El blog jurídico de Sepín

Sobre esta cuestión se pronuncia la interesante sentencia del TJUE de 26-10-2023 que comentamos, que tiene por objeto la interpretación de varios artículos (2, 4, 5 y 7) del Reglamento (CE) n.º 261/2004 por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos.

El pasado 23 y 24 de noviembre se celebró en Barcelona el V Congreso de Derecho de Consumo, organizado conjuntamente por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y la Asociación Española de Derecho de Consumo (AEDC) al que tuve el privilegio de poder asistir.

El tiempo tiene una gran influencia en el ámbito de las relaciones jurídicas, hay que tener en cuenta que el mundo jurídico es un mundo de plazos, de tiempo, de días de término y de expiración.

Dedicamos este espacio al contrato de transacción, que el Código Civil define en el art. 1809 CC señalando que “es un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado”.

Como establece la jurisprudencia consultada la transacción se refiere a todo convenio dispositivo por el que, y mediante recíprocas prestaciones y sacrificios, se eliminan pleitos pendientes o futuros así como la incertidumbre de las partes sobre una relación jurídica que, mediante pacto, pasa a revestir una configuración cierta y vinculante".

Es bien sabido que la prescripción y la caducidad son instituciones de vital importancia en nuestro ordenamiento jurídico. Recientemente el Tribunal Supremo, en su sentencia 419/2023, de 28 de marzo  se pronuncia sobre uno de los requisitos de la usucapión ordinaria, la buena fe, resolución que considero interesante ya que interpreta el art. 1950 CC y expone la vigente doctrina jurisprudencial imperante, lo que es de gran utilidad para la delimitación de este presupuesto.

Hoy nos hacemos eco de las recientes Conclusiones de la Abogada General del TJUE, Sra. Laila Medina, presentadas el pasado 9 de febrero de 2023, sobre si el fallecimiento repentino de un copiloto poco antes de la salida programada de un vuelo puede constituir una circunstancia extraordinaria, al amparo del Reglamento (CE) n.º 261/2004. 

El tiempo tiene una gran influencia en el ámbito de las relaciones jurídicas, hay que tener en cuenta que el mundo jurídico es un mundo de plazos, de días de término y de expiración. Son muchas las pretensiones que se ven frustradas ante los Tribunales, no por la ausencia de razón de la parte actora, sino porque ha transcurrido el plazo para poder ejercitar una acción.

Debemos tener en cuenta que el transcurso del tiempo afecta tanto al nacimiento de los derechos (usucapión o prescripción adquisitiva), como a la pérdida de estos (prescripción extintiva).

El gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros celebrado el 20 de diciembre el anteproyecto de Ley de Acciones de Representación para la Protección de los Intereses Colectivos de los Consumidores. Aunque no disponemos del texto legal, a continuación, vamos a destacar los aspectos más relevantes extraídos tanto de la nota como de la rueda de prensa posterior ofrecida por la Ministra de Justicia, Pilar Llop.

El contrato de arrendamiento de obra y servicios profesionales, como una modalidad de los regulados en el art. 1544 CC, obliga al profesional contratado, a efectuar el cometido encargado a cambio del pago de los honorarios pactados o tarifados, cuya prueba de abono corresponde a la parte demandante en el sentido de que no sólo se le encargó sino que efectivamente se ejecutó el trabajo encomendado, en cuanto hecho constitutivo y base de la pretensión que se ejercita, no habiendo sido remunerado.

 A lo largo de este post vamos a desentrañar si a este tipo de contratos son aplicables las normas contenidas en el TRLGCYU, lo que tiene especial relevancia de cara a poder valorar la posible abusividad de los honorarios establecidos, o si sobre los mismos es posible hacer un control de transparencia.

Nuestro Código Civil regula el derecho de propiedad en el art. 348, en el que establece que «es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. El propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla«.

En este post analizamos las cinco acciones principales que el ordenamiento jurídico concede al propietario o al poseedor para la protección de su derecho y que son: la acción declarativa de dominio, la acción reivindicatoria, la de deslinde, la negatoria de servidumbre y la acción de tutela de la posesión.