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Codirectora de sepín Extranjería . Coordinadora de sepín Mediación y Arbitraje . Redacción Jurídica de Sepín
De todos es sabido que la responsabilidad patrimonial de la Administración es un dispositivo de protección que el Estado pone a disposición de los ciudadanos que presuntamente hayan sufrido daños derivados de las Administraciones públicas, algo similar a un mecanismo de autorregulación de las entidades públicas, pero ¿cabe su solicitud tras la anulación de un acuerdo de expulsión?
Por mucho que digan, en cualquier conflicto hay un componente emocional, de mayor o menor magnitud que no podemos obviar. En el ámbito familiar es dónde se dan los más altos grados de intensidad, por eso vamos a pasar a describir dos técnicas y una herramienta para manejar situaciones en la que una de las partes no tiene muy claro cual es la razón que le lleva a mediación porque no ve el problema.
La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica (SP/LEG/34123), ya en vigor desde el pasado 3 de septiembre, supuso una adecuación de nuestro ordenamiento jurídico a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, en la que se proclama que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida, y obliga a los Estados Partes a adoptar las medidas pertinentes para proporcionarlas acceso al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.
Aunque las relaciones enredadas se pueden dar en distintos tipos de conflicto, no cabe duda de que en el ámbito familiar tienen su caldo de cultivo.
Traemos a colación una sentencia del Tribunal de la AELC (Tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio) de indudable interés tanto para los abogados que se dedican al Derecho de Familia, como a los abogados focalizados en el Derecho de Extranjería.
Aunque la mediación sigue un esquema más o menos consensuado en las siguientes etapas:
Cuando alguien se pregunta quienes son los que peor lo pasan durante un divorcio, todo el mundo piensa en primer lugar en los cónyuges que han tenido que tomar esa decisión, que ahora ven como todas las ilusiones y los esfuerzos que pusieron en un acto con la intención de que fuera para toda la vida, de repente se caen como un castillo de naipes, y a la frustración de no poder salvar la relación se une el dolor, la pena y el varapalo emocional de romper esa unión. Pensamos que los niños o son muy pequeños para enterarse o son muy mayores y tienen capacidad de comprenderlo, sin embargo, son las mayores víctimas de la separación: su mundo, el hogar que hasta entonces habían conocido, se viene abajo sin que nadie, además, les pida opinión.
Con fecha 25 de marzo de 2021, el Tribunal Supremo dictó una sentencia que ya vaticinamos que iba a marcar un antes y un después en la acreditación de los requisitos para solicitantes de arraigo social. En concreto, el Alto Tribunal especificó que el párrafo segundo del artículo 124.1 del RD 557/2011, de 20 de abril (SP/LEG/7493) -RLOEX, en adelante-, no implica que la prueba de la relación laboral y de su duración deba llevarse a cabo exclusivamente a través de una resolución judicial o un acta de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sino que podría demostrarse por cualquier medio de prueba válido en derecho, doctrina que ha sido ratificada en dos sentencias posteriores: 1802/2021 y 1806/2021.
El pasado 5 de junio se publicó en el BOE la culminación de la tramitación de una gran reforma sobre la protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio – SP/LEG/34154-). De las dieciséis modificaciones que incorpora, una de ellas incorpora un detalle que cobra su máximo interés en relación con los menores extranjeros no acompañados.
Aunque sea fuera de plazo, en las Cortes Valencianas se ha aprobado el Reglamento de desarrollo de la Ley 24/2018, de 5 de diciembre, de la Generalitat, de mediación de la Comunitat Valenciana, en vigor desde el día siguiente de su publicación, y que, por primera vez, abre las puertas a mediar en cualquier ámbito jurídico a través de un sistema de turnos establecido en los siguientes sectores:
