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El 12 de noviembre de 2019, publiqué en el blog de sepin el POST“La AP Madrid limita la extensión de los recursos de apelación a 25 folios ¿está justificada?” en el cual me hacía eco del Acuerdo de la Junta Sectorial de Magistrados de las Secciones Civiles y de la Sección Mercantil de la Audiencia Provincial de Madrid, celebrado el 19 de septiembre de 2019 (SP/DOCT/83479).
El pasado 15 de diciembre de 2020, se presentó el Anteproyecto de Ley de Medidas de eficiencia Procesal del Servicio Público Ministerio de Justicia (SP/DOCT/108072) que ha concluido su trámite de información pública.
Es sin duda la Abogacía una profesión acelerada y desgraciadamente no debería ser así. La redacción de escritos de carácter técnico como son los jurídicos (una demanda, una contestación, un recurso….) que realizamos a diario deberían tener unos tiempos mínimos indispensables para el estudio, reflexión y desde luego el adecuado sosiego que permita así la concreción, precisión y sistematizar los argumentos reflejados en ellos pero la mayoría de las veces esto no es posible.
En nuestro sistema procesal civil era tradicional sujetar la valoración de prueba pericial a las reglas de la sana crítica. El artículo 632 de la norma rituaria anterior establecía que “los jueces y tribunales valoraran la prueba pericial según las reglas de la sana crítica, sin estar obligados a someterse al dictamen de peritos”.
La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil establece en la mayoría de los procesos la defensa técnica asistida de abogado y representación con procurador. La actuación del procurador encaja con lo que es el mandato representativo para lo cual se precisa del otorgamiento del correspondiente poder. Las facultades englobadas en los poderes se otorgan de tres formas tal y como se especifica en el artículo 24 de la LEC.
Como explica el profesor Juan Antonio García Amado en las lecciones de su máster de argumentación jurídica, las reglas interpretativas de principio son aquellas que informan con carácter general un determinado sector del ordenamiento jurídico (Derecho laboral, penal, de menores, de familia, etc.), actuando como fórmula o cláusula interpretativa de cierre ante cualquier duda que pueda surgir en la aplicación de sus normas, dado que inspiran toda esa parcela del ordenamiento jurídico. Constituyen el factor decisivo que puede inclinar la balanza ante varias interpretaciones posibles del precepto al ofrecer una pauta de decisión ligada a los principios fundamentadores de ese ámbito jurídico en cuestión.
Son muy frecuentes los contratos celebrados por distintas entidades, empresas automovilísticas, bancos y empresas financieras vinculadas al sector automovilístico para financiar la adquisición de automóviles.
Confieso que no me había planteado que esta Pandemia Universal ocasionada por el COVID pudiera influir en los criterios de imposición de costas.
Es cierto que sí ha tenido efectos procesales muy variados y que han ido desde la suspensión de los plazos procesales, a la celebración de las vistas telemáticas o la potenciación de la fuerza mayor, recogida en el art. 134 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, como motivo de suspensión o retraso de plazos y actuaciones procesales. La pandemia ha cambiado nuestra vida y el desarrollo de los procedimientos no podía permanecer ajeno a estos cambios que nos han afectado igualmente al ejercicio profesional.
Es claro que el domicilio de las hijas e hijos menores de edad, por regla general, es el de su progenitor custodio. En caso de custodia compartida, si la resolución judicial no establece otra cosa, los hijos tienen dos domicilios. Al progenitor no custodio se le suele atribuir un régimen de visitas intersemanales y/o de fines de semana.
Desde que el pasado lunes, el Gobierno Vasco, primero, luego el de la Comunidad de Madrid y, finalmente, el Gobierno el sábado 14 de marzo acordara el estado de alarma mucho he leído sobre los efectos de esta medida y su posible aplicación en el ámbito de la justicia.
