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Codirectora de sepín Extranjería . Coordinadora de sepín Mediación y Arbitraje . Redacción Jurídica de Sepín
Cuando hablamos de una mediación multiparte es fácil deducir que se trata de una mediación con una pluralidad de partes intervinientes en el conflicto. Ante la posibilidad de que intervengan varios participantes a nadie se le escapa que va a dotar de mayor complejidad al conflicto pues cada una de las partes aportará su diferente perspectiva de aquél.
Una vez más el TJUE analiza situaciones que generan gran interés. En este caso nos referimos a la sentencia dictada el pasado 14 de enero de 2021 y que ya puede consultar analizada con la referencia SP/SENT/1076923.
Cada vez que se habla de fomentar la mediación, siempre hay alguien que pone el foco en los mediadores, apuntando a que si la mediación no termina de integrarse en nuestro sistema es porque falta “excelencia” en la formación de estos profesionales analistas del conflicto.
Tras recibir el texto del Anteproyecto que nos hizo llegar uno de nuestros colaboradores, hicimos una lectura rápida de la exposición de motivos. Y parece que promete:
Como regla general, las solicitudes de asilo o protección internacional ante las autoridades españolas deben presentarse fuera del país de nacionalidad del solicitante.
Uno de los principios rectores que rigen los procesos de mediación es el de la confidencialidad. Cuando el mediador asegura a los participantes que el proceso de mediación es confidencial, está creando un espacio de seguridad o tranquilidad, donde sabrán que lo digan no será revelado, posibilitará una forma más sincera de exponer sus sentimientos y sus verdaderos intereses, y al estar seguros de que lo que expresen no será descubierto, se fomentarán más opciones para crear ofertas creativas y flexibles.
Cuando muchos pensábamos que la nueva normalidad nos estaba arrebatando demasiadas cosas, la Asociación Madrileña de Mediadores ha decidido seguir adelante con su filosofía de promocionar y reconocer a aquellos profesionales que día a día se esfuerzan en investigar el conocimiento de una herramienta que en el futuro contribuirá a llevar los conflictos de una forma más civilizada, sin tantos ansiolíticos, y con menos víctimas colaterales, o bien, a desplegar sus beneficios en diferentes proyectos y sobre situaciones especialmente complicadas, o bien, difunden la mediación entre la población para que ésta pueda conocer su eficacia.
La facilidad de poder recabar ayuda urgente en un momento determinado, mantener la intimidad, la seguridad, la facilidad de acceso a todos los servicios sin necesidad de vehículo privado son algunas de las ventajas que aporta la residencia en una comunidad de vecinos. Ventajas que no parecen tantas cuando se coincide con algún vecino de comportamiento un tanto irrespetuoso que acaba haciendo insoportable la estancia en nuestro hogar.
Antes del 23 de abril de 2015, la jurisprudencia tenía como criterio consolidado (explicado sucintamente) que la residencia irregular de un ciudadano extranjero se sancionaba con multa, y si existían otros datos negativos, con expulsión, y que siendo la sanción principal la de multa, la expulsión, en cuanto sanción más grave y secundaria, requiere una motivación específica y distinta.
En mi anterior artículo decía: «Para evitar los peligros que encierra la elección de una plataforma hay que elegir aquella que garantice: ‘confidencialidad, privacidad, identidad de partes y protección de los datos’» (Conforti 2020a), afortunadamente, la frase ha despertado algunas dudas y mucha curiosidad.
