El blog jurídico de Sepín

El objeto de este comentario se justifica con la reciente publicación de Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo nº 294/2019, de fecha 04/04/2019, recaída en Recurso nº 1865/2018, en cuya parte dispositiva se desestima el RCUD interpuesto por el FOGASA, y se confirma la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede de Burgos nº 135/2018, de fecha 14/03/2018, recaída en el Recurso de Suplicación nº 74/2018, en la que igualmente se desestima el Recurso de Suplicación interpuesto por FOGASA, frente a la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de los de Burgos con fecha 19/10/2017 en los Autos nº 353/2017 seguidos a instancia de la trabajadora en materia de despido.

El objeto de este comentario se justifica con la reciente publicación de Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo nº 119/2019, de fecha 14/02/2019, recaída en Recurso nº 1802/2017, en cuya parte dispositiva se desestima el RCUD interpuesto por el trabajador contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco nº 534/2017, de fecha 01/03/2017, recaída en el Recurso de Suplicación nº 233/2017 (1), en la que igualmente se desestima el Recurso de Suplicación interpuesto por el trabajador frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 8 de los de Bilbao con fecha 01/09/2016, en los Autos nº 851/2015 seguidos en materia de despido y en los que fue demandada la mercantil ANSAREO SANEAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo nº  14/2019, de fecha 09/01/2019, recaída en Recurso nº 1800/2017, en cuya parte dispositiva se desestima el RCUD interpuesto por el trabajador contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia nº 1230/2016, de fecha 14/12/2016, recaída en el Recurso de Suplicación nº 553/2016, en la que igualmente se desestima el Recurso de Suplicación interpuesto por el trabajador frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 5 de los de Murcia nº 477/2015, de fecha 28/12/2015, dictada en los Autos nº 632/2015, seguidos en materia de contrato de trabajo y en los que fue demandada la AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AEAT).

En esta ocasión, hemos seleccionado la reciente Sentencia del Tribunal Supremo nº 1068/2018, de fecha 14/12/2018, recaída en el Recurso nº 3472/2017, por su interés, al determinar si el beneficiario de una renta activa de inserción, que no ha comparecido al requerimiento que le efectuó la Entidad Gestora para aportar determinada documentación, debe ser sancionado con la baja definitiva en el programa o con la baja temporal, por un mes, en el mismo[1].

El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 989/2018, de fecha 28 de noviembre, recaída en el recurso n.º 2826/2016, en cuya parte dispositiva se estima el RCUD interpuesto por la mercantil REPSOL TRADING, S. A., y, en su virtud, se casa y anula la Sentencia dictada por la Sala de lo Social Tribunal Superior de Justicia de Madrid 496/2016, de fecha 27 de mayo de 2016, recaída en el Recurso de Suplicación 290/2016, y, en definitiva, se confirma la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 8 de los de Madrid con fecha 10 de noviembre de 2015, en los Autos 1323/2014, seguidos a instancias de la trabajadora.

El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (BOE nº 294/2018, de 6 de diciembre) en cuyo Título X el legislador acomete la tarea de reconocer y garantizar un elenco de derechos digitales de los ciudadanos conforme al mandato establecido en la Constitución (artículo 18.4) y más en particular, se reconoce el derecho a la desconexión digital en el marco del derecho a la intimidad en el uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral.

El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 835/2018, de fecha 14/9/2018, recaída en el rec. 2652/2017,  en cuya parte dispositiva se estima el RCUD interpuesto por el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA),  y, en su virtud, se casa y anula la Sentencia dictada por la Sala de lo Social del País Vasco 1175/2017, de fecha 23/5/2017, recaída en el Recurso de Suplicación 833/2017, y en definitiva se confirma la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 3 de los de Bilbao con fecha 9/2/2017, en el Auto 714/2016, seguido a instancias de la trabajadora.

El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 745/2018, de fecha 1 de julio de 2018, recaída en el Recurso 3910/2016 en cuya parte dispositiva se estima el RCUD interpuesto por la Tesorería General de la Seguridad Social, y, en su virtud, se casa y anula la Sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 5751/2016, de fecha 17 de octubre de 2016, recaída en el Recurso 1880/2016, en la que se desestima el Recurso de Suplicación interpuesto por la Letrada de la Administración de la Seguridad Social en nombre y representación de la TGSS, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 2 de Vigo con fecha 12 de enero de 2016, en los autos 621/2015 seguidos a instancia de la TGSS.

El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 576/2018, de fecha 30 de mayo, recaída en el recurso 2329/2016, y en cuya parte dispositiva se desestima el RCUD interpuesto por el trabajador, contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura con fecha 10 de mayo de 2016 en el recurso de suplicación  163/2016, interpuesto frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social n.º 1 de Cáceres de fecha 3 de febrero de 2016 dictada en los Autos 457/2015, que declaraba la procedencia de la  extinción por causas objetivas comunicada al trabajador con fecha 13 de noviembre de 2015 por su empleadora, el ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE CÁCERES, ante la negativa del trabajador a la conversión de un trabajo a tiempo completo en un trabajo a tiempo parcial.

Es objeto de este comentario la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 6 de Valencia que declara que los repartidores de la empresa Deliveroo son falsos autónomos y que crea un precedente histórico en el actual mercado para los nuevos modelos empresariales.