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La competencia territorial en el juicio monitorio se determina en el art. 813 LEC y está presidida por dos principios definidores esenciales, que son: la exclusividad en la fijación de los fueros competenciales (el art. 813 LEC dice: «será exclusivamente competente») y la imperatividad en la inaplicación de las normas de la sumisión expresa y tácita.
Las dudas acerca de cuándo se entiende recepcionada la notificación de una resolución para poder así computar el plazo y presentar el correspondiente escrito quedan solucionadas con las Circulares 71/2018, de 6 de septiembre, y su aclaratoria la 72/2018, de 11 de septiembre, del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, que dan luz a la polémica que planteaban las diferentes fechas y horas que aparecen en cualquier carátula de LexNET.
El testigo, entendido como la persona física que, sin ser parte en el proceso, es llamada a declarar, según su experiencia personal acerca de la existencia y naturaleza de los hechos conocidos con anterioridad al proceso, bien por haberlos presenciado de forma directa (testigo directo), bien por haber tenido noticia de ellos por otros medios (testigo de referencia), constituye uno de los pilares básicos de nuestro ordenamiento procesal, cumpliendo una función esencial para alcanzar la verdad en el proceso.
La cesión de crédito viene regulada en los arts. 1.526 y siguientes del Código Civil y consiste, a grandes rasgos, en la trasmisión de un crédito por parte del acreedor (cedente) a un tercero (el cesionario) sin que sea necesario ni el conocimiento ni el consentimiento del deudor [Auto del TS de 18 de noviembre de 2014, rec. 2921/2013 (SP/AUTRJ/793405) y Auto de la AP Valencia de 28 de febrero de 2018, rec. 838/2017 (SP/AUTRJ/950136)].
En el día en que celebramos la Asistencia Jurídica Gratuita, este importante servicio social que prestan y garantizan miles de Abogados de toda España (51.308 letrados en los 83 Colegios) y que es esencial para lograr las previsiones Constitucionales de los arts. 24 y 119 de nuestra Carta Magna sirvan estas líneas como reconocimiento de una labor encomiable y muchas veces no valorada suficientemente a nuestros Compañeros.
Uno de los problemas más recurrentes a los que se enfrenta nuestro colectivo, y muy especialmente el de los jóvenes abogados que comienzan su andadura, reside en la dificultad de gestionar adecuadamente el proceso de minutación, entendiéndose por tal, el proceso por el que el abogado informa por primera vez al cliente los honorarios que deberán satisfacerse y concierta con éste la forma y tiempo de pago.
Hay que partir de la distinción entre plazos procesales y sustantivos reconocida por constante jurisprudencia e, incluso dentro de estos últimos, entre lo que son plazos de caducidad y de prescripción.
Hay que partir de la redacción del art. 818 LEC:
En Sepín fuimos pioneros en constatar la increíble contradicción existente entre el art. 267.9 LOPJ (modificado por la LO 1/2009) y el nuevo art. 215.5 LEC (modificado por la Ley 13/2009), máxime cuando ambas reformas son de la misma fecha.
Dispone el art. 448.2 LEC que “Los plazos para recurrir se contarán desde el día siguiente al de la notificación de la resolución que se recurra, o, en su caso, a la notificación de su aclaración o de la denegación de esta”.
