El blog jurídico de Sepín

El Pleno del Tribunal Supremo ha dado solución a una de las cuestiones que seguían siendo polémicas en relación con las cantidades anticipadas para la compra de una vivienda en construcción, como es el tema del plazo de prescripción con el que cuenta el comprador para poder exigir su devolución a la entidad aseguradora con la que el promotor ha contratado la póliza de seguro de caución, regulada en el artículo 1 de la Ley 57/1968.

Como ya ocurrió en el post anterior, nuevamente tenemos que hacer referencia a una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Girona, si bien, en este caso la cuestión planteada trata sobre la posibilidad de acudir al juicio de desahucio por precario por el adjudicatario de la vivienda ante el mantenimiento de la posesión por el propietario ejecutado.

Después de muchas sentencias analizadas (no sabría decir el número exacto de ellas, pero puedo asegurar que son cientos) para nuestra base de datos sobre el tema de los gastos hipotecarios y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, en las que los criterios mantenidos por las distintas Audiencias Provinciales era de todo menos unánime, lo que parece que ya ha llegado a su fin tras doctrina dictada por el Tribunal Supremo en sus Sentencias de 23 de enero de 2019, hemos tenido conocimiento de una sentencia de la AP de Girona, de 4 de febrero de 2019, que da una vuelta de tuerca más en relación al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

En el Boletín Oficial del Estado del día 16 de marzo de 2019, se ha publicado la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, más comúnmente conocida como nueva Ley Hipotecaria, si bien, dicho sea de paso, esa denominación no resulta muy acertada, ya que realmente solo afecta a cinco artículos de la Ley Hipotecaria.

El derecho de retracto de comuneros es la posibilidad que ofrece el Código Civil al copropietario de una cosa común, de subrogarse en la posición del comprador, cuando se produce la enajenación o dación en pago a un tercero de la parte de todos los demás cotitulares o de algún de ellos.

El Código Civil establece que ningún copropietario está obligado a permanecer en la comunidad, pudiendo pedir en cualquier momento a que se proceda a dividir la cosa común, conforme lo establecido en los artículos 400 y siguientes de dicha norma.

Ante la perturbación de un derecho real inscrito por un tercero que carece de título inscrito para ello, una de las posibilidades que ofrece nuestro ordenamiento jurídico para el titular registral es la llamada acción para la efectividad de un derecho real inscrito conforme fija el artículo 41 Ley Hipotecaria, que, a su vez, remite a la regulación del juicio verbal establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La acción negatoria de servidumbre no cuenta con una regulación específica en nuestro Código Civil, si bien, ha sido definida por nuestros Tribunales como aquella que tiene por objeto defender al propietario de un bien frente a quien, sin título, trata de ejercitar sobre él un derecho real de servidumbre, siendo su finalidad la de obtener un pronunciamiento de la inexistencia de cargas sobre su propiedad.

Cuando nos encontramos ante un inmueble que pertenece en proindiviso a dos o más propietarios, uno de los problemas más habituales que surgen, es el uso de forma exclusiva por uno de ellos, impidiendo que el resto de cotitulares pueda servirse del bien común.

Si hiciéramos esta pregunta y pidiéramos una contestación más o menos rápida, creo que, en un porcentaje bastante elevado, saldría como opción elegida la que considera que para que un error pueda invalidar el consentimiento el mismo debe ser inexcusable.