El blog jurídico de Sepín

Pablo Toral Oropesa

Cátedra Unesco de Ciencia Política y Administrativa Comparada

El cambio climático es un fenómeno incuestionable, que se ha erigido en una amenaza global a la que urge darle respuesta. Es más, muchos sostienen que el término “cambio climático” va camino de quedarse en un eufemismo y resulta más adecuado hablar ya de “emergencia climática”, en consonancia con el  Parlamento Europeo en su declaración de  28/11/2019 o el propio Gobierno de España con la declaración del Consejo de Ministros de 21/01/2020. El científico, Kalmus, se refiere a “colapso climático”  para expresar la urgencia de la situación. Los procesos de transición energética y de descarbonización de la economía parecen, por tanto, que no debieran demorarse más.

Julián López Martínez

Director de Sepín Administrativo. Abogado

Hoy 7 de mayo de 2020 entra en vigor el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019 (SP/LEG/29529). Dicho Real Decreto, además de cumplir con su rúbrica y aprobar diversas medidas de apoyo económico y financiero al sector cultural y artístico, incorpora importantísimas novedades en materia de contratación pública.

Julián López Martínez

Director de Sepín Administrativo. Abogado

Aunque es necesario partir de la premisa de que la Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declara la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos durante la vigencia del estado de alarma, por lo que los requerimientos fehacientes tradicionalmente utilizados a estos efectos con el objeto de interrumpir los plazos no resultan imprescindibles, en aquellos supuestos en los que, por cualquier motivo, sea necesario realizar algún tipo de requerimiento de esta naturaleza, es conveniente tener en consideración los siguientes puntos:

Esta cuestión, sobre la que pivota el difícil equilibrio entre los derechos del titular de los datos a no ser objeto de comunicaciones comerciales y el consiguiente interés de los responsables del tratamiento en dirigirse a sus clientes para fines de publicidad y mercadotecnia, pronto será resuelta (al menos en el ámbito nacional) por nuestro Tribunal Supremo.

Si el año 2016 fue para los interinos al servicio de la Administración Pública un año de satisfacciones y esperanzas en forma de resoluciones judiciales provenientes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (recuérdese sentencias como “Porras I” o “Castrejana”) la situación dio un giro de 180 grados desde entonces, encontrándonos con pronunciamientos desalentadores en la lucha por la equiparación con los funcionarios de carrera de esos interinos que, de forma claramente fraudulenta, habían venido prestando servicios de forma continuada (muchas veces concatenando contratos temporales) para la satisfacción de necesidades permanentes de la Administración, desvirtuando de esta forma el concepto y naturaleza a la que debía responder la interinidad.

Pues sí, así acaba de confirmarlo la Sala Tercera del Tribunal Supremo fijando como doctrina casacional que el específico “Procedimiento para hacer efectivas las deudas de las Administraciones Públicas” contenido en las últimas disposiciones sobre contratación pública (desde su incorporación, mediado el año 2010, a la entonces vigente la Ley 30/2007, de 30 de octubre -SP/LEG/3850-), puede ser empleado para reclamar de forma autónoma e independiente, al margen de la deuda principal ya abonada, los intereses de demora.

“FAKE NEWS” ACERCA DE SU NACIMIENTO

Cuenta la leyenda que el Black Friday surgió en Estados Unidos como una estrategia de los comerciantes para transformar los números rojos, que adornaban sus cifras contables en el tercer trimestre del año, en números negros. Concibieron así la idea de ofrecer grandes descuentos en los precios de sus productos para incitar a los ciudadanos a adelantar sus compras navideñas.

Cada día millones de usuarios comparten gratis su vida en redes sociales como Facebook o Instagram, exponiendo todo tipo de información personal, gustos, aficiones, pensamientos (políticos, sociales, religiosos, laborales…), incluyendo entre ella constantes datos sobre su localización con todo lujo de detalles e imágenes (lugar de residencia, desplazamientos vacacionales, escapadas de fin de semana, etc.).

El derecho al sufragio activo, comúnmente conocido como “derecho al voto”, tiene la gran trascendencia de ser, nada menos que, la piedra angular de los derechos políticos y sociales que disfrutamos los ciudadanos de las sociedades democráticas.