El blog jurídico de Sepín

Consentimiento

Desde el 29 de junio de 2023 con la entrada en vigor del artículo 66.1b) de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, (SP/LEG/37794) solo se pueden realizar llamadas comerciales a los usuarios de los que se tenga el consentimiento previo para recibirlas o cuando se pueda justificar un interés legitimo del Call Center, de conformidad con el artículo 6.1, f) del RGPD (SP/LEG/19835).

El BOE n.º 154, de 29 de junio de 2023 publicaba el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio -SP/LEG/40580- y (cuya rúbrica omitiré aquí dada su extensión y mezcolanza de su temática). Real Decreto-Ley que al menos en parte (y esto es una opinión muy personal) es de dudosa legitimidad si tenemos en cuenta que la Constitución Española restringe esta potestad normativa del Gobierno a los supuestos de extraordinaria y urgente necesidad. Desgraciadamente, ya estamos acostumbrados a un uso abusivo del Real Decreto-ley por todos los Gobiernos, con independencia de su signo político, algo que muchos venimos denunciando desde varios años; a modo de ejemplo, en el Blog de Sepín ya publiqué hace ahora 11 años el post “Decreto-ley: ¿necesidad o abuso?"

La inesperada convocatoria de Elecciones Generales para el próximo 23 de Julio en pleno periodo vacacional ha disparado las solicitudes del voto por correo entre los ciudadanos, tanto es así que Correos se plantea contratar hasta 5.500 efectivos más para poder atender la avalancha de trabajo extra que se avecina.

Sin embargo, la polémica suscitada por la supuesta trama de compra de voto emitido por correo ocurrida en Melilla en las pasadas elecciones autonómicas y municipales del 28 de Mayo, nos obliga a plantearnos si votar por correo en España es del todo seguro.

A raíz del reciente pacto entre el Gobierno de PSOE y Podemos con sus socios -ERC y Bildu- para sacar adelante la nueva Ley de la Vivienda, y a la espera de su próxima aprobación y publicación para poder de analizar su contenido en profundidad, resulta interesante adentrarnos en su estudio tratando un aspecto preliminar que se encuentra en el germen de esta futura norma. Nos referimos a la cuestión de si nos encontramos ante un derecho fundamental cuando hablamos del “derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”.

El concepto Nota de corte puede llegar a ser uno de los más importantes para todo aspirante que se encuentre inmerso en la preparación de una oposición.

No es nada extraño que en la tramitación de un proceso selectivo existan uno o varios aspirantes que soliciten el aplazamiento de la fecha de realización de alguna de la pruebas de las que se compone la fase de concurso ante la alegación de circunstancias sobrevenidas que les pudieran impedir su participación en las mismas. Ya exponíamos distintos casos en la obra “Los procesos de selección de personal en la Administración Pública” (Editorial Jurídica Sepín).

• Sobre la obligación de resolver

Por todos es conocido que las Administraciones Públicas tienen obligación de resolver expresamente todos los procedimientos, tanto los iniciados a instancia de parte como los que ellas mismas inicien de oficio. Así se lo impone el art. 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -SP/LEG/18504- (LPACAP, en lo sucesivo): “La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación”

1. Concepto de “edadismo”

Fue el médico gerontólogo y psiquiatra norteamericano Robert Neil Butler, especialista en el campo de las demencias y el envejecimiento, quien acuñó en la década de los años 60 del siglo pasado el término “ageism” para referirse a los estereotipos y prejuicios que padecen las personas mayores.

El edadismo se produce cuando la edad se utiliza para categorizar y dividir a las personas provocando daños, desventajas e injusticias. Puede adoptar muchas formas, como prejuicios, discriminación y prácticas institucionales que perpetúan creencias estereotipadas.

Ya se encuentra en las Cortes Generales, para su tramitación parlamentaria por la vía de urgencia, el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

En palabras del Gobierno, su objetivo es “remover los obstáculos que impiden el ejercicio del derecho efectivo de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y a decidir sobre sus propios cuerpos.” 

A propósito de esta reforma de la llamada "Ley del Aborto", analizamos las principales novedades que presenta la norma y profundizamos en determinados aspectos relacionados con el derecho fundamental a la objeción de conciencia, en general, y del ejercicio individual de este derecho por parte del personal sanitario, en particular, así como las posibles repercusiones Constitucionales y en el ámbito de la Protección de Datos Personales, de la creación de un Registro de personal sanitario objetor de conciencia.

“Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.” Corintios 11:14

Y de prestar un servicio se pasa… si es esencial e insustituible, a la decisión, al poder.

En un duelo soterrado (o no tanto) en que las megaempresas tecnológicas de GAFAM[1] mantienen un pulso con las instituciones públicas que ha llevado incluso a que el demócrata David Cicilline, presidente del subcomité antimonopolio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en julio de 2020, donde se llevó a cabo la audiencia de los presidentes ejecutivos de Apple, Amazon, Google y Facebook, apelara con vehemencia a las esencias estadounidenses para defender la necesidad de poner límites al poder de las grandes tecnológicas. Tras recordar en su intervención inicial que “Nuestros padres fundadores no se inclinaron ante un rey”, que “tampoco nosotros debemos inclinarnos ante los emperadores de la economía digital”.