El blog jurídico de Sepín

Como bien sabemos, el ejercicio de la acción de reclamación de responsabilidad patrimonial está sujeta a un plazo de prescripción de 1 año, tal y como dispone el artículo 67.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP, en adelante- (SP/LEG/18504) “Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo”.

Aunque puedan parecer comportamientos de otra época (no cualquier tiempo pasado fue mejor), en pleno año 2021 se han sucedido trágicas noticias sobre comportamientos discriminatorios (en ocasiones delictivos y con resultados fatales) por razón de la orientación sexual de las víctimas de aquellos. Y lo más llamativo y, si se me permite la expresión, repugnante del asunto es que en la mayoría de las ocasiones los infractores (cuando no, delincuentes) han resultado ser personas jóvenes, incluso adolescentes.

La tramitación parlamentaria como proyecto de ley del Real Decreto-Ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, ha dado un giro inesperado de última hora.

Sobre esta cuestión se acaba de pronunciar la Sala Tercera -sí, la de lo Contencioso-Administrativo- del Tribunal Supremo. El motivo de que haya sido esta jurisdicción la que haya fijado doctrina al respecto se debe a que la deuda que dio origen al litigio judicial -y que acabó dando lugar a la apreciación de interés casacional objetivo para la fijación de jurisprudencia- derivaba de un contrato público y la parte deudora la ocupaba el Servicio Extremeño de Salud (SES).

Durante muchos meses, si bien con algún paréntesis temporal, hemos vivido bajo un Estado de Alarma que parece evidente que no va a ser prorrogado y, por lo tanto, decaerá el inminente 9 de mayo.

Hace casi 5 años tuve ocasión de escribir en este mismo espacio sobre la entrada en vigor que sólo unos días antes se había producido de la que, probablemente, sea la norma más importante en el ámbito del Derecho Administrativo; me refiero, claro está, a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) – SP/LEG/18504-. Titulé el post en aquella ocasión bajo un ilustrativo enunciado: “El nuevo procedimiento administrativo común quiere entrar en el Siglo XXI”.

1. Derecho a la intimidad vs. Derecho a la información

Es frecuente encontrar enfrentado el derecho a la intimidad de las personas y el derecho a la información, el interés general y la relevancia pública en relación con la difusión de noticias de actualidad.

La semana pasada finalizaba con un gran revuelo jurídico y mediático como consecuencia de la decisión (cautelar) adoptada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en su Auto de 9 de febrero de 2021 (SP/NOT/1432) por el que se concedía la suspensión cautelar de un precepto autonómico, el apartado 9.1) del Anexo del Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, del Lehendakari relativo a medidas de prevención para contener la propagación de la COVID (SP/LEG/31890). Dicho apartado 9.1 regula las reglas de reapertura al público de los establecimientos de hostelería y restauración, siendo la consecuencia directa de su suspensión la de que los establecimientos de hostelería y restauración pueden permanecer abiertos con una incidencia acumulada de casos positivos por COVID-19 superior a 500 por 10.000 habitantes en los últimos catorce días.

Nuestra Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (SP/LEG/25146) regula el derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo. Podemos afirmar que, sin perjuicio de matices y casuísticas, no tendría por qué existir irregularidad alguna por el hecho de que nuestro empleador (público o privado) instalará cámaras, por ejemplo, en los despachos o pasillos de una oficina.