El blog jurídico de Sepín

De manera, a nuestro criterio, curiosa e interesante, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en Sentencia de fecha de 25 de noviembre de 2015, afirma que la decisión empresarial de reducir el descuento a los empleados en las compras que realizan en los centros comerciales de la empresa de las consolas de juego de las nuevas versiones, Play Station 4 y XBOX One, pasando a ser del 5%, no constituye una modificación sustancial, sino accesoria, de las condiciones de trabajo.

La decisión de una trabajadora de someterse a un procedimiento de fecundación «in vitro” para quedarse embarazada y haberlo puesto en conocimiento de la empresa previamente debe considerarse equiparable a un embarazo real, aunque este no se haya producido.

Teniendo en cuenta estas fechas de Navidad y el aumento de las contrataciones temporales que se llevan a cabo en estos días, asunto que ya fue objeto de un post por nuestra parte en diciembre del pasado año, queremos hacer una aproximación a una cuestión frecuentemente debatida en nuestros Tribunales, pero no por ello de menor importancia: la aplicación o no de la doctrina de la unidad esencial del vínculo laboral en este tipo de contrataciones temporales sucesivas, bien a efectos de antigüedad por despido y por lo tanto a efectos indemnizatorios, o a efectos de una reclamación de prestación por desempleo, por ejemplo.

El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de la Sentencia Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 11/11/2015, en la que se resuelve una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona mediante Auto de fecha 01/09/2014, cuyo objeto es la interpretación del artículo 1 de la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos.

En esta ocasión hemos tomado en consideración la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que se establece la posibilidad de ampliar el límite de la indemnización en el caso de que los despidos ocurridos dentro de un despido colectivo sean calificados como improcedentes.

José F. Santiago Hidalgo

Documentación Jurídica de Sepin. Abogado

No es nuevo el planteamiento que abordamos en este post, si bien no deja de suscitar algunas controversias cada vez que surge un enfrentamiento entre el trabajador y la normativa interna que trata de marcar la empresa, dentro de su ámbito organicista y de dirección, como pauta de comportamiento y a la que está subordinado el trabajador.

El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 26/05/2015, recaída en el Recurso nº 1784/2014 , que efectúa una interpretación, a mi entender extensiva, sobre la aplicabilidad del artículo 135.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil a la presentación de la Papeleta de Conciliación, de modo que ésta puede ser interpuesta el día 21 del plazo de 20 días previsto en el artículo 59.3 del Estatuto de los Trabajadores, sin que se produzca la caducidad de la acción de despido.

El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 07/05/2015, recaída en el Recurso nº 1000/2014, que efectúa una interpretación del precepto que no solo es contraria a la propia doctrina unificada del Tribunal Supremo, sino que es contraria a la propia literalidad del precepto, a nuestro modesto entender.

El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 02/03/2015, recaída en el Recurso nº 903/2015, que aun cuando no aporta ninguna novedad en cuanto a la materia sobre la que se pronuncia, aporta luz sobre una compleja regulación legal, que ha sido objeto de sucesivas modificaciones legislativas, la última por el artículo 6.2 de Ley 1/2014, de 28 febrero, y con vigencia desde el 02/03/2014, que no alcanza al concreto supuesto sobre el que se pronuncia el Tribunal Supremo.

Si el permiso del propio trabajador para asistir a consulta médica dentro de su horario de trabajo ya de por sí es una cuestión a debate, no lo es menos en el caso de tener que acudir a la cita por la salud de sus hijos, al no estar regulado específicamente en el Estatuto de los Trabajadores.