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En esta ocasión el objeto de este post está relacionado con la reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social, Sec. 2.ª, 791/2022, de 14 de septiembre, en la que se reconoce el derecho a percibir la pensión de viudedad a una pareja que ha convivido de hecho sin necesidad de haber estado inscrita previamente en un registro de parejas de hecho para reclamarla.
El objeto de este comentario se justifica con la reciente publicación de Sentencia del Tribunal Supremo nº 692/2022, de fecha 22/07/2022, recaída en el Recurso nº 701/2021[1], en cuya parte dispositiva se estima el RCUD interpuesto por la empleadora (titular del hogar familiar) frente a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Asturias nº 1762/2020, de fecha 20/10/2020, recaída en el Recurso nº 1051/2020[2], sentencia que casa y anula, y en la que tras resolver el debate planteado en suplicación, se desestima el recurso de tal clase interpuesto por la trabajadora y se confirma la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de Gijón, de fecha 30/01/2020, en los Autos nº 475/2019, en la que se desestimaba la demanda interpuesta frente a su empleadora por despido.
En estas fechas de verano la contratación de personal para atender la seguridad y vigilancia en las piscinas municipales y en las comunidades de propietarios plantea muchas dudas a la hora de contratar a un socorrista conforme a la normativa de las piscinas, así como respecto a la contratación de estos trabajadores, tras la entrada en vigor del RD-Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reforma Laboral, la Garantía de la Estabilidad en el Empleo y la Transformación del Mercado de Trabajo, y con el fin de evitar contratos temporales fraudulentos.
El objeto de este artículo de opinión nace con motivo de la reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, de 12 de mayo de 2022 , por la que la Directiva 2008/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal, se opone en el supuesto analizado a la normativa nacional lusa, y en virtud de la cual la compensación a la que tienen derecho los trabajadores cedidos por ETT, en caso de extinción de su relación laboral con la empresa usuaria, en concepto de los días de vacaciones anuales retribuidas no disfrutados y de la paga extra de vacaciones correspondiente, es inferior a la compensación a la que tendrían derecho en caso de haber sido contratados directamente por la empresa usuaria para ocupar el mismo puesto y durante el mismo período de tiempo.
El objeto de este comentario se justifica con la reciente publicación de Sentencia del Tribunal Supremo nº 310/2022, de fecha 06/04/2022, recaída en el Recurso nº 1289/2021[1], en cuya parte dispositiva se estima el RCUD interpuesto la beneficiaria de la prestación de incapacidad temporal frente a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid nº 62/2021, de fecha 05/02/2021, recaída en el Recurso nº 531/2020[2], sentencia que casa y anula, y en la que tras resolver el debate planteado en suplicación, se revoca la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de los de Madrid, de fecha 19/02/2020, en los autos nº 461/2019, y se estima en su integridad la demanda, reconociendo el derecho de la actora a percibir el subsidio de incapacidad temporal en el período objeto de reclamación.
El objeto de este comentario se justifica con la reciente publicación de Sentencia del Tribunal Supremo nº 53/2022, de fecha 20/01/2022, recaída en el Recurso nº 2289/2019[1], en cuya parte dispositiva se estima el RCUD interpuesto por la mercantil COLEGIO EIRIS, S.A., S.L. frente a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de fecha 27/02/2019, recaída en el Recurso nº 4002/2018[2], sentencia que casa y anula, y en la que tras resolver el debate planteado en suplicación, se confirma la Sentencia de fecha 04/06/2018, dictada por el Juzgado de lo Social nº 5 de los de A Coruña, recaída en autos nº 213/2018, en proceso de despido.
La cuestión que se plantea es si el complemento de aportación demográfica, en atención a los hijos comunes, puede reconocerse a ambos progenitores conforme a la redacción original del artículo 60 de la LGSS, anterior a la reforma del mismo por Real Decreto Ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico.
