El blog jurídico de Sepín

Nos comentan muchos compañeros que, producida la condena en costas, siendo esta firme y presentada la minuta de honorarios del Abogado y Derechos del Procurador, algunos Letrados de la Administración de Justicia, inicialmente, ya dictan un Decreto de tasación en el cual, sin esperar a que la parte contraria los impugne por excesivo o indebidos realizan un control de oficio, incluso a veces aplicando una especie de “tarifa plana” limitando los honorarios del Letrado y me cuestionan ¿se ajusta esta práctica a la Ley?

En Sepín, desde la finalización de las medidas restrictivas de acceso a los Tribunales, ocasionadas por la pandemia, hemos recibido quejas de muchos compañeros sobre las restricciones de acceso que muchos Juzgados de Madrid y de otras partes del territorio nacional seguían manteniendo a Abogados y Procuradores para acceder a los distintos órganos judiciales.

1.- Introducción

La prueba pericial presenta cuestiones prácticas controvertidas. Muchas han sido expuestas en este Blog de Sepín.

Puede afirmarse que está superada la discusión sobre la naturaleza de la actuación del perito y la vieja polémica acerca de si nos encontramos ante un auténtico  medio probatorio o ante un auxiliar del juzgado ya que el Legislador procesal civil ha optado por la primera de las posturas y así en la propia Exposición de Motivos de la Ley 1/2000, de 7 de  enero señala: “…Esta Ley se inclina coherentemente por entender el dictamen de peritos como medio de prueba en el marco de un proceso, en el que, […]no se impone y se responsabiliza al tribunal de la investigación y comprobación de la veracidad de los hechos relevantes en que se fundamentan las pretensiones de tutela formuladas por las partes, sino que es sobre éstas sobre las que recae la carga de alegar y probar” .

Es una alegría, para todos aquellos que nos dedicamos al mundo del derecho, cada vez que la Sala Primera del Tribunal Supremo proporciona respuestas y soluciones a problemas procesales abiertos desde hace años y que, ante el silencio legislativo ha dado lugar a soluciones jurisprudenciales muchas veces contrapuestas.

Una de las novedades que introdujo la Ley Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero, (SP/LEG/2012) para potenciar la actividad de las partes y, en concreto, del Procurador, descongestionando así el trabajo de los órganos judiciales y dando mayor celeridad a la actividad procesal evitando los llamados «tiempos muertos» de los actos de comunicación, como afirma en su Preámbulo, es que cuando las partes están representadas por Procurador en el procedimiento, los traslados de las copias de los escritos por ellas presentadas, ha de ser previo al profesional contrario antes de su presentación al órgano judicial.

1.- Introducción 

La coyuntura económica que vive España, fruto de la pandemia, genera muchos miedos a la hora de alquilar.

La ausencia de medidas fiscales eficaces que animen a arrendar, un sistema judicial colapsado que no acaba de funcionar  -por muchas Reformas procesales “voluntaristas” de los últimos años-, los retrasos en la tramitación de los desahucios, las nuevas suspensiones de lanzamientos o las limitaciones de las garantías que contempla la reciente normativa post pandemia….