El blog jurídico de Sepín

Con independencia de la calificación de la Junta o el medio por el que estas se lleven a cabo, lo que está claro es que, en todas ellas, se han de documentar en el acta correspondiente, como señala el artículo 19 de la LPH.

Aunque, en principio, podría considerarse que se trata de una cuestión clara, de sobra conocida y sobre la que no existe duda legal alguna, nos parece interesante la respuesta, sobre todo cuando el citado propietario se comporta de manera diferente con cada una de estas propiedades, por ejemplo, mientras que está al corriente de pago en relación a uno de los inmuebles, es moroso por el resto.

La lectura de una reciente sentencia de la AP de Burgos de 29 de marzo de 2021 (SP/SENT/1101498), aunque no es la primera, como veremos, que se ha pronunciado al respecto, me ha hecho recordar la polémica existente, hace años, en los que ya señalaba la preocupación de aplicar la literalidad del 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal teniendo en cuenta que, el citado precepto legal señala, en el supuesto de actividades molestas, “ Al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

Quizá, a simple vista, podría parecer una pregunta sin trascendencia, pero les aseguro que la respuesta será de enorme importancia para las Comunidades o más bien para los comuneros pues de ello dependerá, en algunos supuestos, la obligatoriedad del pago de los gastos que se deriven de esta obra.

Son momentos difíciles y, sin duda, las Comunidades de propietarios, a las que un alto porcentaje de la población pertenecemos, se encuentran con uno de los problemas más complicados de afrontar que pueden llegar a paralizarlas más allá de la posibilidad de adoptar acuerdos: la morosidad.

El 5 de mayo de 2021, con entrada en vigor el 9 de mayo se publicó el Real Decreto-ley 8/2021 en el que se incluyen, en el Capítulo II, las medidas extraordinarias aplicables a las Juntas de propietarios de las Comunidades.

Sin duda, el destino de las propiedades es, precisamente en estos momentos de búsqueda de nuevas oportunidades, una de las cuestiones que más problemas está planteando en las Comunidades de propietarios, por eso, ha sido objeto de estudio en numerosas ocasiones en trabajos como; “Los locales en las Comunidades de Propietarios” (SP/DOCT/20336), “¿Puede negar la Comunidad el ejercicio de alguna actividad?” (SP/DOCT/93348), “La importancia de conocer los estatutos cuando adquiero una propiedad en una Comunidad de propietarios” (SP/DOCT/107077) o “¿A qué puede puedo destinar mi propiedad cuándo forma parte de una Comunidad de propietarios?” (SP/DOCT/108118), entendiendo que esta nueva opinión, consecuencia de la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 2021 (SP/SENT/1089135) que permite al propietario de un local la instalación de una chimenea para el correcto desarrollo de la actividad a la que se destina, es un complemento de todas aquellas.

“Crecen las reformas de vivienda por temor a nuevos confinamientos”; “Cierres, aperturas y reinvenciones en los negocios”; “El boom de las cocinas fantasmas”. Estos son algunas de los titulares que hemos podido leer en los últimos meses, en los que la pandemia lo ha modificado casi todo y en el que es necesario reinventarse y transformar nuestras casas o negocios para adaptarlos a las necesidades surgidas por este cambio de vida.