El blog jurídico de Sepín

La Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 85/374, de 25 de julio, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos, propone conseguir dentro del ámbito comunitario un régimen jurídico homogéneo sobre responsabilidad por productos defectuosos, por entenderse que este régimen de la responsabilidad afecta directamente al mercado común. La Directiva se promulga en un contexto de conflicto entre las legislaciones europeas. Se plantean en Europa dos regímenes normativos distintos, el planteamiento alemán que extiende la responsabilidad a los productos dañinos, y la francesa que los excluye. La «opción legislativa» alemana que impone al productor responsabilidad frente a los denominados «riesgos de desarrollo» (Entwickelungs-gefahren), fue promulgada ante la tragedia causada por la droga Thalidomida, fabricada en Alemania. La normativa que impone una responsabilidad objetiva fue reiterada en la Zweite Gesetz zur Änderung schadensersatzrechtlicher Vorschriften (Ley Segunda de Modificación de las disposiciones del Derecho de Daños) de 19 de junio de 2002.

Un mensaje de WhatsApp no es un documento (STS 26 de noviembre de 2012 – SP/SENT/701929), sino que es un medio de reproducción de la palabra el sonido y la imagen de los regulados en los artículos 382 a 384 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Está regulado de forma separada a la prueba documental, su aportación al proceso es diferente, la valoración que ha de dársele a dicha prueba también es diferente por lo que no se tratan de medios de prueba equiparables sin que pueda admitirse la revisión fáctica con base a estos medios de prueba por no tratarse de prueba documental o pericial.

Una de las causas objetivas de extinción del contrato del trabajador y que debe quedar acreditada es el absentismo. Así viene definido en el apartado d), del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores al señalar que el contrato podrá extinguirse: “Por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el veinte por ciento de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el cinco por ciento de las jornadas hábiles, o el veinticinco por ciento en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses.”

El objeto de este comentario se justifica con la reciente publicación de Sentencia del Tribunal Constitucional nº 56/2019, de fecha 06/05/2019, recaída en el Recurso de Amparo nº 901/2018, en cuya parte dispositiva se estima el Recurso interpuesto por un funcionario de la Administración Pública, y en su virtud se declara que ha sido vulnerado su derecho fundamental a la integridad moral ex artículo 15 de la Constitución,  y se le restablece en su derecho y, en consecuencia, se declara la nulidad de las resoluciones impugnadas.

El objeto de este comentario se justifica con la reciente publicación de Sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional nº 82/2019, de fecha 20/06/2019, recaída en los Autos nº 115/2019, en cuya parte dispositiva se desestima la demanda deducida por el sindicato CGT frente a la mercantil ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA, S.A., a la que se adhirieron los sindicatos USO, CCOO, CIG, CSIF, UGT, STC y FASGA, y se absuelve a la demandada de las peticiones frente a ella formulada por la actora.

El objeto de este comentario se justifica con la reciente publicación de Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo nº 377/2019, de fecha 16/05/2019, recaída en Recurso nº 849/2018, en cuya parte dispositiva se estima el RCUD interpuesto por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, y se casa y anula la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de fecha 19/12/2017 recaída en el Recurso de Suplicación nº 2356/2017, en la que se desestima el Recurso de Suplicación interpuesto por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco frente a la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 6 de los de Bilbao, con fecha 20/07/2017, en los Autos nº 211/2017 seguidos a instancia de la trabajadora en reclamación de cantidad, y se revoca parcialmente la citada Sentencia del Juzgado de lo Social nº 6 de los de Bilbao, en el sentido de fijar la indemnización a favor de la trabajadora en la cantidad de 743,83 €, y se mantienen el resto de los pronunciamientos de la misma.

El objeto de este comentario se justifica con la reciente publicación de Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo nº 294/2019, de fecha 04/04/2019, recaída en Recurso nº 1865/2018, en cuya parte dispositiva se desestima el RCUD interpuesto por el FOGASA, y se confirma la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede de Burgos nº 135/2018, de fecha 14/03/2018, recaída en el Recurso de Suplicación nº 74/2018, en la que igualmente se desestima el Recurso de Suplicación interpuesto por FOGASA, frente a la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de los de Burgos con fecha 19/10/2017 en los Autos nº 353/2017 seguidos a instancia de la trabajadora en materia de despido.

El objeto de este comentario se justifica con la reciente publicación de Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo nº 119/2019, de fecha 14/02/2019, recaída en Recurso nº 1802/2017, en cuya parte dispositiva se desestima el RCUD interpuesto por el trabajador contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco nº 534/2017, de fecha 01/03/2017, recaída en el Recurso de Suplicación nº 233/2017 (1), en la que igualmente se desestima el Recurso de Suplicación interpuesto por el trabajador frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 8 de los de Bilbao con fecha 01/09/2016, en los Autos nº 851/2015 seguidos en materia de despido y en los que fue demandada la mercantil ANSAREO SANEAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo nº  14/2019, de fecha 09/01/2019, recaída en Recurso nº 1800/2017, en cuya parte dispositiva se desestima el RCUD interpuesto por el trabajador contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia nº 1230/2016, de fecha 14/12/2016, recaída en el Recurso de Suplicación nº 553/2016, en la que igualmente se desestima el Recurso de Suplicación interpuesto por el trabajador frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 5 de los de Murcia nº 477/2015, de fecha 28/12/2015, dictada en los Autos nº 632/2015, seguidos en materia de contrato de trabajo y en los que fue demandada la AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AEAT).

En esta ocasión, hemos seleccionado la reciente Sentencia del Tribunal Supremo nº 1068/2018, de fecha 14/12/2018, recaída en el Recurso nº 3472/2017, por su interés, al determinar si el beneficiario de una renta activa de inserción, que no ha comparecido al requerimiento que le efectuó la Entidad Gestora para aportar determinada documentación, debe ser sancionado con la baja definitiva en el programa o con la baja temporal, por un mes, en el mismo[1].