El blog jurídico de Sepín

El auge de las nuevas tecnologías y la falta de regulación legal de las mismas hace que derechos como el honor, la intimidad y la propia imagen se vean, en ocasiones, afectados y, en peores situaciones, vulnerados por su uso incorrecto, llegando cada vez más estas situaciones a nuestro Tribunales. Por ello, en este caso, voy a comentar la Sentencia del Tribunal Supremo, Pleno, Sala Primera, de lo Civil, 476/2018, de 20 de julio, que versa sobre si la publicación en la red social Twitter, por parte de una persona, de información médica e imágenes de otra, es constitutiva de una intromisión ilegítima en los citados derechos.

La cuestión, que se resolverá por el Tribunal Supremo al admitirse vía recurso de casación objetivo para la formación de jurisprudencia por Auto de 18 de junio del 2018, en el ámbito fiscal resulta especialmente trascendente en atención a la especialidad de la extensión de efectos de sentencias en materia tributaria conforme reconoce el art. 110 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y a la pluralidad de administrados/contribuyentes que, afectos al reconocimiento de beneficios fiscales por los Juzgados y Tribunales –caso concreto de la prestación por la maternidad en el IRPF-, pretenden mediante el trámite de extensión de efectos de sentencia, sin necesidad de entrar a un debate judicial sobre la legalidad del beneficio fiscal o comparativas de fallos distintos según la territorialidad del órgano jurisdiccional, su reconocimiento, quedando hasta el presente limitado solo por el cumplimiento de los requisitos legales de:

El derecho de información en el ámbito de la contratación de derivados financieros es crucial para poder considerar válido el contrato y no incurrir en error excusable. No cabe duda de que solo se puede prestar un consentimiento válido cuando se conoce tanto lo que se está contratando como sus consecuencias jurídicas y económicas.

Por fin llegan las esperadas vacaciones para muchos. Este es el momento de hacer balance de lo más destacado en el mundo jurídico en la primera parte del año, por lo que reunimos nuestros artículos más relevantes de lo que llevamos de 2018:

El Gobierno, mediante Real Decreto-Ley 5/2018, de 27 de julio (SP/LEG/24558), ha aprobado una serie de disposiciones tendentes a adaptar el ordenamiento jurídico interno a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos y, concretamente, al Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos (SP/LEG/19835).

El Estatuto de la Víctima, aprobado por la Ley 4/2015, de 27 de abril, como ya comentamos anteriormente, tiene como finalidad ofrecer, desde los poderes públicos, una amplia respuesta jurídica y social a las víctimas, reparadora del daño en el proceso penal y minimizadora de otros efectos traumáticos en lo moral que su condición pueda generar, con independencia de su situación procesal.

Los grandes Ayuntamientos están creando un documento con el objetivo de integrar al ciudadano extranjero en situaciones de irregularidad y facilitarle la acreditación de arraigo para el supuesto de evitar el ingreso en un Centro de Internamiento o de verse inmerso en un procedimiento de expulsión.

Se acaba el mes de julio y es momento de repasar cuidadosamente nuestra agenda y comprobar qué escritos no podemos dejar de presentar durante el mes de agosto, cuáles nos esperaran a la vuelta, en septiembre e, incluso, qué otros no nos acucian y pueden retrasarse hasta el todavía lejano mes de octubre.

El último episodio de la contienda judicial por la interpretación del art. 384 del Código Penal, en concreto del inciso segundo del párrafo segundo, que lideran los Jueces-Magistrados de los Juzgados y Tribunales de Toledo, ha sido resuelto con el Auto del Pleno del Tribunal Constitucional de 20 de junio de 2018 (SP/AUTRJ/957053), inadmitiendo la cuestión de inconstitucionalidad promovida por posible vulneración del principio de legalidad penal (art. 25.1 de la Constitución Española).

El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 576/2018, de fecha 30 de mayo, recaída en el recurso 2329/2016, y en cuya parte dispositiva se desestima el RCUD interpuesto por el trabajador, contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura con fecha 10 de mayo de 2016 en el recurso de suplicación  163/2016, interpuesto frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social n.º 1 de Cáceres de fecha 3 de febrero de 2016 dictada en los Autos 457/2015, que declaraba la procedencia de la  extinción por causas objetivas comunicada al trabajador con fecha 13 de noviembre de 2015 por su empleadora, el ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE CÁCERES, ante la negativa del trabajador a la conversión de un trabajo a tiempo completo en un trabajo a tiempo parcial.