El blog jurídico de Sepín

1. ¿Puede un abogado representarse a sí mismo/a?

La norma suprema que rige la profesión de los abogados es el Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española (SP/LEG/33246) y en su artículo 56.3 dispone que “Los profesionales de la Abogacía que se hallen procesados o imputados y se defiendan a sí mismos o colaboren con su defensor usarán toga y, en este caso, ocuparán el sitio de los profesionales de la Abogacía”. Lo cual indica que sí es posible la autodefensa letrada en un procedimiento.

Introducción

De todos es sabido que la norma general para la comparecencia de las partes a los actos del proceso civil lo es a través de sus representantes procesales, función atribuida en exclusiva a los Procuradores tal y como determinan los arts. 23, 25 y ss de la Ley 1/2000, de 7 de enero. Son estos mandatarios los que realizan válidamente, en nombre de su poderdante, todos los actos procesales gracias a las facultades que contemplan los poderes generales y/o especiales.

Pero también es cierto que dicha norma tiene sus excepciones:

Hoy nos hacemos eco de la nota de prensa que ha hecho público el Tribunal Constitucional (TC) que ha estimado el recurso de amparo de un abogado sevillano contra la resolución de un Juzgado de lo Social de Sevilla, que fijó un juicio de laboral para 2024, y ha señalado que el retraso en la celebración de juicios poco complejos supone una vulneración de derechos.

En anteriores publicaciones ya hemos tratado en Sepín la suspensión de vista por enfermedad de Letrado. Sin embargo, en este post nos vamos a centrar en la suspensión de vista por enfermedad de la Letrada, en concreto, el periodo de menstruación de esta cuando como consecuencia del mismo se produce la dismenorrea.

Nos comentan muchos compañeros que, producida la condena en costas, siendo esta firme y presentada la minuta de honorarios del Abogado y Derechos del Procurador, algunos Letrados de la Administración de Justicia, inicialmente, ya dictan un Decreto de tasación en el cual, sin esperar a que la parte contraria los impugne por excesivo o indebidos realizan un control de oficio, incluso a veces aplicando una especie de “tarifa plana” limitando los honorarios del Letrado y me cuestionan ¿se ajusta esta práctica a la Ley?

En Sepín, desde la finalización de las medidas restrictivas de acceso a los Tribunales, ocasionadas por la pandemia, hemos recibido quejas de muchos compañeros sobre las restricciones de acceso que muchos Juzgados de Madrid y de otras partes del territorio nacional seguían manteniendo a Abogados y Procuradores para acceder a los distintos órganos judiciales.

1.- Introducción

La prueba pericial presenta cuestiones prácticas controvertidas. Muchas han sido expuestas en este Blog de Sepín.

Puede afirmarse que está superada la discusión sobre la naturaleza de la actuación del perito y la vieja polémica acerca de si nos encontramos ante un auténtico  medio probatorio o ante un auxiliar del juzgado ya que el Legislador procesal civil ha optado por la primera de las posturas y así en la propia Exposición de Motivos de la Ley 1/2000, de 7 de  enero señala: “…Esta Ley se inclina coherentemente por entender el dictamen de peritos como medio de prueba en el marco de un proceso, en el que, […]no se impone y se responsabiliza al tribunal de la investigación y comprobación de la veracidad de los hechos relevantes en que se fundamentan las pretensiones de tutela formuladas por las partes, sino que es sobre éstas sobre las que recae la carga de alegar y probar” .

Es una alegría, para todos aquellos que nos dedicamos al mundo del derecho, cada vez que la Sala Primera del Tribunal Supremo proporciona respuestas y soluciones a problemas procesales abiertos desde hace años y que, ante el silencio legislativo ha dado lugar a soluciones jurisprudenciales muchas veces contrapuestas.

Una de las novedades que introdujo la Ley Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero, (SP/LEG/2012) para potenciar la actividad de las partes y, en concreto, del Procurador, descongestionando así el trabajo de los órganos judiciales y dando mayor celeridad a la actividad procesal evitando los llamados «tiempos muertos» de los actos de comunicación, como afirma en su Preámbulo, es que cuando las partes están representadas por Procurador en el procedimiento, los traslados de las copias de los escritos por ellas presentadas, ha de ser previo al profesional contrario antes de su presentación al órgano judicial.