El blog jurídico de Sepín

Julián López Martínez

Director de Sepín Administrativo. Abogado

Tengo la suerte, y puedo vanagloriarme por ello, de haber podido conocer en mi carrera profesional a grandísimos Jueces y Magistrados que, lejos de hacer gala de cualquier tipo de aire de superioridad, que podría ser propio de su alta posición en el escalafón de la Administración de Justicia, comparten con absoluta naturalidad, sencillez y proximidad sus profusos y expertos conocimientos con los lectores de la Editorial Jurídica Sepín, a través de sus siempre prácticas colaboraciones, ya sea en artículos sobre temas de interés, en nuestras Encuestas Jurídicas o incluso ofreciéndose para ponerse a disposición de nuestros suscriptores a través de charlas, cursos, webinars, etc.

Julián López Martínez

Director de Sepín Administrativo. Abogado

Cuando un particular realiza una obra  o inicia una actividad sin solicitar la oportuna y preceptiva autorización administrativa (ya sea en forma de licencia, declaración responsable o comunicación previa) o sin ajustarse a lo realmente autorizado, ya se imagina que, si la Administración llega a descubrirlo bien a través de una inspección de oficio por parte de sus técnicos (rara avis) o como consecuencia de alguna denuncia de otro ciudadano que se sienta perjudicado (obligatoria incluir en esta categoría, por mi experiencia profesional, al “vecino revanchista”), se verá obligado a legalizar la obra o actividad o, en el peor de los casos, a demolerla o cesarla, respectivamente.

Julián López Martínez

Director de Sepín Administrativo. Abogado

Julián López Martínez

Director de Sepín Administrativo. Abogado

Como bien saben todos aquellos que, con mayor o menor frecuencia, actúan en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa, el mes de agosto no se computa a efectos de plazos procesales por disponerlo así el artículo 128.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (SP/LEG/2922) -LJCA, en adelante-:

Víctor Soriano i Piqueras

Abogado y Profesor de Derecho Administrativo

*Fragmento extraído del libro «Homosexualidad y Derecho«, editado por Sepín en junio de 2020.

Pablo Toral Oropesa

Cátedra Unesco de Ciencia Política y Administrativa Comparada

El cambio climático es un fenómeno incuestionable, que se ha erigido en una amenaza global a la que urge darle respuesta. Es más, muchos sostienen que el término “cambio climático” va camino de quedarse en un eufemismo y resulta más adecuado hablar ya de “emergencia climática”, en consonancia con el  Parlamento Europeo en su declaración de  28/11/2019 o el propio Gobierno de España con la declaración del Consejo de Ministros de 21/01/2020. El científico, Kalmus, se refiere a “colapso climático”  para expresar la urgencia de la situación. Los procesos de transición energética y de descarbonización de la economía parecen, por tanto, que no debieran demorarse más.

Julián López Martínez

Director de Sepín Administrativo. Abogado

Hoy 7 de mayo de 2020 entra en vigor el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019 (SP/LEG/29529). Dicho Real Decreto, además de cumplir con su rúbrica y aprobar diversas medidas de apoyo económico y financiero al sector cultural y artístico, incorpora importantísimas novedades en materia de contratación pública.

Julián López Martínez

Director de Sepín Administrativo. Abogado

Aunque es necesario partir de la premisa de que la Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declara la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos durante la vigencia del estado de alarma, por lo que los requerimientos fehacientes tradicionalmente utilizados a estos efectos con el objeto de interrumpir los plazos no resultan imprescindibles, en aquellos supuestos en los que, por cualquier motivo, sea necesario realizar algún tipo de requerimiento de esta naturaleza, es conveniente tener en consideración los siguientes puntos:

Esta cuestión, sobre la que pivota el difícil equilibrio entre los derechos del titular de los datos a no ser objeto de comunicaciones comerciales y el consiguiente interés de los responsables del tratamiento en dirigirse a sus clientes para fines de publicidad y mercadotecnia, pronto será resuelta (al menos en el ámbito nacional) por nuestro Tribunal Supremo.