Este mismo mes, casi coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Consejo General del Poder Judicial ha publicado una Guía de buenas prácticas para la toma de declaración de víctimas de violencia de género en todas las fases del procedimiento elaborada por el grupo de personas expertas en la materia, dependientes de este organismo.
Hoy, 23 de noviembre de 2018, ¡¡es el esperado Black Friday!!
Se acercan fechas en las que cada vez somos más los internautas que realizamos nuestras compras online dadas las comodidades que nos ofrece, pero en ocasiones no somos conscientes de los riesgos que puede conllevar este tipo de transacciones si no tenemos unas pautas mínimas de seguridad, por eso en esta ocasión voy a recomendar algunos de los consejos que nunca debemos olvidar para realizar con éxito nuestra compra:
Hace unos días se dio a conocer la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 6 de noviembre de 2018 (Asunto Otegi Mondragón y otros c. España) (SP/SENT/976499), en la que se estimaba la pretensión de los cinco demandantes, al considerarse vulnerado el art. 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (SP/LEG/5862), sobre derecho a un proceso equitativo, en un procedimiento por terrorismo que se había juzgado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Hoy, 20 de noviembre de 2018, entra en vigor el Decreto 47/2018, de 31 de octubre, por el que se crea la junta de arbitraje y mediación para los contratos agrarios en Castilla y León.
La acción negatoria de servidumbre no cuenta con una regulación específica en nuestro Código Civil, si bien, ha sido definida por nuestros Tribunales como aquella que tiene por objeto defender al propietario de un bien frente a quien, sin título, trata de ejercitar sobre él un derecho real de servidumbre, siendo su finalidad la de obtener un pronunciamiento de la inexistencia de cargas sobre su propiedad.
El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 835/2018, de fecha 14/9/2018, recaída en el rec. 2652/2017, en cuya parte dispositiva se estima el RCUD interpuesto por el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), y, en su virtud, se casa y anula la Sentencia dictada por la Sala de lo Social del País Vasco 1175/2017, de fecha 23/5/2017, recaída en el Recurso de Suplicación 833/2017, y en definitiva se confirma la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 3 de los de Bilbao con fecha 9/2/2017, en el Auto 714/2016, seguido a instancias de la trabajadora.
Uno de los grandes problemas de las Comunidades de Propietarios es el de la morosidad, que supone una carga para el resto de los comuneros, ya que verán incrementadas sus cuotas, pues no existe otra forma de abonar servicios y suministros tan esenciales como, por ejemplo, la luz, el ascensor o la limpieza de los elementos comunes, en su caso. Aunque existe alguna sentencia (SAP Alicante, Sec. 5.ª, de 8 de noviembre de 2017 -SP/SENT/942334-) que considera que no se debe pasar una derrama extra al resto, lo que nos haría preguntarnos, ¿quién pagará el salario del portero, la conservación de los ascensores, la limpieza, el agua, la calefacción, etc.?, es obvio que el asalariado y las compañías que suministran servicios no estarán dispuestas a dejar de cobrar la nómina o la facturación correspondiente por un problema interno de la Comunidad.
Dice el art. 21 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria (SP/LEG/5718) que cuando una persona extranjera no reúna los requisitos para la solicitud del derecho de asilo, se podrá no admitir a trámite dicha solicitud mediante resolución motivada que deberá ser notificada a la persona interesada en el plazo máximo de cuatro días desde su presentación.
La creación de los mal llamados «Juzgados especializados en cláusula suelo» ha estado rodeada de polémica desde su origen.
Vaya por delante que tal denominación popular no es correcta pues conocen cualquier materia relacionada con las condiciones generales en préstamos con garantías reales inmobiliarias y no solo las cláusulas suelo.
