El blog jurídico de Sepín

Varios son los posts escritos sobre este derecho de los propietarios en el régimen de propiedad horizontal, “El voto en las Comunidades de propietarios”; “La controvertida expresión de salvar el voto en las Comunidades de propietarios«; “El voto del propietario moroso en las Comunidades de propietarios”; “Los propietarios ausentes en las Juntas de propietarios”; por lo que parecería que todo se ha escrito a este respecto, no obstante, siempre son numerosos los interrogantes surgidos, como así lo demuestran las consultas que los suscriptores nos hacen en Sepín.

Obligatorio a partir del 1 de enero de 2017.

Cada vez existen más herramientas que nos facilitan la solución asuntos de nuestro día a día, las nuevas tecnologías nos han “invadido” y  nos permiten y facilitan la participación en asuntos, como los relativos a nuestra comunidad de propietarios. Con la administración online tenemos una nueva forma de gestionar la comunidad, pero a día de hoy nuestra legislación aún no la contempla.

Por la importancia del tema, vuelvo a estudiarlo años después de haber publicado el primer post a este respecto en mayo de 2013, que ya no resulta de aplicación.

No voy a entrar en el manual de las buenas costumbres, por todos conocido, ni en las recomendaciones de la Policía Nacional que cada año difunde antes de las vacaciones, el problema se suscita, cuando después del verano, estos robos ya se han producido y la Comunidad decide adoptar las medidas para ponérselo más difícil a los cacos.

Con independencia de las normas que han de cumplir las Comunidades de Propietarios con respecto a las piscinas comunitarias, para lo que habrá de estarse a la reglamentación autonómica o local, el objeto de este post es tratar las repercusiones que tendrá para los comuneros el incumplimiento de la normativa comunitaria a este respecto.

Normalmente estas reglas vienen fijadas en el denominado reglamento de régimen interior. Este documento que aparece regulado en el art. 6 LPH no requiere una forma especial de confección, siendo suficiente para su aprobación el acuerdo de la mayoría, a tenor de lo dispuesto en el art. 17, regla 7.

Además, el promotor también puede fijar unas reglas de funcionamiento de los servicios y elementos comunes, entre ellos la piscina, pero como no tiene fuerza o categoría de Estatuto, podrá ser modificado en cada Junta con el citado quorum.

No se puede decir que exista una estación mejor que otra para llevar a cabo las reparaciones necesarias, pues ya se trate de las privativas, en vivienda o locales, o de las generales, en elementos comunes, siempre resultan molestas, pero, pese a todo, cuando es necesario realizarlas, quizá sea el verano el mejor momento, por la condiciones meteorológicas, por ser menores las molestias al resto de los vecinos, etc.

Como establece el art. 15.2 LPH, “Los propietarios que en el momento de iniciarse la junta no se encontrasen al corriente en el pago de todas las deudas vencidas con la comunidad y no hubiesen impugnado judicialmente las mismas o procedido a la consignación judicial o notarial de la suma adeudada, podrán participar en sus deliberaciones si bien no tendrán derecho de voto. El acta de la Junta reflejará los propietarios privados del derecho de voto, cuya persona y cuota de participación en la comunidad no será computada a efectos de alcanzar las mayorías exigidas en esta Ley”.

Desde la reforma de la LPH por la Ley 8/99, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 18.2 ”Estarán legitimados para la impugnación de estos acuerdos los propietarios que hubiesen salvado su voto en la Junta, los ausentes por cualquier causa y los que indebidamente hubiesen sido privados de su derecho de voto….”.

En un artículo anterior traté el contenido de las actas comunitarias (SP/DOCT/18898), una vez delimitado este, la pregunta sería: ¿quién debe firmarla?.