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1. Derecho a la intimidad vs. Derecho a la información
Es frecuente encontrar enfrentado el derecho a la intimidad de las personas y el derecho a la información, el interés general y la relevancia pública en relación con la difusión de noticias de actualidad.
La semana pasada finalizaba con un gran revuelo jurídico y mediático como consecuencia de la decisión (cautelar) adoptada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en su Auto de 9 de febrero de 2021 (SP/NOT/1432) por el que se concedía la suspensión cautelar de un precepto autonómico, el apartado 9.1) del Anexo del Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, del Lehendakari relativo a medidas de prevención para contener la propagación de la COVID (SP/LEG/31890). Dicho apartado 9.1 regula las reglas de reapertura al público de los establecimientos de hostelería y restauración, siendo la consecuencia directa de su suspensión la de que los establecimientos de hostelería y restauración pueden permanecer abiertos con una incidencia acumulada de casos positivos por COVID-19 superior a 500 por 10.000 habitantes en los últimos catorce días.
Nuestra Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (SP/LEG/25146) regula el derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo. Podemos afirmar que, sin perjuicio de matices y casuísticas, no tendría por qué existir irregularidad alguna por el hecho de que nuestro empleador (público o privado) instalará cámaras, por ejemplo, en los despachos o pasillos de una oficina.
Esta es la curiosa situación sobre la que se ha tenido que pronunciar la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en una sentencia que, pese a que fue dictada el pasado 27 de noviembre, acaba de ser publicada (SP/SENT/1078906).
Resulta frecuente (y permitido) que, normalmente dado el volumen de la oposición y la gran cantidad de aspirantes que optan a la ocupación de las plazas convocadas, las pruebas o exámenes tengan que realizarse en distintas tandas (habitualmente, el mismo día, en turnos de mañana y tarde).
Tengo la suerte, y puedo vanagloriarme por ello, de haber podido conocer en mi carrera profesional a grandísimos Jueces y Magistrados que, lejos de hacer gala de cualquier tipo de aire de superioridad, que podría ser propio de su alta posición en el escalafón de la Administración de Justicia, comparten con absoluta naturalidad, sencillez y proximidad sus profusos y expertos conocimientos con los lectores de la Editorial Jurídica Sepín, a través de sus siempre prácticas colaboraciones, ya sea en artículos sobre temas de interés, en nuestras Encuestas Jurídicas o incluso ofreciéndose para ponerse a disposición de nuestros suscriptores a través de charlas, cursos, webinars, etc.
Cuando un particular realiza una obra o inicia una actividad sin solicitar la oportuna y preceptiva autorización administrativa (ya sea en forma de licencia, declaración responsable o comunicación previa) o sin ajustarse a lo realmente autorizado, ya se imagina que, si la Administración llega a descubrirlo bien a través de una inspección de oficio por parte de sus técnicos (rara avis) o como consecuencia de alguna denuncia de otro ciudadano que se sienta perjudicado (obligatoria incluir en esta categoría, por mi experiencia profesional, al “vecino revanchista”), se verá obligado a legalizar la obra o actividad o, en el peor de los casos, a demolerla o cesarla, respectivamente.
Como bien saben todos aquellos que, con mayor o menor frecuencia, actúan en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa, el mes de agosto no se computa a efectos de plazos procesales por disponerlo así el artículo 128.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (SP/LEG/2922) -LJCA, en adelante-:
*Fragmento extraído del libro «Homosexualidad y Derecho«, editado por Sepín en junio de 2020.
