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Uno de los supuestos que mayores quebradores de cabeza nos trae a los abogados en las reclamaciones judiciales en general, pero especialmente en las de morosos de las Comunidades de Propietarios, tiene lugar cuando el potencial demandado fallece antes de haberse iniciado el procedimiento judicial.
En el mes de septiembre de 2012 ya escribí a este respecto pero, en esa ocasión el post iba dirigido a las Comunidades de Propietarios de fincas situadas en Cataluña (SP/DOCT/16896), no obstante, teniendo en cuenta su régimen especifico, no todo lo que allí se expuso puede ser aplicable al resto del territorio español; por eso y porque consecuencia de la reforma de la LPH por la Ley 8/2013 se están generando algunas dudas, con respecto a la denominada afección real, paso a contestar al interrogante anterior.
Hoy, 27 de junio, se publica en el BOE la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, que entrará en vigor mañana 28, y en la que se modifican, entre otras leyes, la de Propiedad Horizontal.
No asisto a la Junta, ¿puedo votar?
Lo que siempre se ha de tener presente es que si se pertenece a una Comunidad de propietarios y se esta interesado en la adopción o no de un determinado asunto, la asistencia a la Junta y el voto en ella será la manera más eficaz y sencilla para hacer valer esa determinada opción.
Es cierto y quizás más en el régimen de Propiedad Horizontal en Cataluña que el articulo 553.26 del CCCat concede igualmente el voto al propietario ausente, de este modo señala:
Se trata de un tema complejo, que las distintas reformas de la LPH han tratado de solucionar sin que, según mi opinión, hasta el momento lo hayan conseguido.
A estos efectos hemos de tener en cuenta, quiénes pueden solicitarlas y cuál debe ser la postura de la Comunidad ante la petición.
En la Comunidad de Propietarios es la forma de defensa de los comuneros que consideran que los acuerdos de la Junta son contrarios a la Ley o a los Estatutos, resultan lesivos, o que suponen un grave perjuicio para cualquier propietario, así lo establece el art. 18 de la LPH.
Ahora bien, la citada impugnación no tiene otro camino legal que la acción judicial,
La respuesta será, en principio, negativa, pues aunque asi se acordase mediante acuerdo comunitario, en caso de impugnación, esta tendría posibilidades de éxito, así se pronuncian las sentencias de AP Toledo de 18-2-1998 (SP/SENT/15162), la de AP de Valladolid de 22-11-1996 (SP/SENT/12816) o la de la AP de Madrid de 10-5-1985 (SP/SENT/3238).
Ahora bien, la reciente resolución de la DGRN de 23-10-2012 (SP/SENT/701158) comentada por Daniel Loscertales Fuertes en Sepín (SP/DOCT/17016), marca un camino interesante, como señala el autor, pues admite la inscripción de una cláusula estatutaria, por acuerdo unánime de la Comunidad, por la cual los morosos no podrán utilizar la piscina ni la pista de tenis, aunque sí el resto de los servicios comunes.
El Tribunal Supremo, en su sentencia del 7 de noviembre de 2012, ha estimado un recurso del Ayuntamiento de Madrid y declara válidos los artículos 76 y 78.3 de la Ordenanza de Limpieza de Espacios Públicos y Gestión de Residuos de 2009, que faculta a inspectores municipales a examinar el contenido de las bolsas de basura y contenedores de residuos, y establece sanciones para las Comunidades de propietarios que incumplan la normativa sobre reciclaje y separación de basura.
Esto ha generado polémica, ya que la sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo decidió corregir la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 17 de junio de 2010, que anuló los dos preceptos al entender que no eran conformes al ordenamiento jurídico.
La Ordenanza contempla multas de hasta 750 euros a quienes reciclen mal su basura, pero, ¿cómo identificar al vecino infractor y aplicarle la sanción? Si en la inspección de la bolsa de basura no se encuentra documento o signo identificativo del depositario de los residuos, la multa entonces recae en la Comunidad.
En la actualidad, sobre todo, por el descenso en las ventas del sector inmobiliario, gran número de propiedades, en edificios divididos horizontalmente, están todavía en manos del promotor.
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