El blog jurídico de Sepín

Sandra Gamella Carballo

Directora de Sepín Nuevas Tecnologías

La declaración del estado de alarma, derivado de la crisis del COVID-19 y la consiguiente suspensión de las actuaciones judiciales va a suponer que se tengan que adoptar un importante paquete de medidas para evitar otro colapso de los sistemas públicos, en este caso la Administración de Justicia, pues no podemos olvidar que llevamos más de mes y medio de paralización, lo que ha supuesto el aplazamiento de todas las vistas ya señaladas, los conflictos que hayan podido ir surgiendo sin relación a esta excepcional situación y  el más que probable aluvión de asuntos relacionados con esta crisis, en todas las jurisdicciones, EREs, ERTEs, sanciones por incumplimiento del confinamiento, responsabilidad patrimonial, impago del alquiler,  y podríamos continuar…

José María Ayala de la Torre

Socio director de AYALA DE LA TORRE ABOGADOS. Abogado del Estado en excedencia

Decía el filósofo alemán VAIHINGER que la jurisprudencia y las matemáticas han desarrollado las formas más puras de la ficción; y, en la misma línea, VILA MATAS sostiene que no nos preocupamos de la ficción sino cuando tenemos que recurrir a ella. Algo parecido le sucede a la Fiscalía General del Estado, al menos con ocasión de la interpretación mantenida, tras la aprobación del Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril (SP/LEG/29451), acerca de los plazos máximos para instruir las causas penales, interpretación cuyo análisis constituye el objeto de este apunte.

Adela del Olmo

Directora de Mercantil, concursal y reclamaciones bancarias de Sepín

La necesidad de un nuevo texto de ley concursal era compartida por todos los expertos en la materia. La anterior norma, 22/2003, había sobrevivido a costa de numerosísimas modificaciones que contribuían notablemente a acentuar su complejidad con numerosas cuestiones de aplicación y vigencia. A la vez la Unión Europea nos dejaba atrás en cuanto a regulación de procesos de insolvencia.

Begoña Costas de Vicente

Directora de Sepín Apartamentos y Viviendas Turísticas

Muchos propietarios de alojamientos turísticos y hoteles esperan la apertura de esta actividad, tal como anunció el Gobierno en días pasados, a partir del próximo 11 de mayo, una vez que se alcance la fase 1 de la desescalada por cada Comunidad Autónoma, en la que, -en principio-, podrían abrir, aunque con ciertas condiciones, excluyendo zonas comunes y con determinadas restricciones del Ministerio de Sanidad.

Julián López Martínez

Director de Sepín Administrativo. Abogado

Hoy 7 de mayo de 2020 entra en vigor el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019 (SP/LEG/29529). Dicho Real Decreto, además de cumplir con su rúbrica y aprobar diversas medidas de apoyo económico y financiero al sector cultural y artístico, incorpora importantísimas novedades en materia de contratación pública.

María José Polo Portilla

Directora de Sepín Propiedad Horizontal. Abogada

*NOTA: Alberto Torres, Director Jurídico de Sepín, impartirá dos formaciones online: una sobre «Los arrendamientos de locales de negocio tras el RD-ley 15/2020 de 21 de abril«, el 13 de mayo a las 12:00 (Inscripciones pinchando aquí); y otra sobre «Efectos jurídicos del COVID-19 en los contratos de arrendamiento de vivienda» el 11 de mayo a las 12:00 (Inscripciones pinchando aquí).

Durante estos casi dos meses en los que estamos viviendo bajo el Estado de Alarma, han sido numerosas las dudas, incertidumbres, esperas, interpretaciones de los Reales Decretos u Ordenes que, establecían algo distinto de lo que se había dicho en rueda de prensa el día anterior, pero, todo ello, según las palabras del Presidente o los Ministros, estaba justificado, primero por la situación de alarma sanitaria y luego porque no querían desoír a los posibles implicados, el último ejemplo puede ser el tema de la restauración y las terrazas.

Kristina Nikolaeva Georgieva

Redacción jurídica de Sepín

La declaración de Estado de Alarma acordada por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo ha supuesto la limitación de la actuación de las administraciones públicas a los servicios esenciales prestados por cada una de ellas.

Jaime Moreno Verdejo.

Fiscal de Sala del Tribunal Supremo

Pedro Díaz Torrejón.

Fiscal

1. Introducción

La declaración del estado de alarma, en virtud del RD 463/2020, de 14 de marzo (SP/LEG/28571), ha traído consecuencias en el ámbito de la Administración de Justicia. En concreto, en materia procesal-penal se ha dispuesto la suspensión de determinados plazos, creando una situación de impasse en la que todo parece quedar congelado.

Como consecuencia de la crisis sanitaria mundial que estamos sufriendo son muchas las dudas que pueden surgir a los consumidores que están relacionadas con las situaciones de su vida cotidiana, como la cancelación de vuelos, viajes combinados o los pagos de aquellos servicios que no pueden disfrutarse durante el estado de alarma.