El blog jurídico de Sepín

Maravillas López Egea

Redacción Jurídica de Sepín Administrativo

Ante el aumento vertiginoso de los contagios por Coronavirus producido durante el período navideño en España, a causa de la nueva variante del virus, llamada “Ómicron”, el Gobierno aprobó el pasado 23 de diciembre el Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes de prevención y contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, cuya aspecto más polémico (la medida ha sido rechazada mayoritariamente por la opinión pública) es la imposición a los ciudadanos de la obligatoriedad de llevar puesta la mascarilla en espacios exteriores, con algunas excepciones, eso sí, tan ambiguas que podrían por sí mismas vaciar de contenido la propia norma.

Como bien sabemos, el ejercicio de la acción de reclamación de responsabilidad patrimonial está sujeta a un plazo de prescripción de 1 año, tal y como dispone el artículo 67.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP, en adelante- (SP/LEG/18504) “Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo”.

Aunque puedan parecer comportamientos de otra época (no cualquier tiempo pasado fue mejor), en pleno año 2021 se han sucedido trágicas noticias sobre comportamientos discriminatorios (en ocasiones delictivos y con resultados fatales) por razón de la orientación sexual de las víctimas de aquellos. Y lo más llamativo y, si se me permite la expresión, repugnante del asunto es que en la mayoría de las ocasiones los infractores (cuando no, delincuentes) han resultado ser personas jóvenes, incluso adolescentes.

La tramitación parlamentaria como proyecto de ley del Real Decreto-Ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, ha dado un giro inesperado de última hora.

Sobre esta cuestión se acaba de pronunciar la Sala Tercera -sí, la de lo Contencioso-Administrativo- del Tribunal Supremo. El motivo de que haya sido esta jurisdicción la que haya fijado doctrina al respecto se debe a que la deuda que dio origen al litigio judicial -y que acabó dando lugar a la apreciación de interés casacional objetivo para la fijación de jurisprudencia- derivaba de un contrato público y la parte deudora la ocupaba el Servicio Extremeño de Salud (SES).

Durante muchos meses, si bien con algún paréntesis temporal, hemos vivido bajo un Estado de Alarma que parece evidente que no va a ser prorrogado y, por lo tanto, decaerá el inminente 9 de mayo.

Hace casi 5 años tuve ocasión de escribir en este mismo espacio sobre la entrada en vigor que sólo unos días antes se había producido de la que, probablemente, sea la norma más importante en el ámbito del Derecho Administrativo; me refiero, claro está, a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) – SP/LEG/18504-. Titulé el post en aquella ocasión bajo un ilustrativo enunciado: “El nuevo procedimiento administrativo común quiere entrar en el Siglo XXI”.