El blog jurídico de Sepín

“Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.” Corintios 11:14

Y de prestar un servicio se pasa… si es esencial e insustituible, a la decisión, al poder.

En un duelo soterrado (o no tanto) en que las megaempresas tecnológicas de GAFAM[1] mantienen un pulso con las instituciones públicas que ha llevado incluso a que el demócrata David Cicilline, presidente del subcomité antimonopolio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en julio de 2020, donde se llevó a cabo la audiencia de los presidentes ejecutivos de Apple, Amazon, Google y Facebook, apelara con vehemencia a las esencias estadounidenses para defender la necesidad de poner límites al poder de las grandes tecnológicas. Tras recordar en su intervención inicial que “Nuestros padres fundadores no se inclinaron ante un rey”, que “tampoco nosotros debemos inclinarnos ante los emperadores de la economía digital”.

El objetivo de la nueva Ley 13/2022, de 7 de Julio, General de Comunicación Audiovisual (en adelante, LGCA), que transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2018/1808, de Servicios de Comunicación Audiovisual, no es únicamente regular, como cabría esperar, la prestación de los servicios de comunicación audiovisual lineales, constituidos básicamente por los servicios radiofónicos y televisivos tradicionales (que se prestan para el visionado/audición simultáneo de programas sobre la base de un horario de programación), sino que también normaliza por primera vez los servicios de comunicación audiovisual televisivos a petición o televisivos no lineales, es decir, los que se prestan para el visionado de programas en el momento elegido por el espectador sobre la base de un catálogo (donde se engloban las llamadas plataformas de “streaming”, como Movistar, Netflix, HBO, Amazon Prime, Disney+, entre otras.

El pasado día 2 de agosto entró en vigor el Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural (en adelante, RD-ley de ahorro energético), que incluye en su articulado un “Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización” (artículo 29), donde se especifica, entre otras cosas, la temperatura límite a las que deben refrigerarse o calefactarse determinados edificios y recintos.

Tomás Manfredi Barbeito

Responsable del departamento de Derecho Administrativo de Rivero y Gustafson Abogados

Los criterios ESG (por su siglas en inglés, “Enviromental, Social y Governance”), hacen referencia a aquellos factores que convierten a una empresa en sostenible en atención a una serie de compromisos sociales, ambientales y de buen gobierno; todo ello, sin desatender los criterios financieros.

Julián López Martínez

Director de Sepín Administrativo. Abogado

Los procesos selectivos y, en concreto, la redacción, interpretación y aplicación de sus bases son fuente de constantes conflictos que en muchas ocasiones guardan relación con una posible vulneración del derecho a la igualdad, consagrado en términos generales en el artículo 14 de la Constitución Española (SP/LEG/2314) “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” y, de forma específica para los procesos selectivos de la función pública, en el art. 23.2 de la CE cuando nos indica que los ciudadanos “tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”.

Julián López Martínez

Director de Sepín Administrativo. Abogado

Como bien sabemos, el artículo 149 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (SP/LEG/22875) regula las denominadas “Ofertas anormalmente bajas” y el procedimiento a seguir en el caso de que una o varias de las licitadoras hayan presentado proposiciones que incurran en una presunción de anormalidad.

Un nuevo Acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de la Sala Tercera del Tribunal Supremo al que hemos tenido acceso desde la Editorial Jurídica SEPÍN unifica criterios sobre algunas cuestiones conflictivas respecto al sistema de casación contencioso-administrativa que entró en vigor en julio del año 2016.