El blog jurídico de Sepín

Como explica el profesor Juan Antonio García Amado en las lecciones de su máster de argumentación jurídica, las reglas interpretativas de principio son aquellas que informan con carácter general un determinado sector del ordenamiento jurídico (Derecho laboral, penal, de menores, de familia, etc.), actuando como fórmula o cláusula interpretativa de cierre ante cualquier duda que pueda surgir en la aplicación de sus normas, dado que inspiran toda esa parcela del ordenamiento jurídico. Constituyen el factor decisivo que puede inclinar la balanza ante varias interpretaciones posibles del precepto al ofrecer una pauta de decisión ligada a los principios fundamentadores de ese ámbito jurídico en cuestión.

Son muy frecuentes los contratos celebrados por distintas entidades, empresas automovilísticas, bancos y empresas financieras vinculadas al sector automovilístico para financiar la adquisición de automóviles.

Confieso que no me había planteado que esta Pandemia Universal ocasionada por el COVID pudiera influir en los criterios de imposición de costas.

Es cierto que sí ha tenido efectos procesales muy variados y que han ido desde la suspensión de los plazos procesales, a la celebración de las vistas telemáticas o la potenciación de la fuerza mayor, recogida en el art. 134 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, como motivo de suspensión o retraso de plazos y actuaciones procesales. La pandemia ha cambiado nuestra vida y el desarrollo de los procedimientos no podía permanecer ajeno a estos cambios que nos han afectado igualmente al ejercicio profesional.

Es claro que el domicilio de las hijas e hijos menores de edad, por regla general, es el de su progenitor custodio. En caso de custodia compartida, si la resolución judicial no establece otra cosa, los hijos tienen dos domicilios. Al progenitor no custodio se le suele atribuir un régimen de visitas intersemanales y/o de fines de semana.

Desde que el pasado lunes, el Gobierno Vasco, primero, luego el de la Comunidad de Madrid y, finalmente, el Gobierno el sábado 14 de marzo acordara el estado de alarma mucho he leído sobre los efectos de esta medida y su posible aplicación en el ámbito de la justicia.

Sobre este tema ya me pronuncié en la Guía sobre los recursos publicada por la editorial Sepín.

En primer lugar, quiero dar las gracias al compañero de Granada Alberto Salas Martínez porque fue él quien puso de manifiesto este tema que sin duda es de interés para muchos compañeros a la hora de tasar las costas y que consiste en si pueden o no incluirse los gastos de la reclamación previa hecha por letrado del accidentado a la aseguradora en el ámbito circulatorio.

1. Introducción

Se ha publicado, en muchos foros, el Acuerdo de la Junta Sectorial de Magistrados de las Secciones Civiles y de la Sección Mercantil de la Audiencia Provincial de Madrid, celebrada el pasado 19 de septiembre de 2019 (SP/DOCT/83479).

La figura del testigo-perito fue introducida en nuestro ordenamiento jurídico por la vigente LEC del año 2000 y no es desconocida en otros ordenamientos jurídicos de nuestro Derecho comparado, como sucede en Alemania, en donde lo prevé el artículo 414 de su «Ordenanza Procesal Civil» ( Zivilprozessordnung).

Dentro de la regulación del interrogatorio de parte es sin duda la ficta confessio uno de los temas de máxima actualidad y que ya analicé en anterior post.