El blog jurídico de Sepín

El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de fecha 1 de diciembre de 2016, recaída en el rec. 1351/2015, en la que se suscita un problema de competencia funcional en orden a determinar la procedencia o no del Recurso de Suplicación interpuesto contra la sentencia de instancia, conforme a lo dispuesto en el art. 192.2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre.

El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid) de fecha 13/10/2016 (Recurso nº 1242/2016), en cuya parte dispositiva se estima la demanda presentada por un trabajador en reclamación de cantidad por la realización de horas extraordinarias.

Es cierto que el empresario tiene la posibilidad de establecer e imponer un sistema GPS al trabajador o trabajadores que tenga a su disposición para controlar su actividad, sin embargo, el trabajador puede ver vulnerado su derecho a la intimidad por ello. De esta forma, el empresario tiene la obligación de informar al trabajador de la puesta en marcha de este método como sistema de control de la prestación laboral. Es decir, el trabajador debe saberlo y debe conocer que los datos que el GPS recoge pueden ser usados para sancionarle y despedirle.

A la vista de las nuevas formas de organización del trabajo en las empresas con motivo de las nuevas tecnologías principalmente y la necesidad de conciliación de la vida personal y familiar con la vida laboral del trabajador, la figura del trabajo a distancia o “teletrabajo” está creciendo cada vez más, no sin plantear algunas dudas pendientes aún de desarrollo.

El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de la Sentencia de la Audiencia Nacional nº 132/2016, de fecha 20/07/2016, recaída en el procedimiento de conflicto colectivo nº 188/2016 (a la que precede la también Sentencia de la Audiencia Nacional nº 131/2016, de fecha 20/07/2016), recaída en el procedimiento Ordinario nº 189/2016., en cuya parte dispositiva y dejando al margen otros pronunciamientos se estima parcialmente la demanda presentada por los sindicatos CCOO y UGT contra la mercantil INDUSTRIAS MECÁNICAS DEL NORTE-IMENOSA (COFIVACASA), y en consecuencia se declara el derecho de los trabajadores afectados por el conflicto colectivo a que se les reintegre por la demandada las cantidades descontadas consistentes en el 1% de las percepciones del año 2014 para el año 2015.

El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 234/2016, de fecha 9 de marzo de 2016, recaída en el Recurso de Suplicación 990/2015, en cuya parte dispositiva se desestima el mismo interpuesto por la mercantil LABORATORIOS PHERGAL, S. A., contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 2 de Madrid con fecha 29 de junio de 2015.

El objeto de este post se justifica con la reciente publicación del Auto del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de fecha 06/05/2016, recaído en el Recurso de Suplicación nº 100/2016, en cuya parte dispositiva se desestima el Recurso de Reposición interpuesto por la mercantil SERESCO, S.A. frente al Auto de fecha 15/05/2015, en el que se acordaba tener por no preparado el Recurso de Casación para la unificación de doctrina interpuesto por la representación Letrada de la citada mercantil contra la Sentencia de la Sala de fecha 23/02/2016, y que se confirma en su integridad.

El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 13 de abril de 2016, recaída en el rec. 2874/2014, en cuya parte dispositiva se estima el Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina interpuesto por los trabajadores, frente a la Sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 27 de mayo de 2014 (rec. 697/2014), en la que se confirma íntegramente el Auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil n.º 5 de los de Barcelona con fecha 16 de mayo de 2013, en el concurso voluntario de acreedores 293/2013, en el que se acordaba la extinción colectiva de contratos de trabajo de la empresa Estructuras MAVI, S. A., en situación de concurso de acreedores, con la extensión y efectos que en el mismo se contienen.

El debate se sitúa en si la conducta del trabajador que contumazmente se niega a someterse al reconocimiento médico forma parte de la excepción a la regla general sobre voluntariedad de los reconocimientos médicos, que se contempla en el art. 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de la Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo nº 65/2016, de fecha 03/02/2016, recaída en el Recurso nº 2576/2014, en cuya parte dispositiva se desestima el Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina interpuesto por el Abogado del Estado, en la representación que ostenta del SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL, frente a la Sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nº 2750/2014, de fecha 09/04/2014 (Recurso nº 16/2014), en la que se confirma íntegramente la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona, con fecha 18/09/2013 (Autos nº 147/2013), sobre reconocimiento de derecho e impugnación de las resoluciones del SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL.