El blog jurídico de Sepín

En los últimos meses, muchos Tribunales Superiores de Justicia (Madrid, Cataluña, Castilla y León, Navarra) consideraron que las liquidaciones del Impuesto de Plusvalía Municipal eran nulas de pleno derecho, también en los supuestos en los que, en la transmisión del terreno, se había producido incremento de valor. Y ello por considerarse que se habían dictado aplicando artículos declarados inconstitucionales y nulos, además de expulsados del ordenamiento jurídico. El Tribunal Supremo, en una Sentencia dictada el 9 de julio de 2018, ha puesto fin a esta interpretación, dando al traste con las expectativas que muchos contribuyentes se habían generado.

El pasado 8 de junio se publicó en el Diario Oficial la Ley 15/2018, de la Generalitat, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana, que introduce modificaciones en la regulación de los apartamentos y las viviendas de uso turístico, con el fin de adaptarla a la constante evolución y transformación del turismo, para garantizar la sostenibilidad, calidad y competitividad del sector. Dicha normativa entró en vigor el pasado 7 de julio de 2018.

Si la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) de 17 de mayo de 2018 confirmaba que el método de comprobación de valores basado en el art. 57.1 b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, basado en la aplicación de coeficientes multiplicadores a los valores que figuren en el Catastro Inmobiliario es válido (siempre que esos coeficientes hayan sido determinados y publicados por la Administración tributaria competente), el Tribunal Supremo, en Sentencia de 23 de mayo de 2018 no lo duda: son nulas las liquidaciones tributarias efectuadas por la Administración en las que hubiera empleado como método de comprobación de valores los coeficientes multiplicadores sobre el valor catastral regulado en el art. 57.1 b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Desde el Departamento de Mediación y Arbitraje, hemos tratado anteriormente el inicio del procedimiento de mediación en reclamación de deudas hipotecarias que regulaba el art. 132.4 del Código de Consumo de Cataluña (SP/LEG/6602)  y que generaba tanta disparidad de criterios en cuanto a que se consideraba inicio del procedimiento de mediación, no solo en un anterior post, sino de manera más exhaustiva en la obra disponible en nuestra Biblioteca On Line: La mediación en el procedimiento hipotecario en Cataluña.

Siendo una cuestión meridianamente clara el carácter imprescriptible de la acción de nulidad de una condición general de la contratación, por ejercitarse una acción de nulidad radical y no anulabilidad, mayores dudas ha suscitado si puede alzarse la prescripción, no ya frente a la acción meramente declarativa de nulidad, sino ante otras acciones autónomas posteriores como aquellas que pudieran pretender la concreta devolución de determinadas cantidades (por ej., gastos hipotecarios, comisiones) cuando la acción inicial ejercitada se ha limitado a la estricta pretensión merodeclarativa.

Uno de los problemas más recurrentes a los que se enfrenta nuestro colectivo, y muy especialmente el de los jóvenes abogados que comienzan su andadura, reside en la dificultad de gestionar adecuadamente el proceso de minutación, entendiéndose por tal, el proceso por el que el abogado informa por primera vez al cliente los honorarios que deberán satisfacerse y concierta con éste la forma y tiempo de pago.

Tras la clausura de algunas clínicas dentales en las últimas semanas, son muchos los consumidores que han resultado perjudicados al tener contratados tratamientos sin terminar, implantes y prótesis con materiales de baja calidad y financiaciones que siguen abonando, pese a no recibir el servicio. Ante este escenario, es fundamental que conozcan cómo pueden hacer valer sus derechos.

Regulación

La Orden Europea de Investigación (“OEI”) tiene su origen en la Directiva 2014/41/UE, de 3 de abril, del Parlamento Europeo y del Consejo (SP/LEG/14437) y nace con la vocación de erigirse como único instrumento penal transfronterizo para la obtención de pruebas en el ámbito geográfico de la Unión Europea. Esta Directiva se acaba de transponer a nuestro ordenamiento jurídico nacional a través de la Ley 3/2018, de 11 de junio (SP/LEG/24246), que, a su vez, ha venido a modificar la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de Reconocimiento Mutuo de Resoluciones Penales en la Unión Europea (SP/LEG/16100), en cuyo Título X (arts. 186 a 223) se regula este instrumento —a partir del día 2 de julio de 2018 en que entra en vigor—, en sustitución del hasta ahora vigente “exhorto europeo de obtención de pruebas”. En estas líneas, vamos a tratar de esbozar unas breves pinceladas meramente esquemáticas sobre este nuevo instrumento.

En los últimos días la noticia sobre la posible desaparición de los memes, y otras más drásticas como el fin de Internet, están circulando por las redes sociales, pero ¿a qué se deben estos rumores?

La atribución del uso de la vivienda en el Derecho civil catalán desde el Codi de Familia ha venido siendo de carácter temporal en algunos casos, ampliándose con la entrada en vigor del Libro II del Código Civil de Cataluña. Así, el art. 233-20, en su apdo. 5, establece que, en los casos a los que se refieren los apdos. 3 y 4, la atribución debe hacerse con carácter temporal y será, además, susceptible de prórroga, también temporal, si se mantienen las circunstancias que la motivaron.