El blog jurídico de Sepín

Alberto Sierra Villaécija

Director de Sepín Laboral y Seguridad Social. Abogado

El TC hace hincapié en que el TSJ debe contestar a los argumentos vertidos por la parte recurrida en el escrito de impugnación del recurso. Si la parte recurrida presenta el escrito de impugnación del recurso de suplicación, sin que la sentencia dictada por el TSJ tome en consideración su contenido, limitándose a examinar las alegaciones vertidas por el recurrente, con absoluto desconocimiento de las efectuadas por la parte recurrida, se vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva, causándole indefensión, incurriendo en incongruencia la Sentencia del TSJ (STC 49/1992).

Sobre la oferta de vacante en la misma o diferente localidad, los Tribunales han estimado de forma contradictoria que:

a) El derecho expectante del trabajador se agota si la empresa le ofrece una vacante adecuada a su categoría en otra localidad de la provincia diferente de aquella en que desempeñaba sus tareas cuando se situó en excedencia al no existir vacante en la misma y el trabajador la rechaza, no pudiendo condenarse a la empresa a incorporarle cuando se produzca una vacante en esta última localidad (SSTS de 18 de octubre de 1999; STSJ Cataluña de 21 de febrero de 2003).

Se debe partir de la inexistencia de una normativa clara al respecto. Ante esta cuestión, pues, existen dos posiciones doctrinales.

De un lado, se considera que el régimen sancionatorio de la cesión ilegal es perfectamente aplicable entre empresas del mismo grupo. El argumento se basa en la literalidad del precepto dado que el art. 43.1 del Estatuto de los Trabajadores únicamente permite ceder trabajadores de unas empresas a otras a través de las empresas de trabajo temporal. Así pues, se argumenta que donde la ley no distingue no se debe distinguir (Pérez de los Cobos).

El artículo 89.1 de la Ley de la Jurisdicción Social dispone que las sesiones del juicio oral deben registrarse en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen, salvo que no se pudiesen utilizar dichos medios, en cuyo caso se extendería acta escrita por el Letrado de la Administración de Justicia. Dicho registro o acta son garantías imprescindibles de los derechos procesales de las partes.