un alto nivel de litigiosidad. Así aparece reflejado en el artículo doctrinal “Índices de Referencia de los Préstamos Hipotecarios: ¿la litigiosidad hipotecaria que viene?” (SP/DOCT/21069) del abogado especialista y Doctor en Derecho José María López Jiménez.

Cuando nos encontramos ante un inmueble que pertenece en proindiviso a dos o más propietarios, uno de los problemas más habituales que surgen, es el uso de forma exclusiva por uno de ellos, impidiendo que el resto de cotitulares pueda servirse del bien común.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en Sentencia de 14 de septiembre de 2018 (SP/SENT/970448), decide otorgar la guarda y custodia de una menor de cinco años a la tía paterna, quien había venido ejerciéndola de hecho desde el fallecimiento de la madre, pese a que el padre conserva la titularidad de la patria potestad y se le reconoce un derecho de visitas y comunicaciones.

El pasado mes de julio, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, expuso en la Comisión de Justicia del Congreso el conjunto de medidas que impulsará desde su departamento en lo que resta de legislatura y con las que pretende «articular una Justicia que satisfaga las demandas de los ciudadanos en la medida que conforman los intereses generales«.

Mucho se ha escrito sobre este tipo de arrendamientos que provoca numerosas y conocidas protestas, por ello, parecen inminentes las necesarias reformas, tanto en la Ley de Arrendamientos Urbanos como en la de Propiedad Horizontal.

En relación con las Comunidades de Propietarios, incluso en el caso de que se llegase a poder prohibir este uso, no puede aplicarse con efectos retroactivos, como ya se ha pronunciado la Sentencia del TSJ de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1.ª, de 13 de septiembre de 2018, de tal modo que no solo no será efectiva para las viviendas que ya se estén arrendando para estos fines, sino tampoco para las que hayan obtenido la correspondiente licencia administrativa.

El 9 de octubre entra en vigor para todo el territorio Schengen un nuevo Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el establecimiento de un Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (en adelante SEIAV) a los efectos de determinar la admisibilidad de los nacionales de terceros países exentos de la obligación de visado antes de su viaje al espacio Schengen y, si dicho viaje supone un riesgo para la seguridad, de inmigración ilegal o un riesgo elevado de epidemia (SP/LEG/24768).