El blog jurídico de Sepín

Gema Murciano Álvarez

Redacción Jurídica de Sepín

Como cada 21 de enero los mediadores nos vestimos con nuestras mejores galas para celebrar el Día Europeo de la Mediación que coincide con la fecha de aprobación de la Recomendación n.º R (98)1, sobre Mediación Familiar, aprobada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 21 de enero de 1998 en su 616.ª reunión, una excelente fecha para reflexionar sobre la situación de esta herramienta adecuada de resolución de conflictos en España.

La Ley 16/2021, de 14 de diciembre, que modifica la ley 12/2013, de 2 de agosto, -SP/LEG/35943- no solo amplía el ámbito de aplicación de la norma a todas las relaciones contractuales de la cadena, también incorpora un nuevo repertorio de prácticas que se reputan abusivas con las llamadas prácticas negras y grises, introduce cambios derivados de la experiencia en los contratos alimentarios, incluye una remodelación del capítulo sancionador, regula las autoridades de ejecución nacionales y como novedad, incluye una disposición final Cuarta exclusiva para métodos extrajudiciales de resolución de conflictos, concretamente sobre mediación:

El TJUE ha establecido que el Derecho de la Unión prohíbe que un Estado miembro celebre un convenio arbitral de contenido idéntico a una cláusula arbitral nula que se recoge en un tratado bilateral de inversión entre Estados miembros, con la lógica consecuencia de que el juez nacional está obligado a anular un laudo arbitral adoptado sobre la base de ese convenio arbitral en su sentencia de 26 de octubre de 2021, y con referencia SP/SENT/1117305.

El Boletín Oficial del Estado n.º 251, de 20 de octubre ha publicado el Real Decreto 903/2021, de 19 de octubre (SP/LEG/35359), por el que se modifica el Reglamento de Extranjería, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.

De todos es sabido que la responsabilidad patrimonial de la Administración es un dispositivo de protección que el Estado pone a disposición de los ciudadanos que presuntamente hayan sufrido daños derivados de las Administraciones públicas, algo similar a un mecanismo de autorregulación de las entidades públicas, pero ¿cabe su solicitud tras la anulación de un acuerdo de expulsión?

La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica (SP/LEG/34123), ya en vigor desde el pasado 3 de septiembre, supuso una adecuación de nuestro ordenamiento jurídico a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, en la que se proclama que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida, y obliga a los Estados Partes a adoptar las medidas pertinentes para proporcionarlas acceso al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.