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El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 9 de enero de 2018 que declara que el empleador no puede grabar de forma secreta en su puesto de trabajo a sus empleados.
El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 2191/2017, de fecha 3 de octubre de 2017, recaída en el rec. 1908/2017, en la que la cuestión controvertida se centra en un despido disciplinario en el que se le imputa al trabajador un “incumplimiento reiterado y sistemático de su jornada laboral”, y “fraude, deslealtad y abuso de derecho, al pasar dietas por comidas en lugares distintos de la geografía asturiana cuando a la hora de hacerlas se encontraba en su domicilio habitual”, incumplimientos contractuales que la empresa acredita mediante la prueba de geolocalización que se utiliza en la empresa para llevar a cabo el registro y seguimiento de la actividad laboral.
El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo nº 645/2017, de fecha 19/07/2017, recaída en el Recurso nº 342/2015 en la que la cuestión controvertida se centra en determinar cuál debe ser la calificación de una extinción individual del contrato de trabajo por causas objetivas, y más concretamente, por causas económicas, que se inserta en el marco de un procedimiento de despido colectivo finalizado con acuerdo entre su empleadora y los representantes de los trabajadores, cuando no se ha entregado copia de la carta de extinción a la representación legal de los trabajadores tal y como se exige en el artículo 53.1.c) del Estatuto de los Trabajadores.
El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de las Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 586/2017, de fecha 5 de julio, recaída en el rec. 13/2015, y 598/2017, de la misma fecha, recaída en el rec. 7/2016 en las que la cuestión controvertida se centra en una materia poco usual, cual es, la demanda de error judicial, cuyo régimen legal se contiene en los arts. 293 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 442/2017, de fecha 18 de mayo de 2017, recaída en el Recurso 1645/2015, en la que la cuestión controvertida se centra en determinar la competencia de la jurisdicción social para resolver sobre la ejecución de la condena al pago de determinada cantidad, derivada de obligaciones laborales, a una empresa en situación de concurso, cuando la misma ha sido liquidada y su patrimonio adjudicado, como unidad productiva en funcionamiento, a una tercera empresa frente a la que se pretende la ejecución de la anterior condena, como sucesora de la concursada con los efectos del art. 44 del Estatuto de los Trabajadores.
El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 393/2017, de fecha 4 de mayo de 2017, recaída en el recurso 3850/2015, en la que la cuestión controvertida se centra en determinar, en relación con el derecho a una pensión de viudedad derivada de un accidente de trabajo, si para acreditar la existencia de una pareja de hecho basta con la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho Municipal (Vigo) o si es necesaria la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho Autonómico, cuando se trata de comunidades autónomas que tienen derecho civil propio, como la de Galicia.
El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 276/2017, de fecha 30 de marzo, recaída en el Recurso 2155/2015, en la que la cuestión controvertida se centra en determinar si estamos ante un despido tácito cuando la empresa acuerda suspender el contrato de trabajo de su empleado como consecuencia de que ha sido privado temporalmente del permiso de conducir, necesario para realizar su actividad laboral.
El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 154/2017, de fecha 22 de febrero, recaída en el rec. 1563/2015, en la que la cuestión controvertida se centra en determinar si, en el supuesto de una pensión de orfandad, puede considerarse en situación de asimilada al alta el causante que, tras haber cotizado a lo largo de su vida laboral un total de 4.550 días a la Seguridad Social, fallece tras una larga y grave enfermedad, sin estar dado de alta en la fecha del fallecimiento en el sistema de la Seguridad Social.
El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 1088/2016, de fecha 21 de diciembre, recaída en el Recurso 142/2015, en la que se suscita el problema relativo a la falta de puesta a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, de la indemnización prevista en el art. 53.1 b) del Estatuto de los Trabajadores, en la extinción del contrato por causas objetivas, con alegación de causa económica, por falta de liquidez de la empresa.
