El blog jurídico de Sepín

Los cambios de criterio en el ámbito de contratación de préstamos hipotecarios con consumidores se deben a la Jurisprudencia del TJUE y tienen como constante modificar posturas de nuestro Tribunal Supremo que lesionan claramente a los consumidores. Lo curioso es que estos cambios no se produzcan a la inversa (salvo en el caso de la cláusula multidivisa), es decir, que a partir situaciones que amparen en nuestro país a los consumidores tenga que ser el TJUE quien modere o corrija esa protección por excesiva. Podría pensarse que el motivo de que esto último no suceda es la especial tutela y protección de la que ha gozado y goza la banca en nuestro país, un sector al que siempre se ha privilegiado.

El pasado 6 de diciembre y quizá debido a la festividad de la Constitución, se publicaron en el Boletín Oficial del Estado dos de las tres Leyes Orgánicas aprobadas en el presente año, pasando ambas desapercibidas.

Por fin tenemos en España una nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales (SP/LEG/25146) que viene a sustituir a la Ley de 1999 (LO 15/1999 -SP/LEG/3266-). Largo y arduo ha sido el periplo recorrido para llegar a este momento, hasta el punto de que no pocos expertos dudaron de que fuera posible su aprobación durante el año 2018. Sin duda alguna, la agitada situación política vivida en nuestro país durante estos últimos meses, con cambio de Gobierno incluido vía moción de censura, ha dificultado y retrasado la aprobación del texto.

A nivel comunitario, el reconocimiento del consumidor es muy cercano a nuestros días. No es hasta 1973, cuando la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa aprueba la Carta Magna del Consumidor[1], cuna de los derechos básicos del consumidor (derecho a la protección y a la asistencia, derecho a la reparación de daños, derecho a su educación y derecho a la representación y consulta). Poco tiempo después, estos derechos se perfilaban en lo que hoy son los cinco derechos fundamentales del usuario, a través del Primer[2] (1975) y Segundo[3] (1981) Programa Preliminar del Consejo de la CE para una política de protección y de información de los consumidores.

La Subdelegación del Gobierno en Alicante acaba de publicar la nota informativa habitual con ocasión del próximo período navideño. En ella recuerda las previsiones que deben tener en cuenta los extranjeros que aprovechando estos días, vayan a salir del país entre el 12 de noviembre de 2018 y el 13 de enero de 2019.

Ya comienzan a verse las nuevas matrículas azules en los taxis y coches de alquiler con conductor, y ello es porque hace unos meses, mediante una orden, se modificaron algunos de los anexos del Reglamento General de Vehículos. En este post, se analizan las novedades que trae dicha norma y que no solo afectan a estos vehículos.

Durante el mes de noviembre ha habido resoluciones judiciales importantes que hemos analizado en este blog, junto con otros temas jurídicos de relevancia. En este post recopilamos lo más destacado:

El Tribunal Supremo ha dictado una relevante sentencia en materia de cláusulas abusivas en los contratos de transporte aéreo de pasajeros.

La reciente resolución de 13 de noviembre de 2018, desestima el recurso de casación interpuesto por Iberia contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid. Esta estimaba las acciones colectivas ejercitadas por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) respecto de varias condiciones generales utilizadas por la compañía en sus contratos, declarándolas abusivas y, por tanto, nulas, y ordenando a Iberia que cesara en su uso.

El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en su última y revolucionaria Sentencia sobre Derecho de Familia 641/2018, de 20 de noviembre, proclama que procede extinguir el uso de la vivienda familiar atribuido al cónyuge custodio y a sus hijos, como consecuencia de la convivencia en la misma de la nueva pareja.

Es una realidad que los arrendamientos urbanos, ya sean de vivienda o de local, ostentan una gran relevancia hoy en día, tanto en el ámbito jurídico como en el comercial, ya que, al fin y al cabo, constituyen una forma más de poseer una vivienda. Pero, como todo contrato, conlleva una serie de riesgos y posibles conflictos entre las partes, arrendador y arrendatario. Uno de ellos es la inseguridad que genera en el propietario-arrendador, que pretende arrendar su vivienda y conseguir unos ingresos, el hecho de que el arrendatario no pague las mensualidades estipuladas en el contrato, causando así un grave perjuicio a su economía.