El blog jurídico de Sepín

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Procesal (3)

 El acceso al recurso de casación y al extraordinario por infracción procesal por vulneración de normas sobre costas

 

 1.- Exclusión de la casación

Si partimos de la premisa de que el recurso de casación solo puede plantearse para denunciar infracciones civiles sustantivas tal y como dispone el art. 477.1 LEC y punto I, apdo 1 del Acuerdo de la Sala Primera del TS de 27 de enero de 2017 (SP/LEG/21346), las infracciones de normas sobre costas, como regla general, no tienen acceso al recurso de casación.

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El TS avala la limitación de extensión de los escritos de apelación

 

El 12 de noviembre de 2019, publiqué en el blog de sepin el POST“La AP Madrid limita la extensión de los recursos de apelación a 25 folios ¿está justificada?” en el cual me hacía eco del Acuerdo de la Junta Sectorial de Magistrados de las Secciones Civiles y de la Sección Mercantil de la Audiencia Provincial de Madrid, celebrado el 19 de septiembre de 2019 (SP/DOCT/83479).

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La importancia de no agotar el plazo ni utilizar el día de gracia a la hora de interponer un recurso

Es sin duda la Abogacía una profesión acelerada y desgraciadamente no debería ser así. La redacción de escritos de carácter técnico como son los jurídicos (una demanda, una contestación, un recurso….) que realizamos a diario deberían tener unos tiempos mínimos indispensables para el estudio, reflexión y desde luego el adecuado sosiego que permita así la concreción, precisión y sistematizar los argumentos reflejados en ellos pero la mayoría de las veces esto no es posible.

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¿Cuándo la valoración de la prueba pericial no respeta las reglas de la sana crítica?

En nuestro sistema procesal civil era tradicional sujetar la valoración de prueba pericial a las reglas de la sana crítica. El artículo 632 de la norma rituaria anterior establecía que “los jueces y tribunales valoraran la prueba pericial según las reglas de la sana crítica, sin estar obligados a someterse al dictamen de peritos”.

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Apoderamiento apud acta por medios telemáticos

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil establece en la mayoría de los procesos la defensa técnica asistida de abogado y representación con procurador. La actuación del procurador encaja con lo que es el mandato representativo para lo cual se precisa del otorgamiento del correspondiente poder. Las facultades englobadas en los poderes se otorgan de tres formas tal y como se especifica en el artículo 24 de la LEC.

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La menor onerosidad para el deudor como regla interpretativa de principio en la ejecución civil

  1.  

Como explica el profesor Juan Antonio García Amado en las lecciones de su máster de argumentación jurídica, las reglas interpretativas de principio son aquellas que informan con carácter general un determinado sector del ordenamiento jurídico (Derecho laboral, penal, de menores, de familia, etc.), actuando como fórmula o cláusula interpretativa de cierre ante cualquier duda que pueda surgir en la aplicación de sus normas, dado que inspiran toda esa parcela del ordenamiento jurídico. Constituyen el factor decisivo que puede inclinar la balanza ante varias interpretaciones posibles del precepto al ofrecer una pauta de decisión ligada a los principios fundamentadores de ese ámbito jurídico en cuestión.

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¿Puede la COVID-19 influir y evitar la imposición de las costas procesales?

 

Confieso que no me había planteado que esta Pandemia Universal ocasionada por el COVID pudiera influir en los criterios de imposición de costas.

Es cierto que sí ha tenido efectos procesales muy variados y que han ido desde la suspensión de los plazos procesales, a la celebración de las vistas telemáticas o la potenciación de la fuerza mayor, recogida en el art. 134 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, como motivo de suspensión o retraso de plazos y actuaciones procesales. La pandemia ha cambiado nuestra vida y el desarrollo de los procedimientos no podía permanecer ajeno a estos cambios que nos han afectado igualmente al ejercicio profesional.

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Suspensión de visitas de menores bajo el estado de alarma: El trascendental papel de los Letrados

 

Es claro que el domicilio de las hijas e hijos menores de edad, por regla general, es el de su progenitor custodio. En caso de custodia compartida, si la resolución judicial no establece otra cosa, los hijos tienen dos domicilios. Al progenitor no custodio se le suele atribuir un régimen de visitas intersemanales y/o de fines de semana.

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