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Confieso que cuando leí la redacción que a los arts. 34.2 y 35.2 LEC, referentes a la popularmente conocida como jura de cuentas y minuta jurada, dio la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, no salía de mi asombro.
El objetivo del presente post es determinar la competencia territorial en los supuestos de responsabilidad extracontractual del artículo 1902 y ss. del Código Civil. Nos surgen varias dudas al respecto debido a que tanto la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, como la nueva, no se pronuncian de forma expresa sobre el tema.
En la LEC de 1881, la jurisprudencia constante de la Sala 1ª del Tribunal Supremo venía entendiendo que la competencia territorial para el conocimiento de las acciones de responsabilidad civil extracontractual estaba determinada por la clásica regla del forum comissi delicti o del lugar de producción de los perjuicios reclamados.
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Cuando leí en el portal del Consejo General de la Abogacía el post «Consideración de excesivos los honorarios de letrado del demandante en asuntos de cláusulas abusivas en préstamos hipotecarios ¿Cómo afecta al consumidor?» de la compañera Cristina Vallejo no salía de mi asombro.
Pero bueno ¿cómo el Auto del Tribunal Supremo de 18/12/2018 fijaba los honorarios de letrado en 150 euros IVA incluido? ¿Hasta donde iba a llegar la valoración económica de nuestro trabajo profesional?¿estaba tan denodada la profesión de Abogado?
Luego leí en múltiples foros críticas y más críticas.
El principio de inmediación se recoge en el art. 137 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil que dispone:
«1. Los Jueces y los Magistrados miembros del tribunal que esté conociendo de un asunto presenciarán las declaraciones de las partes y de testigos, los careos, las exposiciones, explicaciones y respuestas que hayan de ofrecer los peritos, así como la crítica oral de su dictamen y cualquier otro acto de prueba que, conforme a lo dispuesto en esta Ley, deba llevarse a cabo contradictoria y públicamente».
El apartado primero del art. 448 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero, establece tres presupuestos de los recursos: 1) Que la resolución sea recurrible. 2) La legitimación para recurrir. 3) El gravamen.
La creación de los mal llamados «Juzgados especializados en cláusula suelo» ha estado rodeada de polémica desde su origen.
Vaya por delante que tal denominación popular no es correcta pues conocen cualquier materia relacionada con las condiciones generales en préstamos con garantías reales inmobiliarias y no solo las cláusulas suelo.
La Ley 2/2017, de 21 de junio, que modificó la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, establece en su art. 1 que “El servicio de asistencia jurídica gratuita será obligatorio en los términos previstos en esta ley”. Sigue diciendo, en su art. 22, que dichos profesionales “tendrán derecho a una compensación que tendrá carácter indemnizatorio”, y, en el art. 25 que se establecerán “los requisitos generales mínimos de formación y especialización necesarios para prestar los servicios obligatorios de asistencia jurídica gratuita, con objeto de asegurar un nivel de calidad y de competencia profesional que garantice el derecho constitucional a la defensa. Dichos requisitos serán de obligado cumplimiento para todos los Colegios Profesionales”.
Planificando la agenda, tecleando SUPLICOS y OTROSÍES, ¿cuántas veces hemos deseado meses de 32 días, semanas de 8 y jornadas de 30 horas? Porque los plazos nos persiguen, nos agobian y nos estresan.
Para facilitar la labor de abogados y procuradores, os regalamos este eBook, con el que será más fácil determinar si el plazo es de prescripción o de caducidad, saber su cómputo y duración, conocer si puede interrumpirse por pedir una copia del CD o una aclaración, si se puede presentar una demanda el día siguiente de su vencimiento y otras habilidades imprescindibles para dichos profesionales.
La competencia territorial en el juicio monitorio se determina en el art. 813 LEC y está presidida por dos principios definidores esenciales, que son: la exclusividad en la fijación de los fueros competenciales (el art. 813 LEC dice: «será exclusivamente competente») y la imperatividad en la inaplicación de las normas de la sumisión expresa y tácita.
Las dudas acerca de cuándo se entiende recepcionada la notificación de una resolución para poder así computar el plazo y presentar el correspondiente escrito quedan solucionadas con las Circulares 71/2018, de 6 de septiembre, y su aclaratoria la 72/2018, de 11 de septiembre, del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, que dan luz a la polémica que planteaban las diferentes fechas y horas que aparecen en cualquier carátula de LexNET.
