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Directora de Mercantil, Concursal y Bancario de Sepín
En este post pre navideño nos ha parecido importante y útil resaltar e incluir todo lo que está produciendo, a marchas forzadas, el Departamento de Mercantil y Concursal de nuestra Editorial jurídica, Sepín, en torno a la reciente reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal.
La sentencia TS, Sala 1.ª, de lo Civil, Pleno, 579/2022, de 26 de julio (SP/SENT/1155337) vuelve a constituir un nuevo ejemplo de cómo el TJUE pide a nuestro Alto Tribunal una postura más ajustada a la Jurisprudencia comunitaria en una materia como la abusividad de las condiciones generales de la contratación, en contratos de adhesión seriados, que las entidades financieras suscriben con los consumidores y que tantísima repercusión y polémica generan y me temo, seguirá generando.
La sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, 365/2022, de 4 de mayo (SP/SENT/1144020) se podría resumir del siguiente modo, concurre caducidad de la acción de anulabilidad del contrato de adquisición de PPR (participaciones preferentes) y obligaciones subordinadas porque el plazo de cómputo comenzó cuando los suscriptores del contrato de adquisición conocieron la inexistencia de un mercado efectivo de reventa de los títulos y la imposibilidad de recuperar la inversión. Tampoco se estima el otro motivo peticionado de resolución del mencionado contrato porque el deber de información, que pesaba sobre el banco, se produce en fase pre- contractual y no contractual.
¿A qué limites registrales se sujeta la constitución de sociedades cuyo objeto social comprende actividades económicas relacionadas con monedas electrónicas?
La sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, 38/2022, de 25 de enero (SP/SENT/1130350) explica con total claridad como el socio de una SRL ejercita abusivamente uno de los derechos asociados a la condición de socio, que es el de separación. Este contaba con una participación en el capital social de más del 16%, en una empresa de autobuses. De 2004 a 2006 la empresa repartió dividendo y en 2017 en la junta general en la que se aprobaron las cuentas anuales hubo beneficios de la explotación, pero se decidió imputarlos a reservas voluntarias. El demandante votó en contra y manifestó su disconformidad con la negativa a no repartir dividendos.
No cabe duda de que la banca española ha alcanzado unas altísimas cuotas de concentración en los últimos 12 años hasta llegar a donde ahora, sorprendidos, nos encontramos. Hasta la prensa se hace eco de esta situación, no exenta de polémica.
Vamos a explicar a continuación una serie de comisiones y de servicios bancarios que todos los usuarios han tenido que afrontar alguna vez, o siempre.
La sentencia de la AP Madrid, Sec. 28.ª, 250/2020, de 19 de junio (SP/SENT/1062811) nos ofrece una razonada respuesta negativa a la cuestión que da título a este post.
A estas alturas de la película, para los estudiosos del tema, no se les oculta que el Texto Refundido de la Ley Concursal ha ido mas allá de lo que era el objeto de la delegación al gobierno, la regularización, la aclaración y la armonización de las normas concursales.
Las sentencias de la Sala Primera del TS, 214/2020, de 29 de mayo (SP/SENT/1053609) y 213/2020, de la misma fecha (SP/SENT/1053607) establecen que el déficit concursal, a efectos de la responsabilidad prevista en el art.172 bis LC, debe entenderse como el pasivo contra la masa y concursal que no puede satisfacerse con el activo realizado, precisando que no puede sostenerse que sea el que había al declararse el concurso.